Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30
Opinión > Sala de espera

Plantones a los médicos

Lunes, 28 de julio de 2014, a las 12:00
Diario Palentino abre su edición de hoy con las consecuencias de no respetar las citas en el primer nivel asistencial: Los plantones a los médicos le cuestan 140 millones al Sacyl. Y añade en dos destacados: El coste estimado de una consulta asciende de atención primaria asciende a 70 euros aproximadamente y Se contabilizan cada año 2,77 millones de citas a las que los pacientes no acuden.

En efecto, la cancelación de consultas porque los pacientes plantan al médico y no anulan su cita cuesta 140 millones al año a la Gerencia Regional de Salud, más del doble de lo que dedica la Consejería de Sanidad al programa de salud pública o lo que equivale al gasto farmacéutico de tres meses. Este impacto estimado sale de multiplicar el coste de una consulta de Atención Primaria (médico de familia, enfermera o pediatra), que es de 70 euros, por los 2,77 millones de citas a las que los pacientes no acuden cada año. A ello habría que sumar las consultas especializadas y las intervenciones quirúrgicas que se cancelan por el absentismo de los usuarios -lo que eleva los datos a cifras astronómicas teniendo en cuenta que son más caras-, y las consecuencias que el uso ineficiente de los recursos sanitarios tiene para el resto de la población y para la gestión del propio sistema, caso de las siempre polémicas listas de espera, detalla la información firmada por S. Calleja.

Según el periódico editado en Palencia,  estos datos invitan a la reflexión en medio de la borrasca tras conocerse que el Ministerio de Hacienda trabaja con un catálogo de 255 propuestas de racionalización del sector público que incluye, entre otras medidas, el copago por no acudir a una cita programada o no retirar pruebas diagnósticas. Pese a que el propio ministro, Cristóbal Montoro, ha descartado que se vayan a aplicar, son medidas duras que están encima de la mesa para ser discutidas este jueves, 31 de julio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.