"Antes de que acabe 2025 vamos a pedir a Función Pública hablar de Muface"

El XIV Encuentro Global Altos Cargos de la Administración Sanitaria ha estado marcado también por la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha desarrollado los próximos proyectos e iniciativas en las que trabajan desde el ministerio dirigido por Mónica García para el siguiente curso. Así, ha afirmado que en Sanidad cuentan con "cierto margen" para reubicar partidas dentro del marco actual, en el caso de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tengan que ser prorrogados una vez más, aunque "evidentemente" es "mucho más fácil con presupuestos establecidos".

Padilla también ha mencionado que, antes de que finalice el 2025, solicitarán una reunión con el Ministerio de Función Pública para iniciar conversaciones que les permitan "avanzar" en que el sistema actual de mutualismo "se adecúe o incorpore algunas de las recomendaciones que hizo" la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Airef). "El sistema Muface, sin cambios muy sustantivos, no se sustenta", ha insistido en el evento organizado por Redacción Médica, en colaboración de Abbott, Abex, Air Liquide Healthcare, BeOne, GE Healthcare, Organon y Pfizer.

En la entrevista, como no podía ser de otra manera, se han abordado las intensas negociaciones que el Ministerio de Sanidad mantiene con las centrales sindicales y las autonomías para dar forma a un nuevo Estatuto Marco. Padilla ha defendido la predisposición del Ministerio al diálogo y a encontrar un punto intermedio entre las peticiones de los representantes de los profesionales y las consejerías de Sanidad. Además, ha valorado el modo de proceder de alguna organización sindical, preguntándose si su postura responde a los intereses de los profesionales o de pugnas sindicales.

Finalmente, el secretario de Estado ha puntualizado en que el ministerio trabaja, precisamente, en "cómo" abordar las renuncias MIR y conocer en qué momento renuncian los residentes, así como en establecer un proceso que "facilite" la reelección de alguna de esas plazas, que podría ponerse en marcha la próxima convocatoria. 

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Hacienda ha iniciado ya el mecanismo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio de Sanidad para las Cuentas de 2026?

Ya hemos comenzado la parte de la tramitación normativa y las conversaciones también con Hacienda a este respecto. La idea es seguir la senda marcada durante los últimos años en lo que tiene que ver con consolidar algunas de las políticas ya anunciadas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo el ámbito de la digitalización, en el cual la estrategia de digitalización del Sistema Nacional de Salud sí que desde el principio se puso con unas planificaciones presupuestarias que han ido, además, in crescendo gracias a la consecución de fondos desde el ámbito europeo, pero también con la consolidación de otros elementos, como -por ejemplo- las ayudas a gafas para menores de 16 años, la consolidación de los fondos relacionados con los diferentes planes y estrategias.

Pero hay que mencionar una singularidad, y es que nosotros estamos utilizando ahora los presupuestos prorrogados del año 2023, pero a diferencia de lo que le ocurre a otros ministerios, nosotros sí que teníamos una especie de bolsa presupuestaria de la cual poder ir cogiendo fondos para poder ir desarrollando políticas nuevas que no estuvieran anunciadas en 2023. Esto es gracias a que en 2023 estaba reflejado en el presupuesto el denominado Plan Minap, de Mejora de Infraestructuras en la Atención Primaria, que una vez decayó, esa cantidad es la que hemos ido reubicando para ir llevando a cabo diferentes medidas. Por ejemplo, por mencionar una, la presupuestación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, que no estaba en su momento y que se ha podido incorporar con dotación presupuestaria, independientemente de que no haya habido presupuestos. Así que, a este respecto, nosotros en cierto modo sí que es como si hubiéramos tenido unos pequeños nuevos presupuestos cada uno de los años, aunque estuviéramos en situación de prórroga presupuestaria. Evidentemente, siempre es mucho más fácil con presupuestos establecidos porque el número de gente que tienes que dedicar a la tramitación económica y de gestión presupuestaria cotidiana es mucho menor. Dicho esto, en las próximas semanas sí que podremos ir avanzando más contenidos. Ahora, de momento, toca hablarlo hacia adentro y ya cuando podamos ir saliendo, iremos saliendo.

