Fedea llama en un informe a reconsiderar "de inmediato" la reciente reforma del sistema para evitar efectos colaterales

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, que advierte del perjuicio para la sanidad pública de la última reforma del sistema de pensiones
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.


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El think tank Fedea advierte de que la estrategia del Gobierno para reformar el sistema público de pensiones está dejando su huella negativa en servicios esenciales como la sanidad. En un reciente informe, se sostiene que el Ejecutivo “pretende resolver el problema ofreciendo un cheque en blanco con cargo a la Administración General del Estado”, lo cual “podría dejar un espacio insuficiente para otras prioridades” como “los servicios públicos” por “falta de inversión”.

En el documento, titulado Los efectos de la reforma de pensiones de 2021-23, se critica que, lejos de resolver “los problemas de sostenibilidad” del sistema, la reciente reforma de pensiones los ha agravado “mediante una serie de medidas que aumentarán considerablemente el gasto sin acompañarlas de actuaciones compensatorias adecuadas, ni de ingreso ni de gasto”.

Para más inri, los autores del análisis, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente; y los doctores en Economía Alfonso Sánchez y Miguel Ángel García, estiman que el déficit básico del sistema contributivo crecerá de manera “significativa” durante las próximas décadas, algo que ejercerá “una presión considerable sobre las cuentas públicas”.

Según el informe, la situación fiscal actual del conjunto de las administraciones “no es particularmente boyante”, por lo que conviene establecer un control más riguroso del gasto. Los tres expertos advierten de que el actual esquema de transferencias estatales equivale a financiar el sistema con “un cheque en blanco” que, lejos de ser una solución, podría crear “las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en inasumible”.

El efecto colateral, alertan, ya se deja sentir en la falta de inversión en áreas como la sanidad pública -que sufre desde hace años problemas estructurales ligados al envejecimiento del personal, las jubilaciones y la escasez de recursos-, pero también otros servicios públicos como el transporte ferroviario y los servicios de prevención y extinción de incendios.

La reforma de pensiones "debería reconsiderarse"


De acuerdo a los autores del documento, “la reciente reforma del sistema de pensiones debería reconsiderarse de inmediato”. El “mejor punto de partida” para “diseñar una política razonable de pensiones”, dicen, es que se reconozca de forma explícita que el sistema actual “resulta excesivamente generoso en relación con sus recursos y con el crecimiento esperado de la economía española”. Con una esperanza de vida tras la jubilación que alcanza los 21,2 años a partir de los 65 y que podría aumentar en casi cinco años adicionales en 2050, Fedea considera que las pensiones públicas actuales “están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización”.

Para corregir el rumbo, se plantea un nuevo equilibrio entre el gasto en pensiones y el margen fiscal reservado a otros servicios públicos esenciales. Ese objetivo pasaría por “revisar el mecanismo de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Territorial (MEI)” fijando límites claros al déficit básico del sistema. También se aboga por combinar medidas de ingresos y contención del gasto para asegurar la viabilidad del sistema y “un reparto equilibrado de los costes relevantes entre toda la sociedad española”.

Medidas para la sostenibilidad de la sanidad pública


Entre las medidas sugeridas figuran la reducción progresiva de la tasa de prestación -la relación entre pensión y salario medios- hasta niveles comparables con los de otras economías europeas, la ampliación del período de cómputo de la pensión “a toda la vida laboral (sin permitir descartes)”, y la vinculación automática de la edad legal de jubilación con la esperanza de vida en buena salud.

En todo caso, los analistas subrayan que estas reformas tendrían que incluir “excepciones necesarias” para los empleos de mayor dureza física. Cabe recordar que los sindicatos siguen reclamando que se reconozcan las especialidades sanitarias como profesiones de riesgo que permitan acceder, por tanto, a la jubilación parcial con coeficientes reductores.

Fedea también plantea limitar la revalorización automática de las pensiones al blindar solo las mínimas frente a la inflación y permitir una pérdida “razonable” de poder adquisitivo en el resto. No obstante, advierte de que “es muy probable” que estas medidas “sean insuficientes” ante los cambios demográfico y productivos del próximo cuarto de siglo, por lo que será necesario inyectar nuevos recursos.

En el informe se apuntan opciones como la emisión de deuda -aunque el margen actual es “muy limitado”- y la creación de un recargo "proporcional" sobre la cuota estatal del IRPF, que “ayudaría mucho a visibilizar los costes reales y de oportunidad del sistema”.
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