Es recomendable analizar periódicamente las situaciones en que nos encontramos en cada momento, así como las circunstancias que nos han conducido a ellas. Para ello podemos hacernos dos preguntas: ¿Por qué? y, sobre todo, ¿para qué?

Si analizamos las 'nosécuantas' medidas de recorte que ha sufrido la Farmacia en los últimos años (pongamos como fecha inicial, por ejemplo, el fatídico RDL 5/2000, de tristísimo recuerdo y peor actualidad), y nos preguntamos el porqué de esas medidas, vamos a encontrar la respuesta en los fundamentos de derecho que las justifican: el consabido crecimiento del gasto. O sea, el porqué de la medida es “ha subido el gasto” o “estamos en época de crisis”, y la solución “recorto a los farmacéuticos”, argumento fácil que ha terminado por arruinar a un número importante de farmacias (las llamadas VEC, a las que hay que subvencionar para que sigan abiertas) y poner en peligro la viabilidad de otras muchas y la calidad del servicio. Para ilustrar esta última particularidad supongo que no tengo que recordarles los problemas de abastecimiento aparejados a los bajos precios de algunos medicamentos en España -que han aumentado el diferencial con Europa- o la adjudicación de subastas en el Sur a ciertos laboratorios sin capacidad real de mantener un suministro continuado con normalidad, con el fin de ahorrar un puñado de euros.

Una vez conocida la respuesta a la primera pregunta, podemos hacernos la segunda: ¿Para qué las medidas? La contestación también es conocida: para controlar el gasto, o para salir de la crisis. De acuerdo, si ese es el fin, los farmacéuticos aportaremos nuestra parte. Pero una vez controlada la causa de la medida ¿por qué no cesan las soluciones que se pusieron en marcha para atajarla?, ¿para qué mantenerlas si el objetivo está cumplido?

Otras veces, antes de tomar cualquier decisión es recomendable encargar informes a quienes suponemos que entienden del tema que nos ocupa, con el fin de analizarlo con objetividad y evaluar las posibles soluciones. En estos casos la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué?, está clara: porque queremos conocerlo en profundidad. Lo que también debería estar clara es la respuesta a la segunda pregunta, al ¿para qué?; fundamentalmente porque, una vez analizadas las soluciones, puede darse la circunstancia de que ninguna nos satisfaga completamente. En estos casos lo mejor será dejar reposar el informe para analizarlo más tarde con detenimiento o, en ocasiones, olvidarlo en un cajón. Cualquier cosa menos hacerlo público, enseñar nuestras cartas; salvo que una vez agotadas otras opciones, y eligiendo el momento más adecuado, decidamos echar mano de él.

Cualquiera que sepa de lo que hablo, entenderá lo que quiero decir.

Viene esto último a colación de la reciente presentación pública por parte de QuintilesIMS, de los resultados de un informe sobre la entrega a los pacientes de los medicamentos DH sin cupón precinto, y la remuneración a los almacenes de distribución y a los farmacéuticos por colaborar en la misma. Puedo llegar a entender por qué se ha encargado el informe; pero por muchas vueltas que le doy, he de discrepar necesariamente de una parte importante del “para qué”: ¿qué necesidad había de presentarlo públicamente sin evaluar con la debida cautela su conclusión principal y, sobre todo, el momento de hacerlo, cuando Ministerio y Consejo General mantienen el asunto sobre la mesa de trabajo y las soluciones están abiertas?

No quiero entrar a valorar la actitud de la empresa consultora que lo ha realizado. Desde un punto de vista exclusivamente mercantil ha hecho y cobrado –supongo- el trabajo encomendado, y lo da a conocer porque así se lo han indicado al invitarla a una mesa de debate. Lo que no me parece de recibo –y por eso digo que manifiesto mi discrepancia con una parte importante del “para qué”- es que quienes lo han encargado y pagado -supongo, de nuevo- hayan patrocinado un acto e invitado a la Directora General de la mencionada empresa para hacer pública la conclusión final del estudio, que perjudica y complica enormemente las posibles decisiones que hubiera que tomar en ese sentido. ¿Lo han hecho adrede o creían que eso no era lo que iba a pasar? Los farmacéuticos estamos alcanzando ciertos niveles de hartazgo ante la actuación desordenada de quienes tienen legalmente unas atribuciones muy concretas en su actuación y representación, pero se desenvuelven como si de ellos dependiera el futuro de nuestra profesión. Una cosa es ser un sector vivo, sin protagonismos, que piensa y que hace llegar a los legítimos representantes sus inquietudes y sus aportaciones para alcanzar el consenso de las ideas, y otra muy distinta que cada uno actúe irresponsablemente, haciendo una guerra diferente por su cuenta, sobre todo si además da pistas al “adversario”. Estamos en el mismo barco, como se suele decir, pero remando claramente en sentido diferente al debido.

La Administración española ha de recibir una única propuesta de los farmacéuticos en este y en otros casos, que debemos defender con una sola voz: la de los representantes legítimos de la profesión. Creo innecesario explicar el por qué, pero sobre todo el para qué.

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