En un escenario adverso en el que es posible que no se consigan apoyos suficientes como para aprobar los Presupuestos, ¿hay suficiente margen como para cumplir con los objetivos de Sanidad con unas cuentas prorrogadas?

Nosotros cuanto más dinero tengamos, más cosas haremos, eso está claro. Pero sí que es verdad que tenemos un cierto margen para poder reubicar partidas dentro de lo que es el marco actual. Afortunadamente, el marco de presupuestos prorrogados que tenemos son unos presupuestos que eran bastante expansivos y eso sí nos permite poder desempeñarlos. Si hubiéramos estado con unos presupuestos de anualidades anteriores o con unos presupuestos en un marco de constricción, seguramente no habríamos podido llevarlo a cabo. Pero con el marco que tenemos actualmente sí que, como digo, cuanto mayor dotación presupuestaria, además podremos dotar a las diferentes políticas, pero creo que sí que podemos garantizar que, al menos, las cosas que consideramos como más significativas se pueden llevar a cabo. 

Uno de los temas más acuciantes en cuanto a la necesidad de tener presupuesto es la ley ELA. Sumar ha comentado que hay 900 millones de euros en la Ley de Dependencia con la que se puede nutrir financieramente la Ley ELA. ¿Qué respuesta se ha recibido por parte del PSOE?

La Ley ELA es una ley que, una vez aprobada, necesitaba una parte muy importante de desarrollo reglamentario, pero que en términos generales, en lo que tiene que ver con su prestación, se integra dentro del Sistema de Ayuda a la Dependencia y, por ende, se integra dentro de las políticas que tiene que desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Padilla en el XIV Encuentro Global Altos Cargos de la Administración Sanitaria.

Dentro del ámbito del Ministerio de Sanidad, hay tres acciones que consideramos que eran las que nos corresponden. Una es la aprobación –que esto no venía reflejado en la Ley ELA– de un plan de choque para poder prestar atención 24 horas a aquellos pacientes que están en una situación muy avanzada de la enfermedad y que necesitan unos cuidados sí o sí para poder tomar la decisión que quieran tomar, en relación con las necesidades de intubación, que eso es lo que se ha tramitado con la organización ConELA.

El segundo elemento, relacionado con la constitución de los grupos que tienen que redefinir un poco la estrategia de atención al ELA en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de formación, etcétera.

Y el tercer elemento, que era el real decreto de lo que se llama el ámbito de aplicación, es decir, cuáles son aquellos criterios y, además, aquellos diagnósticos que dan entrada a la vía rápida de evaluación de la situación de necesidades y de la situación de dependencia, que es lo que viene dentro de la Ley ELA y que, además, creo que es el gran elemento que hace que la Ley ELA no sea solo ELA, sino que englobe muchos tipos de sufrimientos y de niveles de dependencia relacionados o análogos. Este último ya se hizo en la Información y Audiencia Pública y yo creo que la semana que viene terminaremos ya el texto para darle lo que falta de la tramitación.

Dicho esto, luego falta que el Sistema de Ayuda y Atención a Dependencia se adapte para que una parte sea una capitalización presupuestaria, y en la otra parte, hacer modificaciones porque lo que se ha pensado para la Ley ELA no cabe en el actual marco  de la Atención a la Dependencia. Entonces, acompasado con el Real Decreto del ámbito de aplicación, el Ministerio de Derechos Sociales sí que está trabajando para darle continuidad justamente a esta parte. En lo que se refiere a lo presupuestario, yo creo que se va a poder dar respuesta a las necesidades existentes.

¿Tanto del Plan de acción como posteriormente en el desarrollo normativo?

