Exterior de Mugeju.
No hay despegue. Ni pista de aterrizaje. Ni la maquinaria está preparada. La
receta electrónica concertada de uno de los ‘hermanos’ de
Muface no va a ser una realidad a corto plazo. Así lo ha podido saber
Redacción Médica, y es que esta herramienta digital ha copado gran parte de uno de los últimos Consejos Generales de una de las mutualidades celebrado esta misma semana. Se trata de Mugeju, el modelo que dota de asistencia sanitaria a jueces, fiscales y al resto del personal de la Administración de Justicia, la que se ha congregado para hacer balance de su fin de un año y desvelar cuáles serán los nuevos proyectos que se implantarán a lo largo de 2026. Un plan en el que no está la
receta electrónica concertada de
Mugeju, que llegará
fuera del concierto sanitario que se encuentra en vigor.
El Consejo General de
Mugeju ha dejado varias conclusiones. Al menos así lo expresan las fuentes presentes en esta reunión a
Redacción Médica. Son estas mismas voces las que desvelan una de las grandes incógnitas que rodean al futuro de la mutualidad:
¿Qué sucederá con la receta electrónica concertada? Tal y como informó este periódico, el modelo se encuentra estudiando la viabilidad del sistema y, por tanto,
lanzará un proceso licitador a lo largo de 2026. Pero no será ese el año en el que este hito digital, que ya se encuentran en sus ‘hermanos’, Muface e
Isfas (que dota de asistencia a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil).
Cronograma de la receta concertada de Mugeju
Mugeju se queda atrás. Como trasladan las fuentes consultadas por este medio,
el aterrizaje no está previsto “hasta 2027 o 2028”. Dos fechas que resultan llamativas puesto que
el concierto sanitario en vigor, en el que están involucradas Asisa, Adeslas y Nueva Mutua Sanitaria, llegará a su fin el
31 de diciembre de 2026.
“El año que viene solo se contempla la licitación”, confían las voces presentes en esta ‘cumbre’ de la mutualidad de judicial. Algo que, en sus palabras,
“no es de recibido”. Y es que Mugeju,
el ‘hermano’ pequeño de Muface (cuenta con una cartera de cerca de 90.000 adscritos entre mutualistas y beneficiarios), desconoce lo que es la receta electrónica concertada, un sistema que ya se encuentra presente en el mutualismo administrativo.
La receta concertada en Muface e Isfas
Muface lleva varios años envuelta en la implantación de la
receta electrónica concertada. La mutualidad liderada por
Myriam Pallarés llevó esta herramienta digital, bautizada como Sirem, a Cantabria en 2020. Fue entonces, en plena pandemia del Covid-19, cuando la comunidad se convirtió en la pionera en este sistema que
permite retirar medicamentos sin necesidad de presentar un talonario en papel.
A ella le siguieron
Asturias y Canarias en 2022;
Extremadura y La Rioja en 2023;
Navarra, Murcia, Illes Balears, Ceuta y Melilla en 2024. Pero entonces llegó la crisis sin precedentes de Muface.
Durante siete meses, más de 200 días, la mutualidad
se debatió entre su supervivencia y su desaparición. Finalmente, el 30 de abril, Asisa y Adeslas
se dieron el ‘sí, quiero’ con Muface en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ambas firmaron el concierto sanitario para la asistencia de los funcionarios (y sus familiares) para los años 2025, 2026 y 2027.
Llegó la calma.
Volvieron los proyectos a la mesa de Muface. Y
se reactivó la implantación de la receta electrónica concertada. Así, en julio llegó a
Castilla-La Mancha y a
Galicia. Por su parte, el aterrizaje se produjo en
Aragón en septiembre; y en
Madrid y País Vasco en noviembre.
Entre tanto,
el ‘hermano’ militar de Muface también ha preparado su receta electrónica concertada. Aunque no ha sido hasta finales de este 2025 cuando el proyecto se ha hecho realidad en Isfas. En octubre Aragón y Extremadura fueron las comunidades pioneras, y
en noviembre Asturias y Cantabria.
Mugeju, por su parte, sigue sin receta concertada. Al menos hasta que llegue a su fin su concierto sanitario, y es que no será hasta 2027 o 2028 cuando se prevé una implantación. Una etapa que no tendrá lugar si no se renueva el contrato de asistencia sanitaria concertada de los funcionarios adscritos a la mutualidad judicial.
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