Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. (Imagen de Europa Press)
Una de las primeras medidas ejecutadas por la Junta de Andalucía ante el
accidente ferroviario de dos trenes de alta velocidad registrado el último domingo en Córdoba, fue activar el
Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, en fase 1, en la provincia. Así lo informó Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de su cuenta oficial de X (antes, Twitter), cuando aún el número de fallecidos no superaba los cinco.
Pero, ¿en qué consiste esta medida? El decreto 69/2024, de 4 de marzo, aprueba y establece el contenido y los efectos de la
declaración de emergencia. La norma fija la regulación, la planificación y la ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de protección, y la atención y protección civil ante situaciones de
emergencia, catástrofe o calamidad pública.
Según la resolución, son "emergencias de interés general de Andalucía aquellas que se consideren de
especial gravedad por sus dimensiones efectivas o previsibles". Con esta declaración se compone un Gabinete de Crisis, liderado por
Juan Manuel Moreno Bonilla; la motivación y su
ámbito temporal y territorial, en este caso, Córdoba.
Acciones en el ámbito sanitario
En cuanto a las medidas que se establecen en el
ámbito sanitario para enfrentar la tragedia que, hasta el momento, ha cobrado la vida de por lo menos 39 personas, está la
creación de un Grupo Sanitario, como parte de grupos operativos específicos que intervienen durante la emergencia.
Este grupo está integrado por el
Sistema Sanitario Público de Andalucía -lo que incluye al Centro de Emergencias Sanitarias 061-, centros hospitalarios privados, empresas de transporte sanitario privadas,
servicios de atención psicológica, Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales.
Las funciones están organizadas en 10 puntos. Entre ellos, establecer las
medidas de protección sanitaria si se determinan riesgos para los efectivos actuantes y para la población; organizar el dispositivo de salud y prestación de la asistencia en la zona afectada y en los centros de evacuación si procede; hacer el contro higiénico-sanitario del agua, de los alimentos y del alojamiento y otras
medidas de sanidad pública; determinar las recomendaciones y mensajes de salud a la población; hacer control epidemiológico; dar una
primera valoración sanitaria y triaje a las personas afectadas; realizar la
asistencia psicológica de emergencias a víctimas, familiares e intervinientes; ordenar la evacuación de personas afectadas a centros asistenciales; valorar los daños en la red hospitalaria y estimar el número de víctimas.
El plan también contempla medidas para mitigar los efectos de una catástrofe, como la atención y delimitación de una 'Zona de Socorro', que es un área específica donde se realizan las funciones de atención, clasificación y evacuación sanitaria. "Esta zona se ubicará donde exista la certeza de que el alcance de la situación no afecte a la seguridad de las vidas de las personas actuantes o población y las condiciones medioambientales sean aceptables. En esta área estarán limitados los accesos, permitiendo solo el paso de medios y recursos implicados", indica la resolución.
Por último, se designan albergues para dar cobijo a personas evacuadas durante la emergencia. Pueden ser hoteles, residencias, colegios, centros educativos u otras instalaciones, que contarán con un área de sanidad. Ahí, se procederá al traslado y atención sanitaria, la identificación de los grupos vulnerables, la movilización de personas heridas y el traslado a los centros sanitarios, así como la atención psicológica. Se fija también el suministro de medicamentos.
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