El Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida ya en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dice que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La solidaridad y sociabilidad de los individuos caracterizan la ética de culturas, comunidades y países. Inmigración, explosión demográfica, refugiados… son términos que definen un problema político en los países del mundo con más recursos económicos.

El fenómeno de las migraciones no es nuevo y se puede analizar desde dos principales vertientes: la ideología económica y la sensibilidad política, entendidas estas como la visión de los administradores públicos. Y también podríamos considerarlo desde el punto de vista del individuo que está sufriendo su desamparo e inseguridad jurídica, y entonces utilizaríamos las palabras pobreza, marginación e injusticia. No se puede ignorar el problema desde ningún punto de vista, pero este drama es sin duda un asunto de conciencia para la mayoría de los ciudadanos del mundo, porque si bien hay países europeos cuyos gobiernos mantienen una política de apartheid e impiden el acceso a los inmigrantes, la mayoría de la sociedad europea se ha volcado por ellos, algo de lo que parecen no haberse enterado la mayoría de los gobiernos que aún no han tomado cartas en el asunto.

Tenemos un problema que va más allá de la modificación de leyes o la facilitación de una tarjeta sanitaria, y es quizás la perspectiva de qué hacer. Desde un punto de vista de Salud Pública, y en términos muy generales, es muy difícil un brote epidémico entre los refugiados, dado el ingente trabajo de control y atención sanitaria que están realizando nuestros compañeros de las oenegés destacadas en las zonas de conflicto. Y en cuanto a la necesidad de uso de los servicios médicos de los inmigrantes, la mayoría es joven y no requiere de una especial atención sanitaria: se podría decir que son personas que vienen a trabajar y se sobreentiende que sin patología asociada (las condiciones de vida aquí sí que pueden hacer que aparezca enfermedad por causas como la desnutrición, el estrés/agotamiento, o el dormir hacinado o a la intemperie).

Analizando los datos demográficos es imposible establecer el flujo futuro de la inmigración, lo que es seguro es que seguirá creciendo. No obstante, el posible gasto sanitario que tendremos en la atención de refugiados o inmigrantes es poco significativo y lo lógico es que se compartiera entre todos los países que conformamos la Unión Europea. Lo sensato sería enfocar su proyección atajando el problema en los países de origen y con la voluntad de llevar a cabo las medidas que resulten necesarias. Si es un país inmerso en una guerra debemos contribuir activamente para que esta se acabe, si hay pobreza tenemos que generar los recursos necesarios para que puedan trabajar y vivir en su tierra... la alternativa no viable es construir muros a una naturaleza humana que emigra desde los orígenes mismos de la historia. Siguiendo con lo que nos ocupa, no habrá avances mientras no se apoye a los países pobres con políticas económicas, sociales y culturales de progreso.

Es de destacar que hoy la gran crisis migratoria sucede en el este de Europa y que de momento Alemania ha asumido la mayor responsabilidad en la resolución del problema, aunque la lógica impulsa a pensar que debemos estar preparados para incorporar en el menor lapso de tiempo a todos los refugiados que acogerá nuestro país; y debería ser obvio que nuestro Sistema Nacional de Salud tiene que darles la atención sanitaria que merecen.

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ya nos hemos manifestado en muchas ocasiones al respecto, la última, sin ir más lejos, recientemente, con el fin de recordar que hay que conseguir que la atención sanitaria que se preste a la población no tenga sesgos en función de su origen económico (inmigrantes), político (refugiados) o de derecho (ciudadanos europeos), y que reúna los criterios de calidad, eficacia y eficiencia que caracterizan al sistema sanitario español. Los médicos, tal como indica nuestro código deontológico en los apartados 2 y 3 de su Artículo 4, debemos atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna, y exigir que esta atención se contemple dentro del marco legal y que se cuantifique como tal en el global de los recursos de la población que tenemos asignada.

En definitiva, debemos conseguir un sistema sanitario que preserve la universalidad, la solidaridad, la accesibilidad y la equidad (también para con sus profesionales). Para ello, es imprescindible y urgente un Pacto por la Sanidad que ratifique esos valores, vuelva a afianzar las bases y asegure el funcionamiento y la sostenibilidad del SNS más allá de colores políticos y de los parches/enmiendas de turno. Y conseguirlo pasa por subsanar problemas que nada tienen que ver con la inmigración.

Aunque es un hecho que, tal como apuntan diferentes organismos internacionales, más de 350.000 refugiados y migrantes han llegado a Europa en lo que va del año, se suman a los casi 2 millones que se han refugiado en Turquía y, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), unas 850.000 personas solicitarán asilo en Europa este año y el próximo, pero eso no es lo que hace peligrar nuestro sistema de salud tal como lo conocemos. Tampoco nuestros datos locales al respecto, que hablan por sí solos: según el último informe de migraciones del Instituto Nacional de Estadística (sobre el 2014, cifras provisionales a 1 de enero del 2015), la población residente en España disminuyó en 72.335 personas durante 2014; el saldo migratorio en 2014 fue negativo en 102.309 personas (españoles y extranjeros), un 59,3 por ciento menor que en 2013. Siguen emigrando más españoles de los que inmigran… pero lo destacable es que lo mismo pasa con los extranjeros: el saldo migratorio fue de menos 64.802 personas en 2014, es decir, emigraron 330.559 personas e inmigraron 265.757. 

De hecho, desde 2010 este saldo migratorio es negativo: se van de España más extranjeros de los que vienen (emigración de extranjeros durante 2014 que se concentró en las poblaciones de 20 a 49 años, con mayor proporción de hombres). Ello, evidentemente, no quiere decir que la demografía de la población de inmigrantes en situación administrativa irregular siga estas tendencias: conocer las cifras podrá ayudarnos a realizar una valoración más precisa, sin embargo estos datos pueden ponernos algo en situación.

En resumen, el llamado problema de la inmigración no es un problema. Diría que en España es al revés, que el bajo crecimiento poblacional hace peligrar nuestra evolución (entre otros factores parte de la sostenibilidad de la Seguridad Social al repercutir en menor mano de obra, el no ingreso de personas ya formadas, etcétera) debido a una demografía estancada o en retroceso así como la postergación de los matrimonios en la edad de concebir a sus hijos. Aunque inmigración y sostenibilidad del sistema sanitario es sin duda un tema, como decía de entrada, que debe analizarse desde múltiples perspectivas y valorando todas ellas por igual.

Podría concluir estas apreciaciones sintetizando con una opinión, creo que es necesaria una política integral que asuma de manera global las cuestiones relacionadas con los cursos migrantes: sin duda debemos conseguir una legislación internacional que regule y atienda las necesidades de todo el mundo (de los que están y de los que vienen). Analizar los problemas y necesidad de mejoras de nuestra sanidad es sin duda importante, pero sus carencias nada tienen que ver con un aumento de la inmigración, por otro lado inexistente tal como se pinta en nuestro país. Deberíamos atenernos a la ética y a la humanidad, y ser especialmente solidarios con las migraciones forzadas por conflictos bélicos, desastres naturales, opresión política… Y no perder de vista que las migraciones han sido constantes en la historia: todos somos susceptibles de migrar algún día.

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