El plan de acción iba destinado a un grupo muy concreto de esa población total, que eran las personas con ELA que tenían una situación avanzada de dependencia. Pero sí, la capitalización del otro no van a ser los 10 millones del plan de choque, la capitalización del otro tiene que ser la análoga. Los números los está discutiendo el Ministerio de Derechos Sociales con el Ministerio de Hacienda, pero me consta que por parte de las dos partes, tanto el grupo socialista como Sumar, en este caso tanto el Ministerio de Derechos Sociales como el Ministerio de Hacienda, hay tanto la conciencia como el compromiso de que esto va a salir adelante.

La ministra de Sanidad defiende que este va a ser el año del Estatuto Marco, que iniciará su tramitación formal después de más de dos años de negociación con sindicatos. ¿Siente decepción por no haber podido alcanzar un acuerdo total con las centrales sindicales? ¿Con qué sensaciones y expectativas afrontan las negociaciones con las autonomías?

Ha habido al menos dos encuentros concretos, uno en Toledo y otro en Asturias, con las comunidades autónomas. Después del último encuentro con las comunidades autónomas se produjeron incorporaciones en texto, en el anterior también, pero en este de manera mucho más intensa, que fueron además las que se transmitieron a las organizaciones sindicales recientemente. Y el día 2 de octubre hemos convocado el Foro Marco, en el cual están conjuntamente las diferentes Administraciones con las organizaciones sindicales, un ámbito que yo creo que esnecesario. Los acuerdos complejos y entre diferentes partes nunca son acuerdos completos.

Un acuerdo o es complejo o es completo, pero de eso tenemos que ser totalmente conscientes. Entonces, no hay decepción a ese respecto. En todo caso, nosotros lo que planteamos es que, en lo que llevamos de siglo, hay ciertas cosas que en ningún momento se han puesto encima de la mesa, como la eliminación de la guardia de 24 horas, prohibir por completo que se pueda exigir la devolución de horas en los periodos de descanso, el blindaje de los periodos de descans o la consideración de autoridad sanitaria. Estamos en un momento en el que eso puede salir adelante o puede quedar sepultado.

En términos generales, el clima de la negociación es un clima amable, cordial, de trabajo continuado. En concreto, en el Ámbito de Negociación llevamos decenas y decenas de reuniones en las cuales se ha ido avanzando. Hay algunas cosas que no dependen del Ministerio de Sanidad, como puede ser lo que tiene que ver con retribuciones y lo que tiene que ver con jubilación, y así lo hemos hecho saber. Hemos pedido informe a nuestra asesoría jurídica ministerial a ese respecto. Pero, en términos generales, sí que ha habido avances.

Padilla y Esther Ortega, jefa de Sección de Política de Redacción Médica.

Ahora bien, ¿hay alguna organización sindical que sí que tiene que pensar qué prefiere? ¿Si abrazar una propuesta que pone encima de la mesa el fin de las guardias de 24 horas, la protección y blindaje de los descansos o incluso la reducción de la jornada horaria semanal o mensual? ¿O si bien prefiere enfangarse en algún tipo de lucha por el incremento de las afiliaciones con otras organizaciones sindicales? Nosotros creemos que, cuando haya que rendir cuentas ante el conjunto de la ciudadanía y de los profesionales, haber avanzado en la ganancia de derechos es verdaderamente lo que dará la medida del resultado del proceso.

El mayor anhelo de los sindicatos de médicos era un Estatuto propio. ¿Llegó el Ministerio a planteárselo en algún momento de la negociación? ¿Por qué no es posible? 

Lo primero es decir que, en contra de lo que dicen, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) está sentada en el Ámbito de Negociación. Ellos decidieron concurrir a las elecciones sindicales conjuntamente con otra plataforma sindical, Satse; y están integrados dentro de esa plataforma sindical. En ocasiones parece que esto se estuviera hablando a espaldas de ellosc cuando ellos están ahí sentados. Eso sin ningún tipo de lugar a dudas.

