Financiación del Sistema Nacional de Salud, la disonancia de los mensajes

A estas alturas de mi trayectoria política desconozco cuántas veces se ha hablado de la financiación del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Esos debates siempre han estado contextualizados en momentos determinados como el desarrollo del propio Sistema Nacional de Salud, las transferencias completas de las competencias sanitarias, las amenazas a la cohesión del Sistema Nacional de Salud, las diferentes crisis a las que nos hemos enfrentado y ahora a un escenario político endiablado donde “no ponerse de acuerdo” es lo que se lleva en la polarización política actual, provocada por los populismos.

Además, siempre partimos de la base de hablar de financiación antes que hablar sobre qué Sistema Nacional de Salud queremos para nuestro país. Un ejercicio necesario, por si en algún momento las técnicas econométricas nos permiten calcular el coste real de prestar los servicios de forma equitativa y en igualdad. Ahora esto es una quimera.

El momento actual es especialmente particular, el Sistema de Financiación Autonómica de nuestro país está caducado hace años, las amenazas que se le trasladan a nuestra sociedad de creación de nuevos cupos autonómicos, sin fundamentos explícitos, la irrefrenable competitividad fiscal, como si fuera el bálsamo que todo lo cura y presupuestos inflados por fondos europeos para combatir las consecuencias de la crisis sanitaria vivida en nuestro país. Eso en lo interno.

Tenemos que añadir el enorme desarrollo y la enorme especialización de las nuevas tecnologías diagnósticas, terapéuticas o rehabilitadoras, que presentan un panorama disruptivo desde el punto de vista económico. Bienvenidas sean.

Y la adaptación de nuestro país a un sistema federal, como evolución natural del Estado de las Autonomías recogido en nuestra Constitución Española. Un Estado Federal al que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que dar respuesta desde la cohesión y desde la libre circulación de personas.

En este contexto lo primero que procede es trabajar de forma multilateral en un Sistema de Financiación Autonómica actualizado y que se ajuste a los principios constitucionales. Los presupuestos son las políticas hechas números. Pero además debemos exigir una corresponsabilidad fiscal para combatir unos ingresos cada vez más diezmados para sostener el Estado del Bienestar. Tan dañinos son nuevos cupos en el sistema de financiación autonómica, como la desmedida competición por la bajada de impuestos. Hagan la cuenta, se pierden más recursos para todos con el denominado “dumping fiscal” que con nuevos cupos autonómicos, solo en las cabezas de algunos políticos y algunas políticas.

Y no nos hagamos trampas al solitario, en este momento no tenemos afinadas las técnicas econométricas para saber cuánto cuesta nuestra sanidad en términos de coste real. Por lo que hay que llegar a un enorme pacto en el sistema de redistribución y de financiación, del fondo que asegura el Estado del Bienestar, que es la variable “población ajustada” en la que tiene que tener un peso más importante la intensidad del uso del sistema sanitario público, además de las variables de envejecimiento, dispersión, distancia entre núcleos urbanos. Quiénes pagan los impuestos son los ciudadanos y las ciudadanas, no los territorios. Y ellos son los titulares de los derechos.

En la Ley Orgánica que regula nuestro sistema de financiación autonómica, no cabe una financiación finalista para la sanidad, habría que hacer una modificación de una Ley Orgánica que requiere una mayoría parlamentaria cualificada para las que no se dan las condiciones actualmente. Pero hay dos retos muy importantes en la sanidad, el primero de ellos es la cohesión. El segundo de los retos es la incorporación de la tecnología de forma segura y precoz.

La cohesión del Sistema Nacional de Salud debe pasar necesariamente por un incremento de los presupuestos del Ministerio de Sanidad. Un país no es realmente federal sino es capaz de tener un Gobierno Federal que cohesione a ese país. Pero ese incremento de presupuesto para el Ministerio de Sanidad debe venir asociado a desinvertir en estrategias concretas que son competencias de las Comunidades Autónomas (atención primaria de salud, salud mental, …) y deben sostener un incremento importante en el fondo de cohesión que compense a las Comunidades Autónomas receptoras de pacientes por contar con servicios y centros de referencia, pero también que permita la libre circulación de personas por cualquier motivo.

El reto tecnológico debe venir con financiación. En un determinado momento, en este país, se decidió que los medicamentos nuevos pasaran a ser inmensamente mayoritarios de diagnóstico hospitalario, lo que compromete y de qué manera el capítulo 2 de nuestros servicios regionales de salud, sin conseguir el pretendido fin de control y racionalización del gasto farmacéutico, y sin conseguir aportar más seguridad en la mayoría de los casos. Y esto debe tenerse en cuenta.

La financiación sanitaria no debe ser ajena a la gestión y aunque no lo he abordado, es algo indispensable y debe ser evaluada para que la Conferencia de Política Fiscal y Financiera vaya adaptando la financiación y las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas en base a esas evaluaciones de políticas públicas.