La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El escenario político y económico hace presagiar que el 2026 volverá a ser un año marcado por el
aumento del gasto sanitario en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio de Hacienda ha anunciado una partida de
156.990 millones de euros para cubrir las
entregas a cuenta que cada año realiza a las comunidades autónomas como parte del modelo de financiación. El monto representa un auge del
6,5 por ciento con respecto al dinero destinado en el ejercicio anterior. Esta fuerte subida se encuentra incluso por encima del ritmo de crecimiento que protagonizó en 2025 el gasto de la sanidad autonómica, en un año de récord. Esta tendencia anticipa que el próximo curso podría producirse una nueva
lluvia de millones para las políticas de salud.
La propia ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, ha apuntado a que confía en que este dinero sirva para dar “certidumbre” a las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los presupuestos regionales del 2026, un proceso que requiere un amplio debate político que comienza a situarse en la agenda tras la vuelta del verano. El dinero que se enviará a las comunidades supera con creces los
87.315 millones de euros que las autonomías dedicaron en el último año a cubrir su sanidad. Aunque será ahora decisión de los grupos parlamentarios decidir en q
ué carteras se prioriza la inversión.
La ministra ha incidido en que esta cifra “muy significativa” persigue precisamente
“blindar” el estado del bienestar, lo que abarca a los servicios públicos como la sanidad: “Son el
colchón de seguridad de las personas cuando vienen malos momentos y sobre todo permiten garantizar la igualdad de oportunidades”. Montero ha desligado además esta apuesta de impulso económico de la
negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que siguen en el aire por las
dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez de consolidar una mayoría parlamentaria.
El gasto sanitario, una curva ascendente
Esta previsión llega después de un año marcado por un fuerte
crecimiento de las inversiones en sanidad de todas comunidades autónomas. Dos de ellas lo hicieron incluso por encima del ritmo que lo hacen ahora las entregas a cuenta. Se trata de
Andalucía que disparó su presupuesto sanitario un 7,8 por ciento hasta alcanzar los 15.247 millones de euros y de la
Comunidad Valenciana que aumentó el mismo porcentaje hasta los 9.170 millones, tras una negociación in extremis con Vox condicionada por la situación de la DANA.
Además, todavía sigue habiendo
cuatro regiones que se encuentran con los presupuestos sanitarios prorrogados como consecuencia del bloqueo político, aunque todas trabajan ya en la idea de presentar unas nuevas cuentas en 2026. En Cataluña, la
mayoría de la investidura de Salvador Illa no ha logrado repetirse de nuevo en un conflicto que toca a partes iguales con la política nacional. Mientras que en
Castilla y León, Aragón o Extremadura no ha sido posible reconstruir la alianza entre el PP y Vox que se rompió tras la
salida de la formación verde de todos los gobiernos autonómicos el pasado verano.
Los presupuestos de la sanidad autonómica:
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Andalucía: 15.247 millones de euros (+7,8 por ciento)
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Cataluña: 12.859 millones (+5,6 por ciento). Prorrogados de 2024
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Comunidad de Madrid: 10.459 millones (+2,9 por ciento)
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Comunidad Valenciana: 9.170 millones (+7,8 por ciento)
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Galicia: 5.434 millones (+5,2 por ciento)
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Euskadi: 5.100 millones (+4,7 por ciento)
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Castilla y León: 4.879 millones (+2,7 por ciento). Prorrogados de 2024
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Canarias: 4.589 millones (+5 por ciento)
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Castilla-La Mancha: 3.784 millones (+4,5 por ciento)
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Aragón: 2.775 millones (+11 por ciento). Prorrogados de 2024
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Región de Murcia: 2.480 millones (+3,5 por ciento)
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Asturias: 2.446 millones (+5 por ciento)
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Baleares: 2.445 millones (+3,7 por ciento)
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Extremadura: 2.282 millones (+3,6 por ciento). Prorrogados de 2024
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Navarra: 1.510 millones (+3 por ciento)
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Cantabria: 1.222 millones (+6,3 por ciento)
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La Rioja: 634 millones (+3 por ciento)
El debate de los presupuestos finalistas
El nuevo reparto de fondos llega además en un momento de debate político abierto sobre la financiación de la sanidad. La
negociación del futuro Estatuto Marco ha abierto una discusión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sobre qué administración debería sufragar los nuevos derechos como
las guardias reducidas a 17 horas, que presumiblemente dispararán la partida de gasto en recursos humanos. Desde las autonomías se pide un presupuesto estatal, mientras que el Gobierno cede
las competencias a las regiones.
En ese escenario, la ministra de Sanidad,
Mónica García, ya anticipó que no habría un presupuesto finalista para financiar las medidas durante la reciente reunión con los consejeros en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, sí que dejó la puerta abierta a insuflar los fondos generales de las regiones. Algo que ya ha comenzado con esta entrega a cuenta.
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