España ya tuvo un Estatuto Médico antes del año 75, en una época en la que la forma de concebir la ordenación de los trabajadores y la gestión del conjunto del Sistema Nacional de Salud era mucho más compartimentada y era, digamos, mucho más gremializada. Creo que, afortunadamente, el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico ha ido avanzando hacia una concepción de los sistemas como algo mucho más complejo, que lo complejo no quiere decir que no se tengan en cuenta las singularidades de cada uno de los elementos que forman ese conjunto del sistema, pero que entiende que el sistema sanitario está formado por equipos y que son esos equipos los que dan atención a la población y los que hacen funcionar el sistema. En ese marco nosotros no abogamos por un Estatuto Médico, no abogamos por una fragmentación con un estatuto médico, un estatuto enfermero, un estatuto de cada una de las profesiones que forman parte del sistema. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber un estatuto que sea lo suficientemente amplio como para que integre las singularidades, por ejemplo, de aquellos colectivos que hacen guardias de 24 horas, que son mayoritariamente los médicos y las médicas, pero no son exclusivamente los médicos y las médicas, porque hay enfermeros y enfermeras, por ejemplo, en dispositivos de Urgencias Extrahospitalarias que también en muchas ocasiones hacen guardias de 24 horas. Creemos que el Estatuto Marco tiene que identificar y tiene que integrar eso y así hemos nosotros también planteado la posibilidad de que el Estatuto Marco incorporara bien un capítulo, bien un título específico para esas singularidades.

Otra cosa es que lo que se esté pidiendo es la creación de un Estatuto Médico para escindir o para hacer una especie de secesión de los médicos en términos de negociación sindical y que cuando las administraciones se tienen que sentar con las organizaciones sindicales tengan que hacerlo con la de todos los trabajadores y trabajadoras, por un lado, y por otro lado solamente con la de los médicos. Esto no funciona así. Desde nuestro punto de vista, en la gestión del Sistema Nacional de Salud esto no es positivo ni para los profesionales, ni para los pacientes, ni para el conjunto del sistema. 

Padilla se ha referido a las negociaciones con los sindicatos y las comunidades en relación al Estatuto Marco.

¿Teme que el conflicto que se ha creado con los médicos se pueda llegar a enquistar lo que queda de legislatura? De hecho, hay prevista una nueva huelga para la semana que viene. ¿Cómo lo están llevando desde el ministerio este tema? 

Nosotros hemos planteado que es al momento ya de sentar en la misma mesa a todos los actores implicados, no considero que a este respecto las comunidades autónomas sean una otredad. Formamos parte todos del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas son las que contratan y son las que gestionan toda la provisión del sistema, aunque nosotros tengamos la competencia sobre la ordenación normativa de esos profesionales; y están las organizaciones sindicales. Yo creo que al sentarnos todos en la misma mesa, una de las cosas que tiene que hacer cada uno es, con toda la honestidad habida y por haber, poner encima de la mesa cuáles son sus reivindicaciones. Yo creo firmemente que no hay mayor pacificador que el establecimiento de un diálogo continuado.

Dicho lo cual, está claro que cada una de las organizaciones tiene toda la capacidad reconocida legalmente para llevar a cabo las acciones que quieran. Nosotros siempre estaremos dispuestos a seguir negociando y dialogando. De hecho, no es por nosotros por quien se ha cancelado ninguna de las diferentes propuestas que hemos hecho. Nosotros hemos estado siempre abiertos a trabajar durante todo el mes de julio, a empezar a principios de septiembre lo antes posible y lo estaremos así dispuesto todas las veces que haga falta. 

Son las comunidades autónomas las que han de aplicar los preceptos del Estatuto Marco. ¿Qué grado de acuerdo hay con ellas? ¿Hay tantas diferencias como se desprenden de las críticas de los Gobiernos regionales o el clima es más amable?

