El blindaje al aborto en la Constitución no implicará a los profesionales

El Gobierno de España ha dado este miércoles el primer paso para blindar el aborto en la Constitución, tal y como lo han hecho otros países europeos como Francia. Aunque queda un camino largo por recorrer, las ministras de Igualdad y Sanidad confían en que salga adelante en su tramitación parlamentaria la reforma del artículo 43 de la Carta Magna, que será finalmente la estrategia legal empleada por el Ejecutivo nacional, después de las negociaciones internas Sumar-PSOE, y tendrá un objetivo: garantizar el derecho de las mujeres, ya que la libertad de los sanitarios "ya está asegurada".

Tal movimiento consiste en añadir un apartado cuarto (43.4) en el artículo mencionado que diga lo siguiente: "Se reconoce el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres". Un procedimiento en el que también son coprotagonistas los profesionales sanitarios, ya que son los encargados de poner este "derecho" en práctica.

Según han confirmado a Redacción Médica fuentes de Sanidad, "la reforma constitucional es una reforma del derecho de las mujeres", y ese es su único objetivo. Tal y como han trasladado a este medio, "todos los profesionales que sean objetores de conciencia están protegidos por un registro", es decir, se trata de un texto sin doble intencionalidad y con una intención fijada: "garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde una manera más profunda y potente, a modo de escudo constitucional", en palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Sanitarios amparados por un registro constitucional

Desde el punto de vista de la titular de la rama sanitaria, la protección de los profesionales sanitarios radica en "los registros de objetores de conciencia". "No se les puede obligar", ha matizado.

Unos registros creados bajo órden y recomendación del Tribunal Constitucional, que dicta que "la manera de proteger a los objetores es que la interrupción del embarazo sea una actividad activa -que digas que eres objetor- e individual", ha apuntado. 

En España, el registro constitucional de objetores de conciencia existe, con base en la Ley Orgánica 1/2023, que da amparo a los sanitarios (médicos, enfermeras, etc.) que se niegan a participar en interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) debido a sus convicciones éticas. En el caso de los médicos, este derecho no solo se recoge en la Carta Magna, sino también en el Código de Deontología Médica, lo que significa un 'plus proteccionista'. 

Además, su anonimato está garantizado, ya que al considerarse información sensible, solo pueden tener acceso al registro las autoridades sanitarias responsables. De esta forma, los centros sanitarios pueden planificar la asistencia y garantizar que las mujeres que deseen abortar no tengan que enfrentarse a ningún tipo de barrera.

Blindaje constitucional del aborto

No obstante, el Gobierno quiere dar un paso más y blindar este derecho a golpe de Constitución. No será un camino fácil y el propio Ejecutivo lo sabe. Este martes, Redondo, tras la reunión del Consejo de Ministros, lo ha dejado claro: "Será un proceso complejo". 

De todas maneras, el equipo liderado por Pedro Sánchez confía en el consenso. El 'escudo constitucional' todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado, "para que existan revisiones técnicas", tal y como ha afirmado la titular de Igualdad. Una vez finalicen, se deberá aprobar en las Cámaras Baja y Alta -Congreso y Senado- con un mínimo de votos requeridos. Si no se llega al objetivo de 'síes', se crearía una comisión paritoria de ambas para dar luz a un nuevo texto y volver a llevarlo ante los diputados. 

Es innegable que esto requiere de un gran trabajo 'en la sombra'. "El Gobierno estará dispuesto a reunirse con todos los grupos parlamentarios", ha confirmado Redondo. Todo ello, motivado por el artículo 167, la opción elegida por Sánchez para tramitar esta reforma constitucional y que obliga a obtener "mayorías cualificadas". "Vamos a buscarlas con diálogo, consensos y con la búsqueda de la confluencia de voluntades. La posibilidad del referéndum de ratificación que establece el 167 es posterior", ha matizado la ministra.

Pero, por lo menos, "se ha iniciado el debate". Un debate que, por lo pronto, desconoce su final.