La privada ve "incertidumbre regulatoria" en la Ley de Gestión Pública

La Ley de Gestión Pública se abre paso en el ámbito político. Su publicación en el Boletín del Congreso de los Diputados es un paso decisivo para la tramitación de la norma. Una legislación que este mismo periódico adelantó y que nace con el objetivo de limitar la gestión privada de la sanidad pública. Una meta en la que el propio sector sanitario privado analiza, profundiza y establece sus principales conclusiones antes de que el texto pase a formar parte de los debates de la Cámara Baja. Y es que, si bien auguran una “falta de apoyos”, inciden en que la Ley “puede generar un entorno de mayor incertidumbre regulatoria y limitar la capacidad de colaboración con el sistema público”.

Las fuentes consultadas por Redacción Médica conocen de primera mano el funcionamiento de la sanidad privada. Desde la organización de los grupos sanitarios hasta las consecuencias de este proyecto normativo para los profesionales, estas voces ahondan en el impacto de la Ley de Gestión Pública en el conjunto del sector. Todo ello, como subrayan, en un contexto muy específico “de creciente demanda asistencial y presión sobre los recursos”.

Así es como definen el escenario en el que llega una de las grandes apuestas del Ministerio de Sanidad. La norma, que ha pasado en dos ocasiones por el Consejo de Ministros, ha recibido múltiples alegaciones, y ha ocasionado reacciones de organismos, médicos, y hasta de los propios grupos.

La norma encara su paso por el Congreso

“La falta de apoyos del Gobierno en el Congreso y el Senado puede paralizar su tramitación como Proyecto de Ley en alguna de las dos cámaras o derogarse si finalmente se tramita como Decreto y no lo convalidan las Cortes Generales”, vaticinan sobre el destino de la norma.

---

"La falta de apoyos del Gobierno puede paralizar su tramitación como Proyecto de Ley"

---

Precisamente, resaltan que, en cualquier caso, esta norma “puede generar un entorno de mayor incertidumbre regulatoria y limitar la capacidad de colaboración con el sistema público”, lo que impactaría en “la eficiencia global del sistema sanitario”.

Estas voces centran su discurso en las consecuencias de la Ley de Gestión Pública para la sanidad privada. Así, y con el fin de paliar estos efectos, confirman cuál es el método que se debe seguir en el caso de que la norma salga adelante: “Apostando aún más si cabe por la calidad asistencial, la innovación y los resultados en salud”.

“Es clave seguir impulsando modelos basados en la eficiencia, la medición de resultados y la experiencia del paciente, además de mantener una actitud abierta al diálogo institucional”, responden haciendo alusión a la necesidad de colaborar con las distintas administraciones.

Los efectos de la Ley de Gestión Pública en la privada

Esa unión entre organismos es uno de los ejes principales que se ha puesto bajo los focos con esta Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La colaboración público-privada en sanidad es una de las protagonistas que se ha alargado en los últimos meses, y que ahora vuelve a estar en el centro.

En este sentido, las fuentes consultadas por Redacción Médica parecen tener un mensaje claro. “Aunque esta Ley finalmente no entre en vigor o se derogue, los mensajes que manda tratan de debilitar un modelo que ha demostrado ser eficaz para garantizar accesibilidad, reducir listas de espera y optimizar recursos”, responden sobre los efectos en este sistema mixto, así como en la sanidad en su conjunto.

---

La sanidad privada apunta a una deriva de pacientes a su modelo "si se incrementan listas de espera"

---

“La colaboración público-privada es complementaria, no sustitutiva, y su debilitamiento afecta a la sostenibilidad del sistema en su conjunto”, subrayan. Y sus palabras van más allá: “A quien más puede afectar es al conjunto de los ciudadanos, que vean limitadas sus opciones de asistencia”.

En este sentido, estas voces responden a las consecuencias que puede traer consigo esta norma para los ciudadanos y su asistencia sanitaria. “Es posible que, si se incrementan los tiempos de espera o se reduce la capacidad de respuesta del sistema público al no contar con la colaboración de la privada, algunos pacientes opten directamente por la sanidad privada”, comparten.

