Redacción. Madrid
Los sindicatos que componen el Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es decir, Satse, CESM, CCOO, UGT y CSI-F, han acordado adaptar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y dotar de naturaleza legal y vinculante a este organismo.
El director de Ordenación Profesional Carlos Moreno con los miembros del Ámbito de Negociación: Mar Rocha (Satse); Antonio Cabrera (CCOO); Francisco Miralles (CESM); Pilar Navarro (UGT) y Fernando Molina (CSIF).
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Se trata de una vieja reclamación que las organizaciones sindicales llevan pidiendo desde el pasado 25 de octubre de 2015, en un manifiesto firmado con el Secretario de Estado. La configuración específica que se pretende otorgar a estas mesas se debe a las peculiaridades de las materias que se negocian en las mismas, entre ellas la sanidad, tal y como explica CCOO en un comunicado.
Este sindicato celebra que se les dote la configuración jurídica que venía demandando, ya que ello facilita la homogenización de todos los ámbitos de negociación, y denunciaron que si no se cumplían sus exigencias, abandonarían las mesas de diálogo.
Dos deseos pendientes por cumplir
No obstante, este órgano continúa reclamando la modificación del Estatuto Marco, en su artículo 31.4, que permita elevar a Real Decreto en el acuerdo sobre homogenización de baremos, así como cerrar el acuerdo pendiente sobre desarrollo de las especialidades de Enfermería.
En otro orden de cosas, en la misma reunión de la Mesa General de la Función Pública se acordó modificar el artículo 12 del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, donde se introducen ciertas mejoras técnicas, lógicas y necesarias en la determinación de las Unidades Electorales en la Administración General del Estado (AGE) y en la Administración de Justicia.
En concreto, para el ámbito estatutario en sanidad, se mantienen las unidades electorales de Ceuta, Melilla y el Centro Nacional de Dosimetría, que se ha reflejado en el Real Decreto-Ley 1/2015, en su artículo 6, que viene a modificar el artículo 12 del RD 20/2012.
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