Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la que han considerado "
la reforma social de mayor calado de esta legislatura". Se trata de la reforma conjunta de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, una iniciativa que busca
sentar las bases de un sistema público "universal", que "consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar, a ser cuidados, a la igualidad y a vivir una vida plena en condiciones de libertad y de autonomía". Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,
Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha detallado que
el texto está enriquecido con "cientos de aportaciones" de la Sociedad Civil, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. "Ha sido un trabajo arduo para intentar presentar el texto más ambicioso y con el mayor consenso posible", ha dicho.
Para ello, desde "hoy mismo", el Gobierno distribuirá a las comunidades
783 millones de euros para atender la
financiación del sistema de la dependencia. "El año pasado destinamos 4.516 millones de euros desde la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia. Esto significa
multiplicar por cuatro la cantidad que se destinaba en 2014", ha resaltado el ministro, quien también ha destacado que "no hay precedentes en el ámbito de la política social de un esfuerzo fiscal de esta magnitud".
Además, ha detallado que la reforma incluye "una medida especialmente importante", relacionada a la
transparencia en materia de copago de la depedencia. Todas las Administraciones autonómicas deberán aportar datos sobre "
qué porcentaje, qué carga están asumiendo las personas usuarias del pago de los servicios". Según ha incidido, a día de hoy, esto "no está claro".
Principales objetivos de la reforma de la ley de dependencia
Bustinduy ha explicado que el nuevo texto de la ley busca cumplir especialmente con dos objetivos: atender los principios de igualdad y de dignidad de derechos, con la reforma constitucional del artículo 49; así como mejorar y proyectar a futuro el sistema de la dependencia a 18 años de su creación, dotándolo de las herramientas necesarias para afrontar los nuevos desafíos. En ese sentido, el enfoque de la iniciativa se ha basado en la aplicación de nuevos derechos, más servicios y mejores prestaciones, menos burocracia y mayor tecnología.
En cuanto a los nuevos derechos, el ministro de Derechos Sociales ha señalado que se quiere garantizar la accesibilidad universal y la obligación por parte de los poderes públicos de "generar entornos accesibles en todos los espacios públicos", ya sean hospitales, escuelas, sedes de la Administración, etc., y eliminar "todas las barreras físicas o cognitivas para las personas con discapacidad". De la misma forma, garantizar el acceso y disfrute del patrimonio histórico y cultural con la creación del Programa Estatal de Promoción de Accesibilidad Universal, y el derecho universal a la teleasistencia, que tendrá carácter complementario. "No podrá utilizarse este modelo 'low cost' según el cual se provee de equipos de teleasistencia a los usuarios y con eso se satisfacen sus necesidades, no. Es uno de los servicios que deberá ser complementario con otros", ha subrayado.
En
más servicios y mejores prestaciones, se contemplan productos de apoyo como sillas de ruedas, camas articuladas y grúas, que sean provistos por las Administraciones públicas "generando un banco de productos que se podrá utilizar y luego devolver". Se creará también el Servicio de Asistencia Personal, que acompañará "la realización de actividades de la vida cotidiana". La ayuda a domicilio "se extenderá fuera del ámbito de las viviendas para poder realizar actividades como ir al médico o ir a hacer la compra". "También se extienden las prestaciones del entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguineidad", ha añadido. Las medidas alcanzarán a los
Centros de Día que pasarán a ser "multiservicios, algo que es particularmente importante en el entorno rural" en determinados horarios y días. "Podrán hacer visitas domiciliarias, servicios de catering, organizar actividades en el local de una asociación del barrio o del pueblo", ha dicho.
En tanto, sobre la
disminución de la burocracia, ha puntualizado medidas como: "Se van a suprimir los últimos recortes que quedaban de la era del Partido Popular, el régimen de incompatibildiad entre prestaciones, también el periodo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas. Se van a agilizar todos los
procedimientos de revisión de los planes individuales de atención". De la misma manera, ha indicado que se van a crear procedimientos de urgencia en casos de particular vulnerabilidad y se profundizará en la
interoperabilidad de los datos con el Sistema Nacional de Salud, para mejorar la
coordinación sociosanitaria.
Por último, en cuanto a la
incorporación de la tecnología, Pablo Bustinduy ha enfatizado que esta puede "incidir de una manera espectacular en la
mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de dependencia", por ello, crearán el Centro Estatal de Competencias para la Innovación Social, que contará con la participación del Ministerio de Ciencias y Universidades, así como de "algunos centros puntos de investigación" del país, con el objetivo de "generar la infraestructura pública para la innovación social".
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