Aun así, precisan que “lo deseable es un sistema equilibrado donde ambos modelos convivan, colaboren y se refuercen mutuamente”.

---

"Lo deseable es un sistema equilibrado donde ambos modelos convivan"

---

El punto de mira también está en los sanitarios. “Los profesionales buscan entornos donde puedan desarrollar su carrera con estabilidad, acceso a innovación y tecnología punta y autonomía clínica”, recuerdan estos expertos sobre las plantillas que componen el conjunto de la sanidad española. Por lo tanto, apuntan a que “si el sistema público pierde flexibilidad, recursos y competitividad, podría haber un trasvase hacia modelos que prioricen la eficiencia, la gestión clínica y el reconocimiento del talento”.

El modelo catalán, ‘víctima’ de la Ley de Gestión Pública

Las declaraciones llegan desde distintos puntos. A los expertos consultados por Redacción Médica se suma La Unió, una asociación empresarial privada que agrupa a más de un centenar de entidades y centros sanitarios y sociales en Cataluña. Lo cierto es que el modelo catalán es uno de los afectados por esta Ley de Gestión Pública, ya que se alza como uno de los referentes en el sistema de concertación.

Roser Fernández, directora general de la entidad, recuerda a Redacción Médica las alegaciones presentadas el pasado febrero. Estas se centraban en la “invasión de competencias” de las comunidades autónomas; la preservación del “modelo sanitario catalán basado en una red de provisión mixta, de gestión directa y gestión indirecta, estable y con instrumentos de gobernanza que preservan el interés público”; y mantener “el régimen especial de autonomía de gestión que tienen los consorcios sanitarios del sector público de la Generalitat de Catalunya”.

En este sentido, la portavoz menciona que los cambios incorporados en esta segunda vuelta “son mínimos”. “A pesar de que la misma ministra ha expresado la voluntad de respetar la realidad diferencial de Cataluña, hace falta blindarla, y el texto actual no lo hace”, insiste.

La directora de La Unió pone el foco en todo el país. “Y más allá de la realidad estructural de Cataluña, está el tema de fondo, excluir la gestión indirecta de la gestión del SNS, yendo mucho más allá del espíritu de la Ley General de Sanidad que se aprobó por consenso”, responde haciendo alusión a la norma que este 2026 ha cumplido 40 años.

La entidad catalana mantiene así su postura. Un rechazo a la Ley de Gestión Pública a la que, en palabras de Roser Fernández, le depara un futuro complejo. “Creemos que difícilmente esta ley se podrá aprobar en estos términos, tanto porque unos la encuentran demasiado intervencionista como otros aún demasiado liberal”, destaca.

---

"En Cataluña la concertación no es coyuntural, es estructural y no se puede prescindir"

---

“En un momento donde hace falta sumar recursos para mejorar la accesibilidad, hace falta contar más que nunca con una red de provisión estable y comprometida con el servicio público, incluyendo la concertación, que no es privatización sino un modelo de gestión de un servicio público”, apuntala en declaraciones recogidas por este periódico.

En este sentido, la directora general de La Unió hace alusión a que “la concertación se debería ver más como una apuesta de internalización de centros de excelencia y de proximidad a una red de servicio público que no como una apuesta de externalización de servicios”. Y es aquí donde retorna al modelo catalán: “La realidad es difícil de ignorar y, aquí en Cataluña, la concertación (gestión indirecta) no es coyuntural, es estructural y no se puede prescindir”.

Roser Fernández deja una incógnita, una pregunta dirigida a este trámite que encara la Ley de Gestión Pública. “¿No deberían estar todos los partidos afrontando el problema real de sostenibilidad del sistema y hacer frente a la situación real de pérdida de accesibilidad en el SNS, sumando recursos y dispositivos?”, lanza.

Y vuelve a ese nivel más general de la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad hablando de un “tema de especial contradicción”. “Se quiere limitar la concertación, pero se mantiene el régimen Muface que permite, solo para funcionarios del Estado, con fondos públicos, la opción de acceso a través de aseguradoras a una red de provisión configurada fundamentalmente por entidades con ánimo de lucro”, recuerda.