"La Ley General de Sanidad no responde a la realidad actual del residente"

La Ley General de Sanidad de 1986 logró asentar los cimientos del actual Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta norma ha constituido un pilar básico en nuestro estado del bienestar, cuyos principios siguen vigentes: universalidad, equidad y acceso. Sin embargo, en el 40 aniversario de la ley, voces más críticas han abierto un importante debate sobre si es necesario modificarla para cubrir las demandas y los retos actuales del sector -como la evolución tecnológica y la digitalización-, o si, por el contrario, se requiere la creación de un nuevo marco legislativo.

Las nuevas generaciones MIR, EIR, FIR y PIR son el futuro de la sanidad y serán quienes se vean afectadas por los cambios en la normativa en el hipotético caso de que ocurran. Los residentes entrevistados por este periódico son conscientes de la importancia que ha tenido -y que mantiene- la Ley General de Sanidad. Sin embargo, coinciden en su opinión: necesita una modificación que incorpore garantías de sostenibilidad profesional, condiciones laborales dignas y una calidad asistencial real.

Daniel Gimeno, residente de Obstetricia y Ginecología de primer año, es uno de los profesionales que considera que el marco normativo de la carta magna de la sanidad debe experimentar una serie de cambios estructurales que respondan a la "realidad actual" del sistema sanitario y a las condiciones en las que trabajan los profesionales.

Cambios sobre los MIR en la Ley General de Sanidad

En primer lugar, este futuro especialista aboga por que la norma reconozca la especificidad de la profesión médica. "La formación prolongada -más de diez años- y el nivel de responsabilidad clínica que asumimos no se reflejan adecuadamente en el marco normativo actual", lamenta e incide en que sería "clave" avanzar hacia un estatuto médico propio que contemple las particularidades de los facultativos.

Pero las demandas de Gimeno van más allá de lo meramente estructural y cree que el marco legislativo debería actualizarse para incluir la regulación de la jornada y las guardias de 24 horas, dos puntos que califica como "críticos". "Actualmente seguimos realizando estas jornadas con una carga asistencial muy elevada, lo que repercute tanto en nuestra salud como en la seguridad del paciente", subraya visiblemente preocupado. Además, incide en la necesidad de limitarlas, garantizar el descanso "obligatorio" y que sean voluntarias. Algunos de estos aspectos están en pleno debate con la reforma del Estatuto Marco, pero desde la profesión ven con buenos ojos que también se introduzcan en una legislación más amplia como la Ley General de Sanidad. 

¿Debe actualizarse a los nuevos retos la Ley General de Sanidad?

Hay que recordar que la Ley General de Sanidad, desde su creación hace 40 años, ha ido recibiendo modificaciones o derogaciones de sus artículos con el paso del tiempo. Sin embargo, Gimeno resalta que todavía queda trabajo por hacer e incide en que debería incorporar medidas que favorezcan la conciliación, la estabilidad laboral y la retención del talento, evitando la fuga de profesionales al extranjero.

En una línea similar, aunque con una perspectiva distinta, María Madrid, EIR, también cree que es necesario adaptar la norma ante los retos actuales. Según subraya, aunque es la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias la que regula actualmente su sector, bajo el paraguas de la Ley General de Sanidad, el sistema demanda una evolución que la normativa vigente "ya no alcanza a cubrir".

Demandas de las EIR para la Ley General de Sanidad

"Mientras que el acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) es un proceso nacional, exigente y homogéneo, la realidad laboral posterior es muy heterogénea en las distintas comunidades autónomas", ha aseverado. Por tanto, lo que propone es equiparar tanto la formación como el acceso a la atención especializada, dando "las mismas oportunidades" al resto de profesiones especializadas en un intento de eliminar las diferencias entre las distintas categorías asistenciales disponibles.

En este sentido, Madrid reconoce que es "muy frustrante" que la capacidad que tienen para ejercer las enfermeras especializadas dependa de la comunidad autónoma en la que residen, ya que, según añade, las necesidades de la sociedad "son las mismas" en las distintas regiones.

Bolsas de empleo y categoría profesional en Enfermería

"A día de hoy, existen CCAA que han consolidado bolsas de empleo específicas para enfermeras especialistas, mientras que otras siguen ignorando esta cualificación en sus contratos, provocando que una especialista, como una enfermera pediátrica, acabe trabajando con población geriátrica, y viceversa”, ha lamentado. Además, ha incluido en esta modificación de la Ley General de Sanidad la necesidad de que las especialidades en Enfermería sean reconocidas a nivel administrativo con la categoría profesional A1, al igual que el resto de profesionales FSE.

Desde el punto de vista de la Farmacia Hospitalaria, Josimar Godoy, FIR, subraya la necesidad de que la normativa vigente de sanidad se adapte a las nuevas demandas de su profesión. En este sentido, incide en la importancia de que la normativa vigente potencie y consolide el papel asistencial del farmacéutico hospitalario para avanzar hacia modelos de atención "más seguros, eficientes y centrados en el paciente". 

¿Qué opinan los FIR sobre la Ley General de Sanidad?

Y esta opinión la argumenta recordando que la integración de la Farmacia Hospitalaria en los equipos asistenciales se posiciona como una estrategia "clave" para aportar valor al sistema sanitario. "La participación del farmacéutico hospitalario en la optimización e individualización de la farmacoterapia, la prevención de errores de medicación, la gestión de terapias avanzadas y ensayos clínicos, así como en programas de uso racional de medicamentos contribuye, de forma directa, a mejorar los resultados en salud y seguridad del paciente", ha enfatizado.

Coral Carballedo, PIR, también aboga por que la norma recoja las necesidades de su sector. De cara a cuestiones asistenciales, esta psicóloga recuerda que las listas de espera son "completamente inviables e inasumibles". Según su experiencia, las esperas para las primeras consultas, en ocasiones, llegan a ser de un año y las de los seguimientos, de hasta un año y medio, convirtiéndose el proceso terapéutico en "todo un reto" ante la "evidente necesidad de una alta frecuencia de citas" para conseguir los beneficios deseados.

Modificaciones de los PIR para la carta magna de la sanidad

Dicho esto, Carballedo propone que la Ley General de Sanidad incluya una medida que impida que los tiempos de espera de las primeras consultas superen un mes mes desde que se realiza la petición. "Y, por supuesto, que los seguimientos tampoco excedan de otro mes, porque el tiempo es un factor clave", ha subrayado esta profesional, quien demanda estas modificaciones para poder ofrecer una atención "digna y de calidad" a sus pacientes.

Y para lograr dotar al sector sanitario de una mejor atención en la salud mental, esta futura especialista pone el foco en la necesidad de aumentar, en "gran medida", el cupo de psicólogos dentro del sector público a través de dos vías: convocando OPE con mayor frecuencia y aumentando las plazas del PIR, que, a su juicio, son "claramente insuficientes" a día de hoy.