Una cosa es que haya acuerdo y otra cosa es que el clima sea amable. El clima, afortunadamente, en términos generales siempre es amable. Somos gente que creo que nos dedicamos cada uno en el ámbito de nuestras competencias a gestionar lo que nos toca y el clima es amable, luego estaremos de acuerdo o en desacuerdo, pero eso va por otra vía. Creo que, en general, se tiende a enfatizar el desacuerdo, pero es lo lógico porque es lo que es reseñable, pero en las reuniones, por lo que me comentan, evidentemente sí ha habido un ámbito de desacuerdo que tiene que ver, sobre todo, con la percepción como pecado original. Es decir, nos movemos en una tensiónque a nadie extraña.

Nos movemos en una tensión en la cual, desde las organizaciones sindicales, lo que se pide es, por decirlo de alguna forma, regulación exhaustiva de absolutamente cualquier tipo de elemento existente en el ámbito de la relación laboral. Y desde las comunidades autónomas lo que se pide es una menor regulación, no tan exhaustiva, para que sea el ámbito de la gestión el que pueda encargarse de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con ese ámbito de las relaciones laborales dentro de un marco más o menos genérico. Ese es el ámbito en el que nos movemos. Y nosotros, ¿dónde nos ubicamos? Dentro de esa línea, en una especie de lugar intermedio en el que seguramente nosotros queremos regular más que lo que es la opinión generalizada de las comunidades autónomas. Y aquí esto ya no va de derechas o de izquierdas, sino que cada uno donde está suele adoptar una posición que es bastante intrínseca y bastante inherente a la posición que ocupa. Entonces, las comunidades autónomas quieren que se regule menos a ese respecto, los sindicatos más, y nosotros a ese respecto, en general, pues queremos una regulación que vaya un poquito más allá de lo que es el sentir en general de las comunidades autónomas.

Dicho lo cual, nosotros sabemos que este no es el Estatuto Marco, digamos, del Ministerio de Sanidad. Tiene que ser una cosa que avance hacia algo que todos pensemos que es mucho mejor que el lugar del que partimos. Y a ese respecto, pues hay que hacer concesiones hacia todos los lados. Eso es negociar, básicamente, ninguna de las cosas está escrita en piedra, lo cual no quiere decir que uno pueda hacer una cesión manifestando, primero, que es una cesión y, segundo, que su posición ideal sería otra existente.

El Estatuto Marco no puede ‘tocar’ ni sueldos ni jubilación. ¿Eso quiere decir que se cierra la puerta este curso a abordar este tipo de reivindicaciones? ¿O se van a canalizar por otras vías?

Para la jubilación hay un Real Decreto que salió hace unos cuantos meses en el cual se especifican cuáles son los procedimientos para considerar, en determinadas profesiones con condiciones laborales especialmente lesivas, la anticipación de esa jubilación. Dentro de ese marco de real decreto son las organizaciones sindicales las que tienen que hacer, al ámbito de los ministerios competentes a ese respecto, la propuesta para llevarlo a cabo. Pero el armazón jurídico ya está, lo que hace falta es que cada una de las profesiones toquen en la puerta que corresponde y eso es lo que estamos transmitiendo a ese respecto. No es solo que no sea competencia nuestra, sino que quien tiene la competencia la está ejerciendo. No es una competencia volátil, que a veces ocurre, que nadie sabe muy bien de quién es, sino que eso está muy claro.

Y lo que tiene que ver con lo salarial es un poco lo mismo. Yo animo a mirar Estatutos Marcos previos y ver dónde están ahí detalladas las retribuciones salariales de los diferentes colectivos. Y verán que se ha publicado un informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio, de la Secretaría General Técnica, donde se detalla por qué no es competencia nuestra. No solo no es competencia nuestra, sino que en muchas ocasiones, además, ni siquiera es una competencia estatal. Hay una parte de lo que se está pidiendo, que es una competencia autonómica. Cada una de las comunidades autónomas tiene marcos de retribución salarial diferentes. Yo, en términos generales, tiendo a pensar que lo que tiene que ver con los marcos salariales sí que tiene que estar pegado a la gestión porque es un elemento de incentivación muy notable del manejo cotidiano de los servicios de salud. Y eso es así.

