Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE
Lun 02 noviembre de 2020. 16.40H
Sanidad, presente y futuro
“Hay que priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural y hay que establecer instrumentos de gestión de recursos humanos y modelos retributivos suficientes que incentiven adecuadamente a los profesionales sanitarios y garanticen un nivel de vida digno”.

Aunque las comparta, estas palabras no son mías sino que están plasmadas en el documento de conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país que tantos titulares de prensa generó no hace tanto tiempo y que todo apunta, lamentablemente, a que ha caído ya en el olvido en lo que se refiere al desarrollo y cumplimiento de las medidas en materia sanitaria acordadas por la práctica totalidad de las fuerzas políticas de nuestro país.

Tras escuchar las propuestas de numerosos representantes de organizaciones e instituciones del ámbito sanitario de nuestro país, entre ellas, SATSE, se acordaron una serie de actuaciones que de forma generalizada se consideran prioritarias para reforzar nuestro sistema sanitario tras la grave crisis de salud pública que seguimos sufriendo por la creciente expansión de la Covid-19.

El diagnóstico de situación no resultó difícil de concluir para nuestros representantes políticos en lo que respecta a las condiciones laborales del conjunto de profesionales sanitarios, y muy especialmente de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, ya que, tras muchos años de sucesivos recortes en derechos y prestaciones, los datos expuestos respaldaban el clamor generalizado por parte de todos ellos y ellas sobre la necesidad de acometer mejoras a corto, medio y largo plazo.

Centrándome en el justo y necesario reconocimiento salarial a una labor diaria no exenta de múltiples riesgos para su salud y seguridad, una sola cifra puede servir de ejemplo y referente para reflejar la falta de consideración a la misma por parte de las distintas administraciones sanitarias públicas. Tres o cuatro, en el mejor de los casos, son los euros que cobra una enfermera o enfermero por hora trabajada durante la noche.

Un irrisorio complemento a un salario que de base no supera los 1.300 euros mensuales en la mayoría de los casos si se trata de enfermeras y enfermeros que trabajan en los hospitales y que baja a los 1.000 euros al mes en el caso de los y las profesionales que realizan su labor de atención sanitaria y cuidados en los centros sociosanitarios privados, como las residencias de mayores.

Además de estos bajos salarios, no hay que olvidar que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas sufren una alta temporalidad que precariza aún más sus condiciones laborales. Uno de cada tres profesionales no tiene otra opción laboral que encadenar contratos de días y semanas durante años en diferentes centros, unidades o servicios si quieren seguir trabajando en nuestro país.


Subida de un 0,9% a los empleados públicos 


Una penosa y desalentadora realidad que ha llevado a miles de enfermeras y enfermeros a tener que emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades laborales y que, a día de hoy, muchos de lo que permanecen aún en España, sobre todos los jóvenes graduados, sigan recurriendo a esta posibilidad que les alejará durante años de su familia y entorno más cercano.

Así las cosas, ya hemos conocido que el Gobierno tiene previsto subir solo un 0,9 por ciento los salarios el próximo año a los empleados públicos, con lo que constatamos que se sigue sin priorizar reformar de manera sustancial nuestro sistema sanitario a través de la mejora de las condiciones de trabajo de sus profesionales que, no lo olvidemos, son pieza única e insustituible del mismo.

Algunos dirán que ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país y que, además, nos encontramos aún en plena lucha contra la pandemia, pero la experiencia acumulada de años y años de promesas finalmente incumplidas por parte de las sucesivas autoridades competentes nos lleva a los profesionales sanitarios a la duda e incredulidad. Ojalá nos equivoquemos.