Sin embargo, los sindicatos se quejan de que para 2015 aún quedan muchos temas pendientes, como el de las especialidades enfermeras



1 ene. 2015 10:50H
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Cristina Alcalá. Madrid
La puesta en marcha del Observatorio del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los cinco sindicatos del sector que conforman el Ámbito de Negociación (CSI-F, CCOO, UGT, CESM y Satse) ha sido el paso más importante que han dado estos agentes en el último año.

Carlos Moreno, Rafael Reig, Antonio Cabrera, Francisco Miralles, Pilar Navarro y Fernando Molina.

A pesar de ser un gran avance para este campo, el Observatorio no vio la luz hasta finales de noviembre, tal y como ya adelantó este periódico, principalmente, por el retraso que acarreaban estas reuniones desde finales de verano, donde Sanidad y sindicatos no se ponían de acuerdo para fijar una fecha, sumado a la gestión del primer contagio por ébola en España, que paralizó cualquier tipo de avance en la hoja de ruta marcada hasta el momento.

Han tenido que pasar más de diez años para que el sistema sanitario contara con una entidad de este calibre, originada en el marco de la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, y donde se establecía que este observatorio depende del Ministerio para dotar de “un análisis permanente del SNS en su conjunto, mediante estudios comparados de los servicios de salud de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados”. Es decir, que esta normativa marcaba el camino para la evolución de los modelos de gestión implantados en todos y cada uno de los servicios de salud del país, así como en los contratos, retribución y sistemas de incentivación en el personal sanitario de España.

No obstante, a día de hoy este organismo ya está formalmente constituido a través de tres grupos de trabajo (gestión, empleo y condiciones laborales) y formado por dos representantes de cada sindicato, es decir, diez en total, así como el calendario de temas a abordar a partir de 2015, el último año de legislatura del actual Ejecutivo.

En un principio, estaba previsto que tuvieran una hoja de ruta marcada después de que Sanidad se reuniese con las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 3 de diciembre pero, debido a la dimisión de Ana Mato al frente de esta cartera y a la llegada de Alfonso Alonso como nuevo titular, la información para empezar a trabajar aún no ha sido remitida por las autonomías y no será hasta el 14 de enero, como muy pronto, cuando lo hagan, con la nueva convocatoria del Interterritorial.

Otros puntos pendientes

Sin embargo, no todo han sido avances en el Ámbito de Negociación de 2014. A lo largo de lo que va de año, los representantes sindicales se vienen quejando de la lentitud de las negociaciones, así como el estancamiento de temas claves para la mejora del sistema. El principal de ello, el de las especialidades en Enfermería, prioridad que comparten con la Mesa de la Profesión Enfermera, compuesta por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el sindicato Satse.
Ambas plataformas han insistido en innumerables ocasiones en la necesidad de ponerlas en marcha, en concreto, la de Cuidados Médicos-Quirúrgicos, una de las más atrasadas en la cronología que la Administración planteó a las autonomías y que ha reducido a antes de 2024, como en un principio se preveía.

La troncalidad ha sido otra de las confrontaciones, especialmente después de su aprobación de este verano. Momento el que los sindicatos sanitarios exigieron rehacerla “desde cero” para desarrollar, con el consenso de estos agentes, las áreas de capacitación específica (ACE).

El aumento de la tasa de reposición en los trabajadores públicos en sanidad del pasado mes de octubre, del 10 al 50 por ciento, fue un anuncio que los sindicatos sectoriales acogieron con los brazos abiertos y a la que solo pusieron una única pega: la necesidad de unificar con todas las comunidades autónomas unos ratios mínimos a la hora de incrementar las plantillas para evitar desigualdades en cuanto a personal en los 17 servicios de salud.

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