La sanidad privada ve en la ley anticorrupción un "refuerzo" reputacional

La prevención no se limita al ámbito de la salud. Si de algo parece presumir Moncloa, es de su labor por anticiparse a los obstáculos que encuentra en su camino. De ahí uno de sus últimos pasos, el de la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública con el que, el Gobierno busca poner el foco en prevenir la corrupción en todas las administraciones públicas, así como endurecer las medidas en este campo. Esta norma tiene una vinculación directa con el sector sanitario, y es que fuentes del Ejecutivo han trasladado que, en lo que concierne a la contratación pública, las intenciones de Moncloa se centran en la incorporación de un análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales. Un aspecto que implica a la sanidad privada, que no solo celebra la posible llegada de la norma (a la que aún le espera un recorrido político), sino que explica que estos análisis “no tendrán ninguna repercusión general sobre la actividad privada pura”. De hecho, ve un beneficio: el de "reforzar la reputación de la sanidad privada".

La ley ya tiene varios aprobados. El del Consejo de Ministros y el de la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), la patronal de la sanidad privada en Cataluña. Este organismo es el que aborda este anteproyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda. “La incorporación de análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales es una medida necesaria y comprensible en un sistema donde el Estado no es el propietario de los medios de producción, sino el financiador de servicios públicos”, recalcan las fuentes del organismo a preguntas de Redacción Médica.

El análisis de riesgos, bajo la lupa de la privada

La patronal presidida por Lluís Monset pone el foco en la protección de los procesos de contratación, concesión y otorgamiento de subvenciones. Unos ámbitos que, según describe ACES, “históricamente se han visto desgraciadamente comprometidos por escándalos de corrupción”.

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"Es una medida necesaria y comprensible en un sistema donde el Estado no es el propietario de los medios de producción"

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Este análisis de riesgos es el que centra las palabras de ACES. La entidad de la sanidad privada comienza con una referencia a los efectos de este camino en las concesiones sanitarias. “No presentan riesgos intrínsecamente mayores que los existentes en otros ámbitos, como la obra pública o los servicios generales y municipales. El riesgo es inherente a cualquier proceso de contratación de gran envergadura”, inciden.

Lo cierto es que sus declaraciones continúan con un detalle. “Si la implementación de este análisis se traduce en una mayor exigencia técnica en las ofertas, el impacto será positivo. Al obligar a acreditar con mayor claridad la solvencia, la capacidad de gestión y los mecanismos de control interno de las empresas, se elevará el estándar de calidad de las concesiones”, explican el organismo de Monset. Asimismo, ACES añade que “este rigor técnico servirá para reforzar la confianza pública en el modelo de colaboración”.

En cuanto a los efectos en la sanidad privada, la situación será “exactamente la misma”. Al menos así lo explica la Associació Catalana d'Entitats de Salut, que subraya que hay que diferenciar la colaboración público-privada de lo que comúnmente se entiende por “mercado libre de seguros y prestación de servicios sanitarios”. “Este último segmento operará con total normalidad, tal como hasta ahora, ya que no depende de concesiones ni de financiación pública directa. En consecuencia, la implementación de estos análisis de riesgo no tendrá ninguna repercusión general sobre la actividad privada pura, que seguirá rigiéndose por sus propios mecanismos de respeto a la ley, mercados y solvencia”, apunta ACES.

En esta misma línea, la patronal de la sanidad privada catalana descarta “efectos dañinos” para el sector con el aterrizaje de esta norma. Más aún, en su opinión, las medidas incluidas en la legislación impulsada por el Ministerio de Hacienda persiguen el objetivo de “poner bajo la lupa la gestión de la administración pública para prevenir la corrupción y mejorar la transparencia en la adjudicación”.

La entidad catalana recuerda que la sanidad privada, en su gran mayoría, “opera dentro del mercado libre y desarrolla su actividad de forma independiente al Estado”. ¿En qué se traduce esto? En que “al no depender de la financiación pública ni de procesos concesionales en su operativa diaria, este marco regulador no interfiere en su funcionamiento ni supone un perjuicio para su crecimiento”.

La “oportunidad” de reforzar la reputación de la sanidad privada

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública llega con otra novedad. Las empresas de la sanidad privada tendrán que publicitarse, es decir, apoyar la transparencia de los datos contractuales y de gestión. Así lo apunta ACES, que despliega que, en términos de competencia, “esto no debería suponer un perjuicio, sino una oportunidad para reforzar la reputación” de la sanidad privada.

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"Para el grueso de la sanidad privada, esta norma no altera su estrategia en la prestación de servicios"

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“Si todas las entidades que colaboran con el sistema público publican sus datos de forma homogénea, la competencia se vuelve más leal y basada en la eficiencia”, recalcan las voces consultadas por Redacción Médica. Asimismo, sus palabras subrayan otro aspecto: “Para el grueso de la sanidad privada que opera estrictamente en el mercado libre, esta norma no altera su estrategia en la prestación de servicios, ya que su relación con el paciente es directa a través de aseguradoras privadas y no por una licitación”.

Entre tanto, los concursos para las concesiones sanitarias siguen abiertos. En este sentido, otra de las preguntas que surgen a raíz de la propuesta del Ministerio de Hacienda se centra en valorar si las empresas más pequeñas pueden tener más posibilidades para ganar un concurso. Para responder a esta incógnita, ACES señala que “la clave reside en la aplicación del análisis de riesgo”.

“Si este se ejecuta bajo criterios objetivos y proporcionados, puede incluso favorecer a aquellas pymes que sean realmente competitivas sin ningún impedimento de facto por su tamaño y estructura”, desglosa la patronal de la sanidad privada en Cataluña. De hecho, el organismo liderado por Lluís Monset hace referencia al hecho de que, al obligar a las administraciones a evaluar con mayor profundidad los aspectos técnicos y de gestión, “se abre la puerta a la siempre deseable transparencia”.

La organización deja un último recordatorio: las comunidades autónomas tienen plenas competencias en sanidad y en procesos de contratación pública. Por lo tanto, “la implementación de estos análisis de riesgo debe realizarse respetando el marco competencial autonómico y adaptándose a las realidades locales, siempre manteniendo la coherencia con las directrices estatales de integridad y transparencia”.