El adiós de ConELA deja en el aire el destino de 10 millones para críticos

La renuncia de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) al plan de choque del Ministerio de Sanidad ha dejado en el aire el destino de los 10 millones de euros de los que estaba dotada la ayuda. El Real Decreto que regulaba la subvención se articuló como medida transitoria para atender a los pacientes que necesitaban una respuesta asistencial urgente mientras se ultimaba el despliegue de la Ley ELA, pero, con la aprobación la semana pasada del Real Decreto-ley que crea el grado de dependencia extrema III+ y refuerza el sistema de dependencia con 500 millones de euros, ConELA entiende que ya no existe la “urgencia temporal que daba sentido al plan de choque”. La cuestión es que, para aplicar en un futuro esos fondos, fue necesario elaborar un convenio entre el ministerio y la entidad que, entre otras cosas, obliga a destinar la partida a la financiación de cuidados de ELA. Cambiar ese uso, según trasladan fuentes de Sanidad a Redacción Médica, implicaría iniciar de nuevo unos largos trámites administrativos.

Desde el ministerio subrayan que el convenio que se hizo junto a ConELA no estuvo exento de dificultades. “El proceso se completó siguiendo los pasos administrativos habituales y con las partidas económicas ya preparadas para su transferencia”, señalan estas fuentes. El plan de choque se presentó en junio y no fue hasta finales de julio cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que regulaba la subvención. Pese a todo el trabajo llevado a cabo hasta ahora, Sanidad respeta plenamente la “autonomía” de ConELA para “adoptar sus decisiones conforme a sus criterios y prioridades”.

¿A qué se dedicarán los 10 millones del plan de choque?

“El ministerio desea subrayar su voluntad constante de colaboración con los profesionales y organizaciones del sector. El objetivo compartido sigue siendo garantizar que todas las personas reciban la atención que necesitan, y por ello se continuará trabajando, desde el diálogo, para encontrar soluciones y vías alternativas que permitan seguir avanzando en la mejora del sistema sanitario”, indican desde el departamento dirigido por Mónica García.

En esa hoja de ruta pueden tener mucho que decir los 10 millones de euros que se han quedado en el limbo. A priori, parece descartado que ese montante se sume a los 500 millones que Derechos Sociales ha inyectado en el sistema de dependencia para financiar todos los servicios previstos en la Ley ELA. De acuerdo a las fuentes de Sanidad consultadas, el hecho de que las partidas pertenezcan a distintos ministerios complica mucho esa diligencia administrativa. En todo caso, como los 10 millones están ligados a un convenio concreto, cualquier cambio en su destino exigirá un largo proceso burocrático.