La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha iniciado los trámites para actualizar los
requisitos mínimos de formación para cuatro profesiones sanitarias en base a las últimas directrices europeas. Hasta el próximo 15 de octubre está abierto el plazo de consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que modificará los planes para formarse en España como enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, farmacéutico y veterinario. El objetivo es
adaptar los programas “a los avances científicos y tecnológicos recientes, cerrando la brecha entre la formación recibida y las competencias necesarias en la práctica profesional actual”.
El departamento que dirige Diana Morant busca
incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada 2024/782 de la Comisión Europea, de 4 de marzo de 2024, que modifica otra Directiva, la 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. También se quiere hacer lo propio con la Directiva Delegada (UE) 2025/1223, de 10 de abril de 2025. La primera es la que afecta a los requisitos mínimos de la formación de
enfermeros responsables de cuidados generales,
odontólogos y
farmacéuticos; y la segunda, a los de los
veterinarios.
Adaptar las competencias sanitarias a las nuevas tecnologías
Según se detalla en la web ministerial, la reforma responde a la necesidad de “actualizar y armonizar los estándares de formación profesional en la Unión Europea, asegurando que los profesionales de estos campos posean las
competencias necesarias para ejercer en un entorno cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado”.
Universidades explica que, aunque los cambios “no alteran sustancialmente el espíritu de las normas anteriores”, sí “son necesarios para
garantizar la calidad de la formación”, asegurar que los profesionales españoles “cumplan con los estándares europeos”,
facilitar la movilidad profesional “permitiendo que los profesionales formados en España puedan ejercer en otros países de la Unión Europea sin obstáculos” y actualizar, en definitiva, la normativa nacional, “adaptándola a los avances y necesidades actuales del sector sanitario y educativo”.
El proyecto de Real Decreto también persigue “
reducir las disparidades en los estándares de formación entre los Estados miembros de la Unión Europea, garantizando una calidad uniforme de la formación profesional y facilitando la confianza en las cualificaciones profesionales”. En esta línea, Universidades quiere simplificar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales “eliminando los obstáculos que aún dificultan que los titulados españoles puedan ejercer en otros países de la Unión Europea sin dificultades adicionales”.
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