Ley de profesionalización en las comunidades autónomas.                                            
                                        
                                        
                                            Madrid fue la comunidad autónoma pionera en
 profesionalizar la gestión sanitaria. En diciembre de 2017, la
 Asamblea de Madrid aprobó la 
Ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria impulsada por el Ejecutivo que lidera
 Cristina Cifuentes, por la que se establece un sistema de elección de los máximos responsables de los hospitales públicos madrileños según la valoración del mérito y la capacidad de cada uno. Este sistema de elección puso fin a la 
libre designación.
Desde entonces, otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de la capital, pero la profesionalización de la gestión sanitaria a estos niveles de exigencia sigue siendo una 
asignatura pendiente prácticamente en el 50 por ciento de las CCAA.
Las dos que más han avanzado a este respecto son la 
Comunidad Valenciana y 
Extremadura. Esta última ya cuenta con un 
Decreto por el que se regula el personal directivo profesional del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, que se encuentra 
colgado en el portal de trasparencia de la Junta de Extremadura para información pública. Una vez finalizado este periodo de exposición pasará a ser aprobado por el C
onsejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. A su vez, la Comunidad Valenciana cuenta con un Decreto que debe ser aprobado y que actualmente se encuentra en plena consulta pública previa a su aprobación.
En 2016,
 Castilla y León ya dio un fuerte empujón a la profesionalización del directivo sanitario en el sector público. Así, se dio el paso de formalizar una convocatoria pública en toda regla para la libre designación de sus gerentes de hospital, 
tanto para el Clínico de Valladolid y de El Bierzo de León. Sendas convocatorias públicas para cubrir los dos puestos a partir de la normativa vigente para nombramientos de esta índole, incluía el requisito de que el candidato fuera funcionario de la administración pública, entre otras condiciones. La convocatoria también se abrió a personal que no cumpliera el requisito de ser funcionario a cambio de que, en ese caso, se formalizara un contrato laboral conforme a lo que dictaba la ley.
Las personas admitidas como candidatos a los puestos fueron evaluadas por el
 Comité de Valoración, que encabezó el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Rafael López Iglesias, y lo completaron cuatro vocales y una secretaria.  Estos expertos siguieron criterios para elegir al ganador de la plaza como la 
experiencia acreditada en las áreas de Dirección y Gestión Clínica; la formación específica en gestión sanitaria; 
el grado de participación en la gestión de la salud en centros e instituciones sanitarias y, por último, la investigación y docencia relacionadas con las funciones del cargo convocado.
Por aquel entonces, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que participó como
 órgano externo asesor en el mencionado proceso, valoró la iniciativa como
 “un paso adelante en la estandarización de procesos de selección públicos, transparentes y objetivos, necesarios para seleccionar a los mejores desde el punto de vista de la formación y experiencia y más allá de la afinidad política”, en palabras de su presidente, Joaquín Estévez.
Andalucía, Canarias y La-Mancha, en fase preliminar
La comunidades autónomas de 
Andalucía, 
Canarias y 
Castilla La-Mancha estudian el desarrollo de normativas similares.
En el caso andaluz existe un Decreto que regula el procedimiento de seleccion y nombramiento de cargos intermedios y directivos (el decreto 75/2007). Por otro lado, se está trabajando en una estrategia de mejora de la función directiva en el marco de la 
Ley de Garantias y Sostenibilidad.
En estos momentos, la idea es poder 
elaborar dos decretos (uno para directivos y otro para cargos intermedios) que revisen los procedimientos y que avancen en los principios que la ley establece de 
buen gobierno, 
transparencia y 
participación.
En Canarias el consejero de Sanidad anunció el pasado mes de noviembre en el Parlamento autonómico que su departamento trabaja actualmente en la 
normalización de los nombramientos de directivos, una iniciativa que forma parte del 
Compromiso por la mejora de la sanidad pública canaria. Asimismo, la iniciativa se negociará en la mesa sectorial y se prevé que antes de final de año haya ya una convocatoria negociada. El Ejecutivo de Castilla La-Mancha también está trabajando en un 
decreto de selección y provisión que regule estos aspectos.
CCAA sin previsión de nuevas leyes
En 
Aragón, 
Galicia, 
País Vasco, 
Cantabria, 
Región de Murcia, 
La Rioja, el
 Principado de Asturias, 
Baleares y la 
Comunidad Foral de 
Navarra el avance en esta clase de legislación es 
inexistente, aunque en algunas CCAA sí que se han tomado ciertas medidas.
Desde el País Vasco alegan que “aunque los nombramientos son discrecionales, se llevan a cabo mediante convocatoria pública y s
e valora el expediente profesional de los candidatos”. De la misma forma ocurre en el Principado de Asturias y la Región de Murcia, que no cuentan con ley profesionalización pero 
hacen públicas las convocatorias de puestos de directivos sanitarios. En Baleares, por su parte, también argumentan que “el acceso a puestos se hace mediante una convocatoria que
 se publica en el BOIB” a la que se puede presentar “quien cumpla los requisitos que se solicitan”.
Por último, en La Rioja explican que “se está trabajando para 
dar una mayor publicidad a los procesos de selección con el objetivo de atraer a un mayor número de candidatos a la selección, lo que enriquecerá sin duda los procesos”.
                                        
 
                                        
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