La pharma vuelve a rechazar la Directiva de Aguas por "desproporcionada"

La industria farmacéutica española vuelve a cerrar filas contra la Directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. En plena tramitación de su transposición al ordenamiento español, siete de las principales asociaciones del sector (Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa) han hecho público un comunicado conjunto en el que respaldan el objetivo ambiental de la norma, pero rechazan el modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP) al considerar que "vulnera el principio de quien contamina paga" y resulta contrario a los principios de proporcionalidad y no discriminación.

La industria pide revisar el reparto de responsabilidades

El posicionamiento llega pocos días después de que el Ministerio para la Transición Ecológica cerrara la consulta pública previa del anteproyecto de ley que adaptará la Directiva (UE) 2024/3019 a la legislación española. Además, se produce en un contexto de creciente contestación en Europa. En las últimas semanas, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a elaborar un nuevo estudio independiente sobre el origen real de los microcontaminantes presentes en las aguas residuales y sobre el reparto de responsabilidades entre los distintos sectores económicos, mientras continúan abiertos procedimientos judiciales impulsados por Polonia y por un tribunal irlandés que cuestionan el diseño del régimen de financiación.

Las asociaciones sostienen que la Directiva parte de una "premisa errónea" al atribuir la mayor parte de la contaminación por microcontaminantes a los medicamentos de uso humano y a los productos cosméticos. A su juicio, la metodología utilizada presenta importantes limitaciones, carece de evidencia empírica suficiente y deja fuera a otros sectores que también contribuyen a la presencia de estas sustancias en las aguas residuales.

En este sentido, las organizaciones reclaman que España aproveche el margen que permite la normativa comunitaria para ampliar el ámbito de aplicación de la responsabilidad ampliada del productor a otros sectores, evitando que el peso económico recaiga de forma "desproporcionada" sobre la industria farmacéutica y cosmética. Asimismo, defienden que la transposición incorpore mecanismos de revisión que permitan adaptar el sistema si el marco jurídico europeo cambia como consecuencia de las decisiones de los tribunales o de nuevas evidencias científicas.

La transposición española, en el punto de mira

Otro de los argumentos del comunicado es la elevada incertidumbre sobre el impacto económico de la futura regulación. Según exponen, los costes estimados para el sector oscilan entre 134 y 346 millones de euros anuales durante un horizonte de veinte años, una horquilla que evidencia, a su juicio, la falta de precisión de los estudios disponibles y la ausencia de criterios definitivos sobre las exenciones previstas en la norma. Por ello, consideran que la aplicación efectiva del régimen RAP debería aplazarse hasta que se despejen estas incógnitas.

Las asociaciones también ponen el foco en el desarrollo aún incipiente del tratamiento cuaternario de las aguas residuales en España. Recuerdan que este sistema, llamado a eliminar los microcontaminantes, "apenas se ha implantado más allá de proyectos piloto", por lo que rechazan que las empresas deban asumir costes antes de que las instalaciones estén plenamente operativas, auditadas y con un rendimiento acreditado. Del mismo modo, piden que no se repercutan gastos vinculados a actuaciones distintas del tratamiento cuaternario, como los relacionados con la reutilización del agua.

El comunicado supone un nuevo paso en la estrategia desplegada por el sector desde la aprobación de la Directiva. La industria ya había advertido del riesgo que el actual modelo de financiación puede tener sobre la competitividad y el acceso a los medicamentos, una preocupación que ha ido ganando respaldo en las instituciones europeas. Ahora, con la transposición española en marcha, las organizaciones reclaman al Gobierno una aplicación "prudente, flexible y jurídicamente sólida" que evite una sobrerregulación y limite la aportación de los productores al mínimo del 80 por ciento de los costes elegibles previsto por la normativa comunitaria, dejando el resto a financiación pública.