La Ley General de Sanidad: derogada al 70% y "desfasada" en digitalización

La Ley General de Sanidad cumplirá 40 años el próximo 25 de abril, pero lo hará con más del 70 por ciento de su articulado derogado. Sólo 37 de los 146 preceptos originales siguen vigentes y tienen impacto legislativo. El resultado es claro: un “ordenamiento fragmentado“ en el que coexisten normas vigentes y otras ya desplazadas. Ricardo De Lorenzo, presidente del bufete De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que esto no solo tiene que ver con el número de artículos afectados, sino con la pérdida de coherencia interna y de la capacidad estructurante de la ley. “Ya no actúa como referencia estructural única, sino como un punto de partida histórico sobre el que se han superpuesto múltiples capas normativas. Esta situación, sostenida en el tiempo, plantea un riesgo claro desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de la cohesión del propio Sistema Nacional de Salud (SNS)”, sostiene. La brecha todavía se ha hecho más grande en un contexto marcado por la rápida digitalización de una sanidad que hace cuatro décadas era fundamentalmente analógica. 

De Lorenzo ya había defendido su tesis de que esta normativa clave para la estructuración del modelo sanitario había ido difuminando su potencial. Ahora, con la experiencia adquirida por las crisis sanitarias y la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la diferencia todavía es mayor. “Estos años no han cambiado el diagnóstico de fondo, pero sí han ampliado su alcance”, afirma. En este sentido, matiza que, mientras que hasta ahora había puesto el foco “en la pérdida de efectividad normativa de la Ley General de Sanidad, hoy añadiría que el problema también es de adecuación funcional a una realidad sanitaria mucho más compleja”.

El Covid-19, un punto de inflexión en la regulación sanitaria

Según defiende, la crisis del Covid-19 actuó como un “auténtico test de estrés del sistema”. A su paso, no solo se descubrieron carencias administrativas y de recursos, sino también limitaciones en el marco jurídico. “Se evidenciaron dificultades en la coordinación entre administraciones, incertidumbres en la adopción de medidas excepcionales y una notable inseguridad jurídica en momentos críticos”, reflexiona. Los años posteriores han tratado de paliar esta situación y han logrado grandes avances normativos. “Sin embargo, estos desarrollos se han articulado, una vez más, a través de normas específicas que no se han integrado de forma sistemática en el cuerpo de la ley, lo que ha contribuido a mantener -e incluso acentuar- la fragmentación del sistema”, lamenta.

Además, durante los últimos años, ciertas necesidades que aún estaban en fase incipiente han cobrado fuerza. De Lorenzo hace referencia a la digitalización del sistema sanitario, al uso intensivo de datos, a la irrupción de la inteligencia artificial y a la creciente interacción entre los ámbitos sanitario y social, especialmente en el tratamiento de la cronicidad y el envejecimiento. “No se trata únicamente de actualizar una ley parcialmente desfasada, sino de asumir que el propio modelo de riesgo ha cambiado”, subraya.

La Inteligencia Artificial, ¿un riesgo para la Ley General de Sanidad?

La irrupción de la inteligencia artificial está forzando la creación de un nuevo marco normativo superpuesto que regula lo que la Ley General de Sanidad no podía prever: la toma de decisiones automatizada en la salud. “Estamos ante un cambio profundo en la forma de diagnosticar, tratar y gestionar la asistencia”.

Ahora son los marcos europeos, ajenos al ámbito sanitario, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE o la normativa de protección de datos, los que intentan regular estos nuevos avances. No obstante, esta regulación no está integrada en el cuerpo jurídico del SNS, lo que genera una desconexión entre la innovación tecnológica y los principios que rigen la asistencia sanitaria.“La obsolescencia de la ley ya no se limita a la falta de actualización de determinados preceptos, sino que afecta a categorías jurídicas fundamentales, como la relación médico-paciente, el concepto de acto clínico o el propio modelo de toma de decisiones en el ámbito sanitario”, explica.

Sobre la posible incorporación de una regulación específica sobre inteligencia artificial en el ámbito sanitario dentro de la ley, De Lorenzo niega que esto sea necesario a nivel jurídico, pero insiste en que sí es imprescindible que la norma establezca un marco claro de principios y garantías para su utilización en el ámbito sanitario. “El problema no es la ausencia de normas, sino su falta de integración en el sistema sanitario”, asevera.

La reforma de la Ley General de Sanidad

Hace tres años, De Lorenzo ya habló de la necesidad de una norma que “armonice” la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Hoy añade que con ello se refería a dotar a ese principio de un contenido jurídico real y homogéneo, más allá de su proclamación formal en la Ley General de Sanidad. "Se trata de construir un marco coherente basado en principios claros —universalidad efectiva, equidad y cohesión— que supere la actual fragmentación normativa”, insiste.

La situación actual llama a valorar una reforma de la LGS. De Lorenzo cuenta que, desde una perspectiva técnico-jurídica, cuando una norma ha perdido más del 70 por ciento de su efectividad material, como en este caso, reformarla mediante ajustes parciales solo contribuiría a aumentar la fragmentación y la inseguridad jurídica. “Parece más razonable abordar una nueva ley básica del Sistema Nacional de Salud que permita reconstruir de forma ordenada su marco jurídico, integrando los desarrollos normativos existentes y adaptándolo a la realidad actual”, reconoce. “No se trata de sustituir un texto por otro, sino de recuperar coherencia, reforzar la equidad y dotar al sistema de estabilidad a largo plazo”, matiza.

¿Cómo abordar la reforma normativa?

La reforma de la carta magna de la sanidad necesita una fase previa de reflexión. Será en este proceso donde la estrategia y el consenso entre administraciones, profesionales sanitarios, juristas y sociedad civil articulen “un proyecto normativo con vocación integradora, capaz de sistematizar la normativa existente y dotar de coherencia al conjunto del sistema, evitando la actual dispersión”.

Asimismo, De Lorenzo señala que el proceso debería reforzar el carácter básico estatal de la norma, garantizando la equidad y la cohesión territorial dentro del respeto al modelo descentralizado. Finalmente, será el tablero político el que juegue la última carta. “No sé si la realidad política actual lo permitiría, pero resultaría imprescindible un amplio consenso político e institucional que asegure la estabilidad de la futura regulación, dada su condición de pilar esencial del Estado del bienestar”, concluye.