Al frente, los ministros de Derechos Sociales (Pablo Bustinduy) y Sanidad (Mónica García).
El Gobierno aprobará un real decreto destinado a “
excluir los ultraprocesados” de los menús que se sirven a niños y adolescentes ingresados en hospitales públicos. La medida lleva el ‘sello’ de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales, que aspiran también a implementar esta misma filosofía en cafeterías y comedores de este tipo de centros.
“Vamos a
garantizar una alimentación saludable”, ha manifestado el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante su intervención en el taller nacional del Plan de Aceleración de la OMS para
detener la Obesidad infantil, en el que también participa su homóloga en el departamento de Sanidad, Mónica García.
El ministro de Derechos Sociales ha indicado que el contenido de este decreto se irá “desgranando en las próximas semanas”, pero su sentido no es otro que el de “garantizar
menús saludables y sin ultraprocesados para todos los niños, niñas y adolescentes que estén ingresados e ingresadas en centros hospitalarios”.
El propio Bustinduy ha incidido en que esta está siendo la línea política de su gabinete, que ya promovió, a través de otro real decreto ya en vigor, que los
comedores escolares “se adecúen a los estándares de la Organización Mundial de la Salud”.
“Y eso tiene que ver con el
consumo de fruta y verdura fresca y de temporada, con la limitación de los precocinados, ultraprocesados y frituras, con la garantía de que se sirva solo agua, con la regulación de las
máquinas de vending y la restricción, por supuesto, de bebidas energéticas y azucaradas”.
Altos índices de obesidad infantil en España
La obesidad infantil se reconoce como uno de los principales retos de salud pública global. En 2022, el 20 por ciento de los jóvenes de 5 a 19 años presentaban sobrepeso u obesidad, lo que equivale a 390 millones de jóvenes, según los resultados del
sistema de vigilancia COSI de la OMS (2022-24). España continúa entre los países con mayores tasas de
obesidad infantil, al nivel de otros países mediterráneos como Chipre, Grecia, Italia o Malta.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido de que “actuar con urgencia no es una opción: es una responsabilidad pública de primer orden”, y ha señalado que “ocho de cada diez niños con obesidad
seguirán viviendo con ella en la edad adulta”, con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos de salud mental.
El enfoque del Gobierno se centra en los determinantes sociales de la salud. La obesidad infantil, ha recalcado la ministra, “es el síntoma visible de un problema más profundo, relacionado con los determinantes sociales de la salud”, como el acceso a alimentos saludables, la precariedad y las desigualdades.
“No hablamos solo de salud pública -ha manifestado-. Hablamos de justicia social. Hablamos de igualdad de oportunidades. Hablamos del derecho de cada niño y cada niña a crecer con salud, sin que su código postal ni su nivel de renta marquen su destino”. España, ha concluido, continuará su labor con ambición para “hacer de nuestro país un
ejemplo internacional en la lucha contra la obesidad infantil”.
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