Los sindicatos de la Sanidad en Andalucía detallan qué medidas deben ser prioritarias para el próximo Gobierno

Rafael Ojeda, SMA; José-Pelayo Galindo, CCOO; Victorino Girela, CSIF; Juan José Sánchez, Satse y Antonio Macías, UGT Andalucía.
Rafael Ojeda, SMA; José-Pelayo Galindo, CCOO; Victorino Girela, CSIF; Juan José Sánchez, Satse y Antonio Macías, UGT Andalucía.


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La gestión de la sanidad andaluza ha estado en el foco mediático especialmente en los últimos años, luego que los sindicatos del sector denunciaran en varias oportunidades el incumplimiento de los acuerdos que se habían firmado con la entonces Consejería de Salud y Consumo, liderada en la última legislatura de Juanma Moreno por Catalina García y Rocío Hernández. El momento de mayor crisis llegó cuando se dio a conocer que habían más de 2.000 mujeres afectadas por fallas en el sistema de cribados de cáncer de mama, lo que originó, además, la dimisión de Hernández y el aterrizaje de Antonio Sanz en Sanidad, la mano derecha del presidente autonómico en el gobierno. Ha sido precisamente con él con quien los sindicatos han retomado las negociaciones y se ha puesto en marcha un nuevo modelo de carrera profesional, así como el compromiso de una nueva bolsa de empleo público en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Pero las exigencias de los sindicatos van más allá y son esos retos los que deberá asumir el nuevo Gobierno en la Junta. A una semana de las elecciones del 17 de mayo, el foco pasa por entender el funcionamiento de la sanidad pública andaluza, mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, dimensionar las plantillas del SAS y asumir un compromiso real con las demandas de los médicos que los mantiene en conflicto con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco.

"Los problemas del sistema sanitario público se resuelven desde dentro, invirtiendo más en la pública. Evidentemente los conciertos podrán ayudar en momentos puntuales, pero no son la solución", advierte Antonio Macías, secretario del sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Andalucía, en diálogo con Redacción Médica, para quien la clave pasa por comprender la importancia que tiene gestionar un "sistema sanitario tan potente" como el andaluz. De ahí, repercusiones como las "malas condiciones laborales de los trabajadores" que consideran que "están peor que antes". "No hay categoría profesional que diga que está mejor", añade Macías, lo que a su vez tiene impacto en la atención a los pacientes.

Para Satse, el eje está en la adecuación de las plantillas del SAS, especialmente en Atención Hospitalaria, "diseñadas en los años 90" y que "se han quedado muy cortas". Así es como lo plantea Juan José Sánchez, presidente del sindicato enfermero en la región. "Creemos que es prioritario abordar el incremento de las plantillas, tanto de enfermeras como de fisioterapeutas", indica consultado por este periódico. A esto se suma el reto de cambiar el diseño del modelo de atención sanitaria, el cual -según explica- está diseñado para una sociedad "donde se requería la atención a la enfermedad". "Es necesario abordar ese cambio de modelo y centrarse en la prevención, en el fomento de la salud, en la atención a la enfermedad crónica", cuestiona.

Condiciones salariales y Atención Primaria


Las condiciones salariales de los trabajadores también forman parte de las medidas que los sindicatos consideran que deben tenerse en cuenta con prioridad. "Aumentar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública hasta igualar al menos la media estatal", puntualiza José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, quien considera que debe haber "voluntad política" para equiparar los salarios a los de otras comunidades y, así, hacer a la región una más atractiva. Además, enlista el contemplar el aumento de la ratio de trabajadores por población para llegar también a la media estatal, ya que se está por debajo "en la inmensa mayoría de categorías".

La mayor accesibilidad a la sanidad pública con un sistema centrado en la ciudadanía y en los profesionales es otro de los pedidos que contempla Comisiones Obreras, junto con la eliminación de la "externalización de servicios" en la sanidad pública. "Hablamos del círculo vicioso de la mal llamada colaboración público-privada", agrega Galindo.

En tanto, para CSIF la prioridad del nuevo Gobierno andaluz debe estar en el cumplimiento de los pactos para mejorar la Atención Primaria y la carrera profesional. Pese a que ya se firmó con este gobierno un nuevo modelo de carrera, Victorino Girela, presidente del sector de Sanidad, destaca que aún están a la espera de "cerrar los procesos pendientes" para ponerlo en marcha, lo cual "ayudaría mucho a retener el talento". "Se va a reconocer ese derecho al desarrollo profesional pagándose la carrera a los que accedan a los distintos niveles", puntualiza. En cuanto a Primaria, Girela hace hincapié en la próxima jubilación de un número importante de médicos de Familia, por lo que es necesario buscar soluciones "a corto o medio plazo" para cubrir esas plazas.

Demandas de los médicos


Los médicos a nivel nacional están inmersos en una negociación con el Ministerio de Sanidad por el nuevo Estatuto Marco que los ha llevado a movilizaciones y una semana de huelga todos los meses, desde febrero hasta junio. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), no solo tiene un rol protagónico en ese proceso, sino que considera que el nuevo gobierno de Andalucía debería "tomar conciencia y hacerse cargo del conflicto" al tener las autonomías cierta responsabilidad con las demandas del colectivo, que incluyen regulación y mesa de negociación propias. "Están usando el conflicto con fines partidistas, están echándose la culpa en términos de responsabilidad. El ministerio responsabiliza a las comunidades, las comunidades al ministerio, y así no vamos a resolver nada", cuestiona.

La solución pasa, para Ojeda, porque cada uno de los agentes involucrados "empiecen a hacer propuestas concretas" y reales, con el compromiso de las comunidades de asumir una reforma legislativa que logre "salir adelante". Así, los médicos de la región asumen como prioridad en este ámbito también la defensa de sus pedidos de una regulación propia en un Estatuto solo para el colectivo. 
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