El secretario de Estado ha expresado la intención de terminar en octubre el texto final de la Ley del Medicamento.

¿Eso quiere decir que no se van a tocar? No, eso quiere decir que cada cosa tiene que hablarse donde tiene que hablarse, sin ningún tipo de lugar a dudas. Yo también animo a mirar en el último informe que publicó, el último Country Health Profile del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de Salud de España, que se publicó el último año, lo presentamos en el Ministerio de Sanidad. Hay un análisis comparado de algunos colectivos de nuestra sanidad en términos salariales, comparado, por un lado con Europa, pero también comparado con la titulación equivalente en nuestro país. Son datos que está bien conocer, está bien echarles un ojo para tomar la foto completa de cuál es esa situación.

Al margen del Estatuto Marco, ¿qué otras leyes pretende alumbrar en el corto plazo el Ministerio de Sanidad? ¿Podrá acelerarse la agenda legislativa?

A nivel parlamentario, ahora mismo estamos en conversaciones, de hecho, la semana pasada hubo comparecencias, esta semana ha habido comparecencias en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de la Prevención del Consumo de Alcohol en Menores de Edad y en algunas semana más, creo que la semana del veintitantos de octubre, sobre la Ley de Universalidad. Estamos en contacto con los diferentes grupos parlamentarios, justamente, sobre esas dos leyes que son como las prioritarias.

En términos de tramitación, yo creo que antes de que el mes de octubre aparezca en el calendario esperamos, o la primera semana, tener terminado por completo el texto de la Ley del Medicamento, para que ya pase al resto de la tramitación, pero ya externa, digamos, a nosotros. Y bueno, ahora hay dos textos que a mí me parecen especialmente relevantes y que me hacen especial ilusión, que son, por un lado, el borrador, que ya estamos terminando la memoria de análisis de impacto normativo de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que esperamos que pueda pasar la primera vuelta durante estas semanas y, por otro lado, estamos con el borrador del anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes.

Hemos convocado, a mediados de octubre, nuevamente a las organizaciones de pacientes, con las que nos reunimos el día 5 de septiembre, creo que fue, para ya trabajar con ellos un texto sobre borrador concreto, sobre una estructura y que podamos ir rellenando ya ese borrador, para ver si, a lo largo de la primera quincena de noviembre, podemos tener el borrador saliendo hacia afuera, en información de audiencia pública, para que sale y siga adelante.

Hacia referencia a dos de las patas, por así decirlo,  de las normativas que se están impulsando para garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, como son la Ley de Gestión Pública y la Ley de Universalidad, quedaría también la de Cohesión, que ya está en tramitación también. ¿En qué plazo cree que pueden estar operativas estas tres leyes y de qué forma se van a negociar para lograr el mayor consenso posible? 

La Ley de Gestión Pública tiene que ver con la titularidad de la gestión. Eso está en fase para pasar primera vuelta de audiencia y información pública. 

En cuanto a la Universalidad, en la legislatura anterior, cuando se hizo el proyecto de Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad, se incorporaron al texto con rango de ley muchos elementos que, en realidad, podían ser modificados con un rango de real decreto. O sea, elementos que eran casi de desarrollo reglamentario del Real Decreto 7 de 2018, que modificaba la Ley 16/2003. Entonces, hoy ha salido a las 9 horas a información y audiencia pública el Real Decreto que da desarrollo reglamentario al artículo 3 ter de la Ley de Cohesión y que es el que tiene que ver con cuál es la documentación que ha de ser acreditada, recogida para acreditar el derecho a la asistencia sanitaria en las personas extranjeras en una situación irregular en nuestro país. Con eso vamos a dar salida a una parte importante de lo que serían las modificaciones relacionadas con universalidad que, a día de hoy, están recogidas en el proyecto de ley pero que no tendrían por qué tener rango de ley porque hay habilitación normativa para que se tramiten por la vía del Real Decreto. Con eso creo que una de las cosas que va a ocurrir es que vamos a poder aliviar el contenido del proyecto de Ley de Universalidad y eso posiblemente sí que pueda facilitar la existencia de cierto consenso.

