Proteger a quienes nos cuidan: penas más duras para los agresores de enfermeras

Cuidar a quien nos cuida es una obligación. En España se registra una media de siete agresiones a enfermeras cada día, algo inadmisible y preocupante. En 2024, el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería (CGE) registró 2.525 casos de agresiones a enfermeras, el 80% de las víctimas fueron mujeres y la mayoría de las agresiones se produjeron en Atención Primaria y los servicios de urgencias hospitalarios.

Este verano, los medios de comunicación se han hecho eco de diversas agresiones a nuestro personal sanitario en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha. Estas acciones incívicas, fruto de la presión asistencial, la falta de personal y el déficit estructural del sistema, no son casos aislados, sino que afectan gravemente a todo el país.

Andalucía y Baleares tienen el triste honor de encabezar el mapa negro de agresiones registradas en España, con 546 y 380 casos registrados, respectivamente, en 2024. Les siguen de Castilla y León (359), Aragón (290) y Navarra (230) y, en el otro extremo, repiten Ceuta (1), Melilla (1), Extremadura (46), Comunidad Valenciana (14) y Comunidad de Madrid (25).

Estas agresiones registradas desgraciadamente no son todas las que se producen año tras año, muchas quedan sin registrar y sin denunciarse, las agresiones que se registran a veces también se ocultan no son públicas y no hay transparencia en la información, esto provoca un enorme problema ya que no se conoce la dimensión real del problema y de esta manera es más difícil plantear soluciones.

Las principales causas detrás de cada agresión a nuestras enfermeras son la insatisfacción de los ciudadanos por la atención recibida, los problemas de accesibilidad, las altas demoras para ser atendidos y la presión asistencial que se viven a diario en los servicios de urgencias o de atención primaria. Lo terrible de este asunto es que si no se toman medidas urgentes la situación irá a peor inevitablemente, puesto que la falta de recursos y personal enfermero no deja de aumentar.

Las más de 350.000 enfermeras y enfermeros de España realizamos cada día nuestro trabajo con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra este  país. Hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos con nuestros vecinos europeos. Es necesario recordar que somos el mayor colectivo del sistema sanitario español y no merecemos ser víctimas de agresiones por parte de nuestros pacientes o de sus familiares. Las enfermeras y enfermeros no somos responsables de los males del sistema sanitario, de las demoras en la atención, de la falta de recursos o de no poder atender las expectativas de los ciudadanos. 

Desde el CGE insistimos siempre que cada agresión debe ser denunciada, por leve que parezca, porque si no hay denuncia no existe a efectos legales y, por tanto, no hay consecuencias para los responsables. Exigimos a las administraciones que se endurezcan las penas para quienes atacan a nuestros profesionales sanitarios durante su jornada laboral. Lamentablemente, hoy, insultar, amenazar o agredir a una enfermera apenas tiene repercusiones legales y esta falta de consecuencias permite a los agresores actuar con total impunidad. En muchos casos, las condenas se limitan a cuatro meses de prisión o multas irrisorias de entre 400 y 600 euros, lo que resulta claramente insuficiente para disuadir a los agresores.

Es fundamental que las enfermeras sepan que no están solas y que cuentan con el apoyo de sus colegios profesionales, que ponen a su disposición servicios jurídicos para tramitar las denuncias, del Consejo General de Enfermería, que ha desarrollado un Plan Integral de Prevención de Agresiones en colaboración con la Policía Nacional, así como de la Guardia Civil y otros cuerpos autonómicos.

Si queremos frenar esta lacra, no basta con que nuestras enfermeras denuncien. Es imprescindible contar con un plan nacional contra las agresiones a sanitarios que contemple el refuerzo de las medidas de seguridad, el endurecimiento del Código Penal y la extensión de la consideración de "autoridad" -denominación que actualmente sólo se aplica a los profesionales del sistema público- a los que ejercen en el sector privado, cuyas agresiones tienen aún menos consecuencias legales.

Hay límites que no se pueden traspasar. La vocación y la dedicación de nuestras profesionales no implica que deban aceptar agresiones, insultos o amenazas. Frente a la violencia, denuncia y tolerancia cero.