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Mar 15 septiembre de 2015. 18.33H
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Javier Elola ha escrito en su blog una nota, que titula ‘Por qué la clasificación de la Fadsp no es correcta’, refiriéndose al informe sobre servicios sanitarios de las comunidades autónomas hecho público en septiembre de 2015.

Veamos el asunto: en primer lugar, conviene saber, por aquello de los conflictos de intereses, que Javier Elola trabajó en la administración sanitaria, ahora lo hace en una consultora privada y en una fundación financiada directa e indirectamente por la industria farmacéutica.

En cuanto a los temas que señala hay que decir:

1) No tiene sentido ninguna “ficha técnica” de los datos porque se señala claramente su procedencia, han sido elaborados en su inmensa mayoría por el Ministerio de Sanidad y pueden comprobarse en su web, tanto los resultados como los criterios de su elaboración. Resulta extraño que un ‘experto consultor’ no sea capaz de identificar las fuentes. Nosotros no tenemos que ‘rellenar’ un informe para aumentar la factura, solo ofrecer los datos y su procedencia. Ya señalamos en el texto del informe de 2013 que “las repercusiones de estas diferencias sobre la situación de salud de la población son difíciles de detectar porque la salud tiene causas multifactoriales, muchas de ellas sin relación con los sistemas sanitarios (dieta, genética, nivel socioeconómico, contaminación ambiental, hábitos nocivos, etc.), y porque los cambios de los sistemas sanitarios solo producen transformaciones en los indicadores de salud más robustos (mortalidad, esperanza de vida, etc.) en el medio o largo plazo (5-10 años)". Porque somos conscientes de nuestras limitaciones que, básicamente, tienen que ver con el secuestro de las fuentes de información por parte de las administraciones sanitarias.

2) El informe recoge datos de resultados aparte del de las cesáreas: está la opinión de la ciudadanía, que tiene que ver con la calidad percibida, muy importante en un sistema público. Que los indicadores de estructura no condicionan totalmente los resultados finales puede verse bastante bien en los resultados de Andalucía, la última en presupuesto per capita y en los últimos lugares en recursos y que, a pesar de ello, obtiene el noveno puesto en la clasificación. Ahora bien, los recursos son importantes, y si no, que se lo digan a quienes esperan en las urgencias de los hospitales tres y cuatro días para encontrar una cama libre. La teoría puede ser muy ‘elegante’ pero la realidad se impone: eppur si muove.

3) Desgraciadamente, para evaluar resultados clínicos, tenemos un obstáculo fundamental: y es que, o los datos no son públicos, o los que hay pertenecen a 2011 o fechas anteriores, por lo que resulta inoperante utilizar estos datos en informes anuales, porque inducen a error, y es obvio  que serán capaces de evaluar la evolución del sistema sanitario dentro de 20 o 30 años, cuando su interés sea meramente historiográfico.

4) Otro aspecto relevante es su apuesta por los modelos de gestión privada o público-privada, que es bien conocida hace tiempo. Aparte de que la evidencia internacional dice lo contrario de lo que señala, no debería olvidarse que un sistema de mercado donde prolifera la provisión privada es un excelente caldo de oportunidades para consultorías de todo tipo y, al fin y al cabo, siendo muy respetable que cada uno defienda sus intereses económicos, eso siempre impone un sesgo a tener en cuenta.

5) El último comentario tiene que ver con la supuesta transparencia de los llamados “observatorios” de Cataluña y Madrid, cuyos datos son el resultado de un maquillaje intensivo y bastante descarado. Por ponerle solo un ejemplo, en el día de hoy (14 de septiembre), en el denominado ‘Observatorio de resultados’ de la Consejería de Madrid, la espera media para intervenciones quirúrgicas que aparece es de 15,5 días y, para primera consulta del especialista, de 19,2 días. Solamente alguien que crea que las hadas y los unicornios existen puede fiarse de unos datos que se contrastan diariamente con la realidad y que se sitúan, según nuestros datos, en 7,13 y 3,3 meses respectivamente, aunque hay casos realmente espectaculares (de más de un año en ambos casos).

En fin, desde la Fadsp llevamos –de manera altruista, esforzándonos para evaluar la situación de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas– una tarea que deberían hacer los responsables del Ministerio de Sanidad, y lo hacemos con los datos que tenemos y con unos criterios que entendemos que son perfectamente razonables, una metodología adecuada, que ha tenido continuidad en el tiempo (acaba de aparecer el XII Informe), y lo hacemos porque creemos que profesionales y ciudadanos tienen derecho a ello. Seguro que nuestro trabajo es mejorable, pero lo realmente incorrecto sería no hacerlo.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública