GASPAR LLAMAZARES TRIGO, MÉDICO Y ANALISTA POLÍTICO
Lun 13 julio de 2020. 18.30H
La salud en todas las políticas
"Y si logramos ser mucho mejores -o un poco mejores-, corrigiendo errores que cometiéndolos, saldremos adelante".

Jonas Salk.


Ahora resulta que los confinamientos parciales con autorización judicial son para la derecha la demostración palmaria de que sí había una alternativa al Estado de Alarma frente a la pandemia, que evitaría además la tentación liberticida de un gobierno socialcomunista. Todo sea por retorcer la realidad hasta que ésta se adapte finalmente a su relato.

Y nos proponen la aplicación de la ley general de salud pública. Una ley que ellos mismos menospreciaron y aparcaron durante dos legislaturas con la excusa de la recesión económica. Como también hicieron con los recortes de los servicios públicos y la atención sanitaria con el eufemismo de la sostenibilidad.

Lo que no nos dicen es lo que hubiera ocurrido si, en vez del confinamiento, la respuesta del gobierno se hubiera limitado solo a la aplicación de las medidas parciales contempladas en la ley de medidas especiales y en la ley general de salud pública, sancionadas por la intervención judicial, como respuesta en el momento de máxima expansión a la primera ola de la covid-19 en España.

Y no lo hacen porque saben que a eso se le conoce en epidemiología como estrategia de inmunidad de rebaño o de grupo que no tiene buena prensa. Un modelo de intervención que prioriza el mantenimiento de la actividad económica frente a la salud pública, y que ha fracasado de forma estrepitosa con el consiguiente descontrol de la pandemia, obligando a los gobiernos defensores de la medida a una tardía rectificación, porque no ha logrado ni la inmunidad masiva pretendida ni tampoco el mantenimiento de la actividad económica por encima del resto de los Estados que optaron por el confinamiento.

Así se ha constatado en las distopías brasileña y norteamericana, pero también en los casos más próximos de la Suecia del primer ministro Stefan Löfven y de la Inglaterra de Boris Johnson.

Tampoco se han cumplido los negros presagios de la derecha al rebufo de la extrema derecha española, en cuanto a la teoría de la conspiración de la declaración de Emergencia como un solapado Estado de Excepción que cercenaría las libertades democráticas y el control parlamentario de forma poco menos que irreversible.

Muy al contrario, lo que se ha demostrado es que los sucesivos decretos del Estado de Emergencia (de alarma o calamidad en otros) se han utilizado de manera generalizada por la mayoría de los gobiernos, garantizando con ello la limitación de la movilidad y las medidas de salud pública para doblegar la curva de contagios con mayor rapidez y eficacia que el resto de los países.

Qué además éstas se hicieran con un control parlamentario quincenal, e incluso con una interlocución e información periódicas, sin lugar a dudas sin precedentes. Es verdad que con una participación más o menos satisfactoria para las administraciones autonómicas que tienen competencias en la materia, y por tanto sujeta a la correspondiente valoración crítica, de si hubiera sido mejor un modelo de federalización o de cogobierno en la respuesta a la pandemia.

Lo que no dicen, es que ahora nos encontramos en una fase distinta de la de transmisión comunitaria, que entonces obligó al confinamiento, y que hoy ante los brotes, aunque crecientes, les corresponden otras medidas muy distintas, limitadas, casi quirúrgicas, de tratamiento y aislamiento de los casos afectados junto al rastreo y seguimiento de sus contactos.

Estamos también en otra etapa de la covid-19 que requiere otra forma de intervención y responsabilidad pública, en este caso por parte de las administraciones con competencias sanitarias, como son las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad de coordinación de la Administración Central. Se trata de las medidas de refuerzo de la Atención Primaria como eje del sistema de respuesta, de la salud pública como sistema de inteligencia y de los equipos de rastreadores para la detección y el seguimiento de contactos. Sigue entre interrogantes la viabilidad de una app de rastreo de contactos, hoy en ensayo piloto en La Gomera.

Asimismo, de la asunción de responsabilidad en el marco de las empresas y de los agricultores de la vendimia para con las condiciones laborales y sociales de los trabajadores que sumados a los transportes públicos y el entorno familiar se han demostrado como los ámbitos más favorables de transmisión del virus sars-cov2.

Y por supuesto de la consiguiente responsabilidad ciudadana con las medidas de distanciamiento e higiene, que también son las que se corresponden con las actuales circunstancias. La nueva libertad conlleva pues una responsabilidad compartida en materia de salud pública.

Con ello hemos ido pasando de la competencia autonómica inicial al mando único en el confinamiento, de éste a la cogobernanza en la desescalada y ahora, en la fase de control y convivencia con el virus, hemos retornado de nuevo a la competencia autonómica. Con ello se ha desmentido no solo la acusación de centralización de competencias (bajo la denominación peyorativa de 155 sanitario) sino también de la supuesta irreversibilidad de la medida. Demostrandose también una flexibilidad inesperada del modelo autonómico en momentos de crisis, que unos y otros deberíamos valorar de cara a futuras críticas y propuestas de reforma.


"Lo más importante hoy es ver con humildad y sobre todo con capacidad autocrítica la evolución de la pandemia en plena expansión, dentro y fuera de nuestras fronteras, para corregir los puntos débiles en la respuesta a los nuevos brotes"


Ahora, incluso aquellos que en su momento atribuyeron al Ministerio de Sanidad y a la vicepresidencia de derechos sociales las culpas de la plétora de las UCIs hospitalarias o el rastro trágico del virus en las residencias de ancianos, no dejarán de reconocer que nunca dejaron de ostentar las competencias, y que si acaso lo que pudieron entonces reclamar y ahora podemos valorar fue si acaso el funcionamiento del respaldo complementario y de la coordinación del gobierno central.

Aunque también ha habido recientemente quien terció en campaña electoral desde la derecha de gobierno gallega, escandalizandose de la utilización política de la pandemia en la campaña, cuando de forma más o menos burda o más o menos sibilina esa ha sido la principal aportación de su actividad de oposición frente al gobierno Sánchez en tiempos de la covid-19. Los mismos que ahora miran para otro lado anteponiendo sus intereses políticos a las posibles consecuencias de los brotes en el derecho de participación electoral.

Sin embargo todavía queda también quien desde el mundo independentista se obceca en que los brotes actuales serían la demostración de que no solo la gestión sanitaria, sino incluso de la propia pandemia, sus afectados y fallecidos serían una culpa más de España.

Y todo a pesar de que primero sus alternativas drásticas de confinamiento, y luego sus discrepancias con las fases y ámbitos para la desescalada han quedado desmentidas por los hechos, sin que se les haya oído ni una reflexión autocrítica y mucho menos una sola rectificación. Solo el silencio.

Estas tres posiciones resumen, a grandes rasgos, los 'relatos' predominantes en la oposición política y territorial en tiempos de pandemia. La simplificación en tiempos de complejidad e incertidumbre.

El de la ya fracasada inmunidad de rebaño, aunque se adorne con el ropaje de la defensa irrestricta de la libertad frente a las limitaciones por razones de salud pública. El del localismo y supremacismo que se atribuye a sí mismo la infalibilidad y achaca cualquier problema a un supuesto recorte del autogobierno y a los errores del gobierno del Estado, al que se considera intrínsecamente incompetente. O el intento de eludir cualquier responsabilidad de unos y de otros, con aquello de que lo mejor entre bomberos es no pisarse la manguera, con el refugio del relato científico y con la omisión del carácter político de sus decisiones
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Por eso, quizá lo más importante hoy sea ver con humildad y sobre todo con capacidad autocrítica la evolución de la pandemia en plena expansión, dentro y fuera de nuestras fronteras, para corregir los puntos débiles en la respuesta a los nuevos brotes y en la prevención de una más que probable próxima oleada de la covid-19.

La humildad para evitar tantos balances prematuros, el reparto de éxitos y de culpas  y la dialéctica de polarización política de suma cero. Y sobre todo autocrítica para reforzar puntos débiles en lo más imediato como ocurre con la salud pública y la Atención Primaria, pero también para poner las bases y evitar en el futuro los déficits que ya venimos arrastrando desde las últimas pandemias: la abrupta interrupción de la cadena de suministros sanitarios o el acaparamiento escandaloso por unos pocos de los tratamientos y las vacunas que deberían estar al alcance de todos. Pero sobre todo los modelos de urbanización, alimentación y transporte que están entre los determinantes sociales de una zoonosis transformada en otra terrible pandemia.

La covid-19 no es la primera pandemia ni será la última, pero debemos evitar el que nos coja desprevenidos o empezando de cero, una vez más.


Gaspar Llamazares Trigo es autor junto a Gema González y Miguel Souto del libro recientemente publicado 'Salud: derecho o negocio. Una defensa de la sanidad pública'