La privada respalda su inclusión en el registro de agresiones a enfermeras

La violencia contra los profesionales sanitarios continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el ámbito asistencial. Aunque en los últimos años se han reforzado los protocolos de prevención y denuncia en los centros públicos, la realidad de la sanidad privada permanece menos visibilizada.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), reconocen en declaraciones a Redacción Médica, que la situación exige un abordaje conjunto y defienden la creación de un registro unificado que permita dimensionar el problema de manera completa.

Actualmente, la sanidad privada carece de un sistema sectorial para contabilizar y seguir las agresiones sufridas por médicos, enfermeras y otros profesionales. "En la sanidad privada no existe actualmente un registro sectorial que contabilice de forma unificada las agresiones a profesionales sanitarios. Cada centro puede contar con protocolos internos de notificación y actuación, pero no hay un sistema común que recoja estos datos ni una reacción sectorial sistematizada frente a los agresores", explican desde ASPE.

Un registro común para dimensionar el problema

La propuesta impulsada por el Consejo General de Enfermería (CGE) para integrar en un registro común y accesible las agresiones a profesionales sanitarios, tanto en el sector público como en el privado, ha sido recibida con interés por la patronal.

"Consideramos muy interesante y, por supuesto, muy oportuno que el Consejo General de Enfermería impulse un registro común que integre la realidad de la sanidad pública y privada. Esto permitiría tener una visión completa del problema, especialmente teniendo en cuenta que muchas enfermeras trabajan en ambos ámbitos y están colegiadas en el propio Consejo", subrayan desde ASPE.

El apoyo de la sanidad privada responde, además, a un principio de equidad. La violencia hacia los profesionales no distingue entre centros públicos o privados, y los datos incompletos ofrecen una imagen parcial de un fenómeno que preocupa cada vez más a las organizaciones colegiales y a las administraciones sanitarias. Disponer de información centralizada permitiría orientar mejor las políticas de prevención, formación y protección jurídica, además de facilitar la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Igual protección legal para todos los profesionales

No obstante, ASPE advierte de que la integración en un registro único debe ir acompañada de cambios legislativos para eliminar desigualdades en la protección penal de los profesionales según el lugar donde ejerzan. "Actualmente, una enfermera agredida en un centro público tiene la protección adicional del delito de atentado contra la autoridad, mientras que si la agresión ocurre en un centro privado solo se aplica el delito de lesiones. Esta diferencia es injustificada y, pensamos, debería resolverse para garantizar la misma protección penal en ambos ámbitos", reclaman.

La patronal propone que la normativa reconozca la condición de autoridad del personal sanitario con independencia del titular del centro en el que desarrollen su actividad. Esta equiparación permitiría a jueces y fiscales actuar con el mismo criterio y ofrecer a todos los profesionales el respaldo institucional que merecen frente a conductas violentas.

Además, desde ASPE recuerdan que la seguridad de los trabajadores no depende únicamente de la respuesta penal. Reforzar la formación en manejo de situaciones conflictivas, promover campañas de sensibilización dirigidas a pacientes y acompañantes, y establecer canales ágiles de denuncia son medidas complementarias que deberían extenderse a todo el sistema sanitario.