Cartas cruzadas y líneas rojas: la negociación fallida de la huelga médica

Hace tan sólo dos días, CESM culpó al Ministerio de Sanidad de no querer retomar la negociación para atender las demandas del comité de huelga médica después de que, poco antes, Mónica García acusara a los sindicatos convocantes de usar a los pacientes como “rehenes”. Pero lo cierto es que sí hubo un intento de llegar a un acuerdo entre ambas partes antes de que, el pasado 5 de marzo, se oficializara el pacto entre Sanidad y el Foro de la Profesión Médica para incluir medidas de participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad en el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. Un acuerdo que el comité de huelga no avala a pesar de que el marco legal vigente y un documento de 2013 habilita al Foro médico para negociar con el ministerio cuestiones laborales y de organización de recursos humanos.

Según la información a la que ha tenido acceso Redacción Médica, Sanidad remitió el borrador del acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, en el que está representado CESM, al comité de huelga, del que también forma parte CESM. En ese escrito constaban los cuatro compromisos que luego se reflejaron en el comunicado del 5 de marzo: creación de ámbitos de participación específicos para la profesión médica, adaptación de la clasificación profesional al Marco Europeo de Educación Superior (Meces), mejora en la retribución de la guardia con un complemento de penosidad por nocturnidad además del ya existente de atención continuada, y por último, inicio del trámite para solicitar la jubilación anticipada siguiendo la normativa de Seguridad Social.

La contraoferta del comité de huelga médica

El comité de huelga contestó a Sanidad el 2 de marzo con una contrapropuesta en cuyo encabezado figuran los logotipos de todos sus integrantes: CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Metges de Catalunya, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’mega). La propia CESM publicó en su página web el documento, cuyo párrafo inicial reza: “Queremos hacer llegar formalmente esta propuesta para retomar el dialogo de cara a la resolución del doloroso conflicto en el que nos hallamos inmersos”.

Las organizaciones consideraban “imprescindible” establecer “una negociación a nivel estatal con los representantes elegidos por los médicos y facultativos” para “alcanzar un pacto que dé salida a las justas reivindicaciones de la profesión”: “Dicho acuerdo debe poner fin a las condiciones que discriminan al colectivo médico y facultativo, habitualmente avaladas por organizaciones que tanto históricamente como en el día a día demuestran no defender al colectivo”.

Los sindicatos trasladaron varias demandas divididas en cinco bloques. Son, en esencia, prácticamente las mismas exigencias que vienen poniendo sobre la mesa desde que comenzó el enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad. En resumen, un ámbito de negociación propio, un nuevo sistema de clasificación profesional basado en “la especialización y el nivel de responsabilidad” que conlleve un “cambio coherente” en las retribuciones básicas, una jornada semanal de 35 horas con horario diario desde las 8 hasta las 15 horas, la consideración como “exceso de jornada” de todo aquello que exceda esa jornada ordinaria y su retribución por encima de la hora ordinaria máxima, el cómputo de los descansos tras las guardias como jornada trabajada, un régimen de incompatibilidades “igual” que el del resto de empleados públicos, el reconocimiento como profesión de riesgo, un sistema de jubilación “flexible y voluntaria” entre los 60 y los 70 años, y el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial.

Esas medidas, según la propuesta, conllevarían “un doble beneficio”: “Por un lado, se lograría una mejora sustancial de la calidad asistencial que médicos y facultativos prestan a la ciudadanía, objetivo último de las mejoras demandadas por los representantes de las y los médicos y facultativos. Por otro lado, se produciría una indudable fidelización del talento médico e incluso un ‘efecto llamada’ a médicas y médicos de otros lugares, lo que podría ser una solución al hecho de que actualmente no se encuentren profesionales médicos que quieran trabajar en el sistema sanitario público”.

La respuesta de Sanidad a los sindicatos médicos

Sanidad contestó por escrito al comité de huelga punto por punto, explicando que parte de esas exigencias ya están contempladas en el anteproyecto de ley de Estatuto Marco -como el avance hacia la jornada de 35 horas, el cómputo de los descansos obligatorios como jornada ordinaria, la limitación de las guardias localizadas y el acceso a la jubilación parcial- y exponiendo por qué otras de las reivindicaciones no tienen cabida legal en esa reforma legislativa -como la revalorización salarial, que compete a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a las comunidades autónomas, y la solicitud de la jubilación anticipada y el reconocimiento como profesión de riesgo, que tienen su propia “normativa específica” actualizada en mayo de 2025-.

El ministerio fue tajante en lo concerniente al horario reclamado de 8 a 15 horas: “Ni los hospitales ni los centros de salud se cierran a las 15h. Cualquier servicio de salud de cualquier país da asistencia sanitaria 24h/7d/365. Considerar como jornada ordinaria solamente el horario matutino y el resto como jornada extraordinaria supondría que el 80 por ciento de la asistencia sanitaria y de la continuidad asistencial (tardes, noches y fines de semana) no se podrían garantizar [sic]”.

También llama la atención la demanda médica de contar con un régimen de incompatibilidades idéntico al del resto de empleados públicos. Esa medida, tal y como aclaró Sanidad en su respuesta, implicaría más restricciones de las que actualmente tienen en ese sentido los médicos. “Las incompatibilidades de los funcionarios públicos prohíben, por norma general, el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos o la combinación de uno público con actividades privadas que comprometan la imparcialidad, independencia o supongan un conflicto de intereses”, se indica en el documento.

Respecto a la incompatibilidad con otro puesto público, “la regla general es que no se puede ocupar más de un puesto de trabajo en el sector público”, según Sanidad. En cuanto a las excepciones, “se permiten casos excepcionales, como la docencia universitaria a tiempo parcial o ciertos cargos sanitarios, previa autorización”. Y en lo referente a actividades privadas, está “prohibido ejercer cargos en empresas privadas que se relacionen directamente con las funciones del puesto o que interfieran con la jornada laboral”.

El intento de negociación entre Sanidad y el comité de huelga no llegó a buen puerto. Tras ello, el ministerio y el Foro de la Profesión Médica firmaron su acuerdo y lo publicitaron con una fotografía en la que aparecen la ministra de Sanidad, Mónica García; el director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez; el presidente de la OMC, Tomás Cobo; la presidenta de Facme, Cristina Avendaño; el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, Antonio Compañ; la presidenta de la CEEM, Teresa Serrano; y el secretario general de CESM, Víctor Pedrera. Los sindicatos del comité de huelga contestaron con diversos comunicados anunciando que seguirían adelante con su calendario de movilizaciones. El segundo paro semanal de la huelga convocada comenzará el próximo lunes, 16 de marzo.