Uno de los objetivos de Sanidad es que antes de que acabe 2025, pedirán a Función Pública hablar de Muface.

Estamos ahora mismo además en conversaciones muy pormenorizadas con algunos grupos parlamentarios así que tampoco voy a ir más allá, pero sí que es verdad que eso con el Real Decreto descargamos. Además, el Real Decreto tiene un acuerdo de tramitación urgente lo cual hace que sin lugar a dudas vaya a ver la luz antes de que termine este año porque ahora comienza justo la información y audiencia.

Comentaba que continúa en tramitación la nueva Ley de Medicamentos, que finalmente no incorporará la reforma del copago farmacéutico que inicialmente se pretendía. ¿Se tratará de incluir durante la negociación parlamentaria a través de enmiendas?

Sí, ha sido una decisión de estrategia parlamentaria, digamos de estrategia normativa, el dejar algunos elementos para cuando haya que negociar con los diferentes grupos a ese respecto. El modelo que nosotros tenemos en la cabeza lo puede más o menos conocer todo el mundo, pero en muchas ocasiones si planteas un modelo que pueda ser lo que sea, al menos aportar como huella al texto normativo algún otro grupo a nosotros nos parece perfecto. No tenemos ninguna intención de patrimonializar eso a ese respecto, así que para el ámbito de la negociación queda. 

Una de las claves sanitarias de este 2025 ha sido la negociación del nuevo concierto de Muface, ante el que el Ministerio de Sanidad se ha mostrado muy crítico. ¿Cuál es la estrategia a seguir de cara a la finalización del convenio? ¿Se insistirá en la necesidad de canalizar el paso de los funcionarios al sistema público?

Después de que nosotros publicáramos el informe que publicáramos y nos posicionáramos como nos posicionamos, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, la Airef, publicó un informe sobre el mutualismo administrativo en nuestro país que venía a hacer un análisis de situación bastante calcado al que habíamos realizado nosotros y que, de hecho, hacía planteamientos como, por ejemplo, que los funcionarios de nuevo ingreso no se fueran incorporando al mutualismo sino que pasarán directamente al régimen general o incluso que a la población mutualista en general se le diera la posibilidad de optar por salirse del mutualismo para irse al régimen general.

Yo creo que, en general, lo bueno que tienen los informes de la Airef es que, lo hemos visto con -por ejemplo- gasto farmacéutico hospitalario, hacen recomendaciones que suelen ser razonablemente incómodas para todo el mundo, lo cual creo que sustenta en mayor medida ese ámbito de independencia. Nosotros sí que, antes de que termine este año, vamos a solicitar al Ministerio de Función Pública el establecer conversaciones para ver de qué manera podemos avanzar en que el sistema se adecúe o incorpore algunas de las recomendaciones que hizo la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, sobre todo, porque como nosotros hemos dicho siempre -más allá de lo que nosotros podamos querer- el sistema Muface, sin cambios muy sustantivos, no se sustenta y es un tema demográfico, no es un tema ni siquiera de gestión, es un tema de cuál es el mix de riesgos que tú tienes en esa población con la que has decidido mutualizar riesgos y de qué manera vas a poder proyectarte hacia adelante cuando la gente que entra se va a la pública y la única gente que se te queda son los riesgos altos. No puedes mutualizar riesgos si todos los riesgos son altos, esto es muy básico, entonces creemos que sí que hay que avanzar en alguna toma de medidas a ese respecto.

