El Derecho Sanitario pide un marco legal sólido para el plan antipandemias

Para la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a Amenazas Graves para la Salud, impulsado por el Ministerio de Sanidad y que en la actualidad se encuentra en fase de consulta pública, es un paso “muy significativo” para fortalecer la capacidad del sistema sanitario ante situaciones de crisis, pero siempre que se le dote de elementos que le den la seguridad jurídica necesaria para que su aplicación sea la correcta.

Ofelia De Lorenzo, presidenta de la AEDS, apunta que “siendo un avance importante, el Plan debe asentarse sobre un marco legal claro y sólido que garantice su eficacia en la práctica. Debemos evitar que se reproduzcan los vacíos legales que ya conocemos de la pandemia de Covid-19, y que trajeron consigo inseguridad e incertidumbre de forma global: en la ciudadanía, por un lado, y en los profesionales sanitarios por otro”.

La AEDS recuerda que ya en ocasiones anteriores, desde dicha pandemia, venía apostando por contar con una “ley anti-Covid” o una norma similar que regule los instrumentos de coordinación en escenarios de amenaza grave para la salud pública. “Un plan como este –añade Ofelia De Lorenzo– no debe quedarse ser únicamente un protocolo operativo, sino que debe establecer de forma muy clara las reglas claras sobre competencias, gobernanza, control y responsabilidad, de tal manera que se asegure la transparencia y se evite la arbitrariedad en la toma de decisiones que son excepcionales”.

El plan antipandemias, con coordinación autonómica

La AEDS considera muy relevante, igualmente, que el Plan establezca una coordinación con las Comunidades Autónomas que sea eficaz, así como mecanismos de evaluación que permitan valorar adecuadamente su efectividad.

En línea con su compromiso de hacer su aportación al debate jurídico-sanitario, la AEDS participará en el proceso de consulta pública y continuará analizando el texto normativo con el objetivo de aportar propuestas que refuercen la seguridad jurídica y la equidad en la protección de la salud.