Transparencia y responsabilidad: a propósito de los cribados

En las últimas fechas hemos sabido que en Andalucía se han producido notorios retrasos en la confirmación diagnóstica de eventuales lesiones mamarias, detectadas mediante mamografía, en el marco del programa de prevención secundaria del cáncer de esta glándula, evento que no se puede descartar que haya sucedido en otras comunidades autónomas.

Un acontecimiento que ha acaparado la atención de los medios de comunicación social, inquietado a la población y atizado las agrias confrontaciones partidistas a las que nos tienen acostumbrados los partidos políticos. Aunque en esta ocasión la dimensión institucional del asunto adquiera una particular relevancia.

Entre la población y, particularmente en el colectivo afectado directamente por la cuestión, las reacciones de los responsables políticos de las instituciones implicadas --tratando de minimizar la importancia del problema recurriendo a hipotéticas explicaciones que además de ser poco convincentes han incluido consideraciones endebles y vacilantes aparentemente al menos, incluso sin cuidarse de evitar desaires y desdenes a las asociaciones civiles involucradas—han añadido indignación a la inicial alarma.  

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"Es moneda corriente que nuestros dirigentes nieguen la mayor y que, en el mejor de los casos, pretendan trasladar las culpas a otras personas e instituciones"

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En el ámbito político la guinda del pastel la han puesto los responsables sanitarios de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonando en bloque la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un encuentro que, por tratarse de una actividad regular y periódica convocada con mucha antelación, probablemente no incluyera en el orden del día, una referencia explícita a la cuestión, aunque tal vez hubiera podido servir para analizar el problema y buscar soluciones para intentar prevenir (nunca mejor dicho) que vuelva a repetirse.

Una actitud, la de estos comisionados políticos cuya responsabilidad institucional trasciende la representatividad partidaria, que pone en un brete los fundamentos mismos de la convivencia política. Y llama la atención que sean los más acérrimos detractores del supuesto filibusterismo de algunas fuerzas políticas –por ejemplo, los partidos separatistas-- quienes lo practiquen sin ningún rubor.

Transparencia, responsabilidad, búsqueda de soluciones y rendición de cuentas sobre lo acaecido deberían ser los principios básicos y elementales de todos aquellos que asumen responsabilidades de cualesquiera administraciones públicas. Decimos deberían por que, desgraciadamente, no suele ser lo habitual. Es moneda corriente que nuestros dirigentes nieguen la mayor y que, en el mejor de los casos, pretendan trasladar las culpas a otras personas e instituciones.

La noticia de que la Consejería de Sanidad de Andalucía externalizó en 2021 la gestión de algunos componentes del programa de cribado a la empresa japonesa NTT y a otras subcontratas locales, lo que pudo haber comportado cambios en los criterios de priorización y de tramitación de las notificaciones a las pacientes que originarían los graves fallos y retrasos que afectaron a varios miles de personas, entre ellas las que tenían lesiones con sospecha de malignidad, no exonera, más bien al contrario, a las autoridades sanitarias de su responsabilidad.

Con independencia de las críticas procedentes del ámbito profesional y científico que ameriten los programas de prevención secundaria que se basan en cribados poblacionales --como ya se mencionaron en nuestro anterior artículo-- cuando se acuerda instaurar o mantener un programa de cribado como el del cáncer de mama, la obligación de las administraciones competentes es supervisar que su desarrollo operativo respete los requisitos de calidad técnica exigibles, para reducir al máximo las consecuencias negativas de eventuales incidentes.

Como apuntábamos antes, diversos cribados están sometidos últimamente a análisis críticos sobre su coste-oportunidad y efectividad, así como sobre su papel en la generación de sobrediagnóstico y el consiguiente sobretratamiento. Lo que no está en cuestión es la necesidad de que nuestros decisores sanitarios sean capaces, de una vez por todas, de asumir que sin transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas no se está legitimado para gestionar los recursos públicos.