El genérico 'compra' la vigilancia de aguas pero teme el suministro

España se prepara para acoger una de las legilsaciones sanitarias más controvertidas. El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública tramitación de la transposición al ordenamiento español de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (Uwwtd, por sus siglas en inglés). En pleno debate por los efectos de la norma para el sector, el departamento de Mónica García ha optado por sacar a consulta pública el proyecto de Real Decreto para la creación de 'Hebar', herramienta epidemiológica ambiental basada en el control de las aguas residuales. Este 'acelerón' para implantar la Directiva de Aguas en España cuenta con el visto bueno de la pharma, que en declaraciones concedidas a Redacción Médica ha aplaudido el paso, si bien sigue mirando al "peligro" para los medicamentos de bajo coste que puede ocasionar la norma en el país. 

El genérico aplaude el paso de Sanidad en la Directiva de Aguas

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha sido una de las primeras en reaccionar al paso de Sanidad, y lo ha hecho en declaraciones concedidas a este periódico. 

"El proyecto de Real Decreto sometido ahora a consulta pública crea un sistema de vigilancia sanitaria de las aguas residuales como herramienta de alerta temprana y apoyo a la vigilancia en salud pública, que también permitirá detectar la posible aparición o reaparición de enfermedades, por lo que nos parece una iniciativa positiva", ha sentenciado la patronal. 

Sus palabras, no obstante, llegan en un clima de alta tensión en lo que a la Directiva de Aguas se refiere. Este mismo jueves, Aeseg y otras seis patronales de la industria farmacéutica española han suscrito un comunicado conjunto en el que han respaldado el objetivo ambiental con el que nace la norma, si bien rechazan el modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP) al considerar que "vulnera el principio de quien contamina paga" y resulta contrario a los principios de proporcionalidad y no discriminación. 

De hecho, han instado a ampliar este RAP a otros sectores para que el peso económico [cuyo coste es del 80 por ciento] no recaiga de forma "desproporcionada" en la industria farmacéutica y cosmética. 

"Nuestra preocupación se centra en el régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) previsto en la Directiva, una cuestión distinta que no forma parte de este proyecto de Real Decreto", ha diferenciado Aeseg. En este sentido, cabe destacar que el texto propone la creación de un sistema de vigilancia sanitaria que actúe como un "complemento y apoyo a la vigilancia en salud pública y clínica". 

Además, entre sus objetivos incluye la puesta en marcha de 'Hebar', un sistema de información para recopilar los datos de control, las características de los sistemas de saneamiento y los agentes de impacto en la salud humana.

Ese movimiento es el que el genérico sí aplaude. No lo hace, en cambio, con el régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) de la Directiva de Aguas. Más aún, la patronal insiste a Redacción Médica que, "tal y como está diseñado, este régimen pone en peligro el abastecimiento de medicamentos de bajo precio". 

España acelera la implantación de la Directiva de Aguas

El Ministerio de Sanidad ha sido uno de los primeros en dar un paso decisivo para la implantación de la Directiva de Aguas en territorio nacional, y todo ello en medio del conflicto por las posibles consecuencias de la norma tanto para las compañías como para el conjunto de la industria farmacéutica. 

El debate se ha alargado en Europa durante meses. Sin ir más lejos, hace unos días el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que elabore un nuevo estudio independiente sobre el origen real de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales y sobre el reparto de responsabilidades entre los distintos sectores económicos. A la par, los tribunales de varios países del Viejo Continente acogen procedimientos judiciales; mientras que las patronales continúan rechazando la Directiva de Aguas por, entre otras cuestiones, el principio de 'quien contamina paga' o el modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP).