El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) organizó a finales del pasado mes de octubre el III Congreso Nacional de Gestores en Fisioterapia, con el objetivo, entre otros, de impulsar la presencia de la profesión en niveles directivos de establecimientos sanitarios.
Se habló, y mucho, durante el Congreso sobre la necesidad de aumentar el número de fisioterapeutas dentro de la sanidad pública, para atender a las nuevas necesidades de la población.
En este sentido, dos conceptos sobrevolaron claramente sobre diferentes ponencias. Por un lado, España envejece: crece el número de personas mayores, hay un aumento de las enfermedades crónicas y más necesidad de cuidados continuos.
En segundo lugar, nuestro país afronta una realidad inquietante: cerca de 70.000 médicos, uno de cada cuatro de estos profesionales en España, se jubilará durante los próximos 10 años, según estimaciones de la Organización Médica Colegial (OMC), tensionando parte del modelo de asistencia sanitaria actual.
En este cruce de tendencias, la Fisioterapia se convierte en un pilar imprescindible para mejorar la salud de la ciudadanía.
Modificación de la demanda
El envejecimiento de la población modifica la demanda sanitaria. Las personas mayores requieren atención para prevenir y atender la fragilidad, las caídas, el dolor musculoesquelético, la prehabilitación, la rehabilitación tras fracturas o cirugías, y la gestión de enfermedades crónicas que limitan la funcionalidad (como artritis, EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, etc.), por citar algunos casos.
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“Ante el progresivo envejecimiento de la población española y la modificación de la demanda sanitaria que esto implica, la Fisioterapia se convierte en un pilar imprescindible para mejorar la salud de la ciudadanía”
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La Fisioterapia, además, no sólo recupera movilidad: preserva autonomía, reduce estancias hospitalarias y evita institucionalizaciones costosas, de manera que invertir en programas de Fisioterapia comunitaria y domiciliaria es invertir en sostenibilidad, ya que hay menos ingresos evitables, menos complicaciones y mayor calidad de vida para las personas, que tiene que ser el cimiento sobre el que construyamos el sistema público.
Reducción de médicos
Por otro lado, desde la creación del grado en Fisioterapia, ha aumentado el reconocimiento de autonomía y roles de la profesión, lo que también obliga a repensar roles y flujos asistenciales, ya que los fisioterapeutas podemos asumir más responsabilidades en la atención rápida de problemas funcionales, el seguimiento de rehabilitaciones y la educación en salud para el autocuidado.
Modelos de atención compartida, como equipos interdisciplinares en Atención Primaria, clínicas integradas en hospitales y servicios de atención domiciliaria, permitirán distribuir la carga asistencial sin perder calidad. La Fisioterapia, con protocolos claros y competencias ampliadas, puede descongestionar consultas médicas y reducir tiempos de espera.
Otro ámbito importante es la prevención y promoción de la salud. Programas dirigidos a ejercicio terapéutico adaptado para mayores, prevención de caídas y mantenimiento de la fuerza muscular deberían verse como intervenciones de salud pública. Aquí, el fisioterapeuta es el profesional capacitado para diseñar, implantar y evaluar estas iniciativas, trabajando en equipo junto a otros sanitarios y en coordinación con las administraciones públicas. La prevención no compite con la curación: la reduce.
Atención Primaria y remota
La Atención Primaria (AP) será un escenario clave. Tradicionalmente centrada en el diagnóstico y la gestión médica, la AP del futuro necesitará equipos mixtos donde la Fisioterapia tenga una presencia regular. Consultas de dolor lumbar, rehabilitación poscovid y programas de patología crónica, por poner algunos ejemplos, pueden gestionarse de forma proactiva desde centros de salud con fisioterapeutas integrados, liberando tiempo médico para diagnósticos complejos y decisiones terapéuticas que requieren prescripción.
Las residencias y la atención domiciliaria también verán una mayor demanda. La Fisioterapia en centros de mayores evita pérdida funcional y reduce complicaciones. Y cuando se realiza a domicilio, permite que personas con movilidad reducida reciban tratamientos efectivos sin ingresar en hospitales. Así, mantener la funcionalidad en el entorno residencial o doméstico es una forma de atención temprana que evita presión sobre Urgencias y libera camas hospitalarias.
Del mismo modo, digitalización y telerrehabilitación amplifican el alcance del servicio presencial de los fisioterapeutas. Programas de ejercicio guiado por teleconsulta, monitorización remota y herramientas de autogestión aumentan la eficiencia y permiten seguimiento frecuente sin desplazamientos. De este modo, la Fisioterapia híbrida (presencial + virtual) será clave para llegar a zonas rurales y a poblaciones con movilidad limitada, una ventaja cuando la falta de médicos hace más difícil la atención presencial y continuada.
Formación y regulación
En paralelo, para que la Fisioterapia asuma estos roles, se requieren inversiones en formación especializada (geriatría, neurología, enfermedades respiratorias, telemedicina, etc.), protocolos compartidos con otras profesiones sanitarias y un reconocimiento claro de competencias en el ámbito público. Políticas proactivas, como un aumento de la contratación en la Sanidad Pública, incentivos para trabajar en dispositivos sociosanitarios y creación de puestos interdisciplinares, entre otras, facilitarán la transición.
Finalmente, hay un componente económico y ético: España debe decidir si prioriza un modelo reactivo centrado en curas hospitalarias o uno centrado en mantener la autonomía y la salud funcional de su población mayor. La Fisioterapia ofrece un retorno social y económico claro: reduce dependencia, incentiva el envejecimiento activo y aligera la carga sobre médicos y hospitales. No es una panacea, pero es una pieza estratégica en la arquitectura sanitaria que viene.
Adaptar estructuras, financiar recursos y reconocer el valor asistencial de la Fisioterapia es invertir en un sistema más justo, eficaz y centrado en las personas.