Se trata de unas horas destinadas al cuidado de los hijos menores de edad, mayores o personas con discapacidad

Los funcionarios sanitarios tendrán 11 días extra al año para conciliación
Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública


30 oct. 2018 15:00H
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Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, ha firmado con los sindicatos dos acuerdos en materia de conciliación e igualdad de los que se beneficiarán los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), entre los que se encuentran los funcionarios sanitarios, quienes pasarán a tener 11 días extra para el cuidado de los hijos menores de edad, mayores o personas con discapacidad, así como 16 semanas de permiso de paternidad.

Según el último boletín estadístico de los empleados de las Administraciones Públicas, hay unos 3.620 empleados en instituciones sanitarias de la Administración General del Estado (AGE) que podrán acogerse a estos acuerdos. Los sindicatos han conseguido que se regule la aplicación de una bolsa de horas recuperables que los trabajadores podrán utilizar para conciliar su vida laboral y familiar. El tiempo equivale al cinco por ciento de la jornada anual del trabajador para el cuidado de menores y para la atención de personas mayores y con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad.

Los profesionales podrán recuperar esas horas -unas 80 al año u once días- en un plazo máximo de tres meses y se podrán acumular a las jornadas completas. Además, deberán hacer una declaración responsable para su justificación.

El segundo, tal y como consta en el documento oficial, “plantea la necesidad de equiparar la duración del permiso de paternidad a los permisos por parto o adopción para avanzar en políticas y medidas en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de la conciliación y la corresponsabilidad”.

Así, los empleados públicos, entre los que se encuentran los funcionarios sanitarios, tendrán 16 semanas de permiso, medida que se implantará de forma progresiva: en 2019 será de ocho semanas, en 2020 de 12 y en 2021 de 16 semanas, “con cuatro de ellas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, adopción o acogida y 12 semanas disfrutadas de forma ininterrumpida, anteriores o sucesivas al descanso del otro progenitor”.

Puerta para las comunidades


"Al estar todo transferido y ser estatutarios nos afecta poco", recuerda Javier Martínez, presidente del sector sanidad de CSIF, que aboga a que se equiparen este tipo de medidas en pro de la conciliación "a la máxima, porque hay comunidades autónomas que tienen mejoras de ese acuerdo", explica el representante, que califica la mejora como "mínima" y aboga por la "homogeneización de las comunidades autónomas" en estas cuestiones.


"El Ministerio siempre marca un camino, por lo que es una buena noticia que sea quien lo firme y lo avale"


Desde el sindicato, aunque se valoran los acuerdos alcanzados "porque suponen una ampliación de derechos", mantienen una posición crítica para exigir al Gobierno el permiso de paternidad de 20 semanas, como el acuerdo firmado en Andalucía; así como reclaman la "posibilidad de realizar una jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años y con discapacidad; y que se extienda el sistema de bolsa de horas para el cuidado de nietos y abuelos -consanguinidad de segundo grado- tal y como ocurre también en Andalucía".
 
Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT, valora positivamente el acuerdo: "suponen un beneficio para los trabajadores y, en este caso, en una profesión tan feminizada como la sanidad, cualquier tipo de medida que vaya encaminada al tema de la igualdad y corresponsabilidad de padres y madres, es bienvenido por supuesto", se felicita la responsable, que añade: "Dedicar esas horas al cuidado de hijos o pesonas con discapacidad, es otro apoyo más a la conciliación entre la vida personal y laboral". 

Además, Gracia se alegra de que esta medida pueda suponer un avance también a nivel autonómico en un futuro. "El Ministerio siempre marca un camino, por lo que es una buena noticia que sea quien lo firme y lo avale porque supone que a las autonomías se les abra una puerta para ir detrás". 

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