Los cimientos débiles de la ley de atención pública a la salud bucodental

La incorporación de nuevas prestaciones odontológicas al sistema público de salud de Cataluña es, sin duda, una buena noticia. Pero ese avance queda cojo si no va acompañado del reconocimiento y desarrollo de especialidades odontológicas públicas. Sin la implantación de esta Formación Sanitaria Especializada en el ámbito de la Odontología, el riesgo que esta ampliación de la cartera de servicios sea una promesa vacía es más grande que nunca, porque sin especialistas en el servicio dental público se mantendrán las desigualdades, sobre todo entre la población vulnerable.

La Ley 12/2020 de prestación de servicios bucodentales establece, en teoría, un marco universal y equitativo para acceder a tratamientos conservadores y pulpares, como por ejemplo la endodoncia y la odontopediatría, pero se trata de una reforma con cimientos débiles y con una aplicación práctica más que complicada. Porque, a pesar de anunciar estas nuevas prestaciones —el despliegue de la ley de atención pública a la salud bucodental es la tercera medida más destacada por el mismo Govern en materia sanitaria—, nadie ha explicado con claridad con qué materiales o condiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, es bien sabido que una endodoncia requiere, hoy en día, magnificación óptica (lupas) y, a menudo, pruebas de imagen avanzadas, como la tomografía CBCT. Estos equipos, que no se encuentra en los centros de Atención Primaria, no se pueden improvisar, y mucho menos sin inversión ni planificación.

Así pues, no sabemos si la apuesta política es por una Odontología de excelencia, con el mismo nivel de calidad y exigencia que en la práctica privada, o bien por una versión de Odontología de supervivencia, limitada por los recursos y por una organización desconectada de la realidad clínica actual. En el centro de las decisiones se tendría que situar siempre la seguridad del paciente y no podemos garantizar que esta sea la orientación actual.

Formación cara y desregulada: un muro para los profesionales

Actualmente, la formación odontológica en España no cuenta con especialidades oficiales reconocidas en el ámbito público. Juntamente con Austria, son los dos los únicos países del espacio económico europeo que no tienen especialidades odontológicas reguladas. Esta carencia se traduce en una paradoja insostenible: para trabajar con competencia clínica en áreas como la cirugía oral, la prótesis, la ortodoncia o la odontopediatría, el profesional tiene que formarse por su cuenta. Esto implica masters privados carísimos —por encima de 15.000 euros— que no están reconocidos posteriormente por la Administración, ni a nivel retributivo ni como categorial profesional específica de los servicios públicos de salud.

Este vacío fomenta una gran precariedad. Los jóvenes graduados en Odontología entran al mercado laboral con la necesidad (casi imposición) de asumir de su propio bolsillo una formación adicional muy costosa. Y una vez la han completado, no solo no reciben ningún reconocimiento ni retribución proporcional al conocimiento adquirido, sino que a menudo se ven forzados a realizar tareas para las cuales no han sido preparados de forma reglada en el grado. Todo ello, con una presión creciente y con sueldos que no reflejan ni la complejidad ni la responsabilidad de su ejercicio profesional. Por este motivo, la ausencia de especialidad no puede ser un criterio para pagar menos a los dentistas, precisamente porque se han formado por su cuenta y riesgo.

Las especialidades médicas existen porque reconocen la complejidad y profundidad de determinados campos de la medicina. Por qué, pues, ¿no se aplica el mismo criterio en la Odontología? No es razonable exigir a los dentistas públicos que actúen como especialistas en múltiples disciplinas, con una formación pagada por ellos mismos, y posteriormente penalizarlos a nivel retributivo y en la clasificación profesional porque no tienen una especialidad sanitaria oficial.

Las especialidades odontológicas públicas, empezando por la de Atención Primaria, no son un lujo para el sistema, sino una necesidad estructural. Sirven para garantizar que el paciente reciba un tratamiento de calidad, proporcionado por profesionales altamente cualificados y específicamente capacitados. Y también protegen a los mismos profesionales, que podrían ejercer con seguridad, dignidad y valoración real de su pericia.

Es preocupante el silencio institucional ante esta situación. Ni la administración, ni las sociedades científicas, ni el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) han adoptado una posición clara y comprometida para promover una Odontología pública digna, con especialistas reconocidos. Sin una acción decidida por parte de estos actores, los adelantos anunciados con la ampliación de la cartera de servicios pueden acabar convirtiéndose en papel mojado, y los pacientes continuarán atrapados en una dinámica que los conduce indefectiblemente hacia las clínicas privadas.

Es hora de reconocer que la salud dental también es un derecho, y no es inferior o secundaria respecto a otras esferas de la salud humana. Y que tratarla bien, con conocimiento y medios adecuados, exige algo más que buenas intenciones.