En cuanto a la Agencia de Salud Pública, ¿cómo va el proceso de selección de la sede y, por otro lado, cómo va el proceso para que se puedan presentar para ser director? Fue un asunto que causó polémica después de que los grupos de la oposición pusieran en el foco al epidemiólogo Fernando Simón.

Una vez aprobada la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública hay dos elementos que son importantes. Uno es, y hay un plazo de seis meses, desde la aprobación de la ley, la aprobación del estatuto de la Agencia. El estatuto de la agencia queremos que salga a información y audiencia pública posiblemente la semana que viene, si no la otra, estamos ya ultimando el borrador de este texto y ahí es donde se establecen todo lo que son los procedimientos más pormenorizados del conjunto de la estructura, cómo se va a organizar, cuáles van a ser los diferentes órganos hasta procedimientos como tienen que ver justamente la pormenorización del procedimiento general que se establece en la Ley para la elección de la dirección, es un procedimiento al se presentará quien se quiera presentar, se hará la evaluación, se consultará con el Consejo Interterritorial y se tomará una decisión en el ámbito del Consejo Rector.

Es el procedimiento, pero, luego hay otra cosa, que es la elección de la sede. Eso es un trámite que se inicia a partir de un acuerdo de Consejo de Ministros. Hace dos semanas, por ejemplo, vimos un procedimiento -que es el mismo- para la elección de la sede de la Agencia Estatal de Vulcanología. Se iniciará ese acuerdo y ese proceso se abrirá con los requisitos generales que se piensa que tienen que tener y las comunidades que piensen que tienen una propuesta la pondrán encima de la mesa, aquí tenemos algunos que ya se han candidatado de manera más o menos evidente y ese será el procedimiento. Es un procedimiento razonablemente abierto, público y publicitado, por decirlo de alguna manera 

Una de sus mayores flaquezas se encuentra en el nivel de renuncias MIR y la complejidad para cubrir esos puestos. ¿Se conoce cuántas personas han renunciado a su plaza?

Una cosa que a mí me gusta bastante de esto de gobernar, digamos, es que según va avanzando el tiempo van cambiando las preguntas porque el año pasado la pregunta era cómo íbamos a hacer para que no hubiera ninguna plaza que quedara sin escoger. Se hicieron las modificaciones pertinentes a ese respecto y la siguiente pantalla es cómo vamos a hacer para abordar el tema de las renuncias. Como sabéis, en la modificación del Real Decreto que rige la Formación Sanitaria Especializada se recogió el año pasado, por un lado, la posibilidad de la elección presencial -como se hizo el año pasado- y visto lo que ocurrió, cómo se va a hacer este año y, por otro lado, la posibilidad para la nueva convocatoria de establecer un sistema de reajudicación de aquellas renuncias que sean renuncias tempranas, que teníamos un informe negativo de la Abogacía del Estado a una propuesta anterior, pero con la nueva propuesta, Abogacía del Estado dijo que no rompíamos el principio de ordinalidad en la elección, etcétera, etcétera, y que, entonces, era posible hacerlo.

Yo creo que ahora mismo, de cara a la preparación justamente de ese proceso, se están recabando datos exactamente para ver un poco, no solamente el número de renuncias, sino sobre todo en qué momento se hace la renuncia, para ver de qué manera podemos hacer un proceso que facilite que podamos reelegir alguna de esas plazas, pero que no enturbia y que no entorpezca lo que es la gestión cotidiana de la incorporación de los residentes, una vez se incorpora el residente, los que se queden en esa plaza. Entonces, ahora mismo se está justamente analizando ese tema y preparando lo que es el procedimiento para ponerlo en marcha una vez comience el proceso de elección. Con esto, digamos, se abordan estas dos patas débiles del proceso y ya veremos cuál es la pregunta para el año que viene, para la siguiente convocatoria que ya se va a poner ese remedio.

Javier Padilla en una entrevista con Redacción Médica.