Un ala del Gobierno limita a un año la vigencia de conciertos sanitarios

Unidas Podemos ya ha preparado las claves sobre las que pivotarán las enmiendas con las que tratará de poner un mayor coto a los conciertos sanitarios en la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras el choque con el Partido Socialista por el contenido de la norma elaborada por el equipo de Carolina Darias, la formación morada intentará ahora endurecer los motivos y la duración de los contratos privados durante el debate parlamentario del Congreso de los Diputados.

Fuentes de la formación que lidera Ione Belarra han apuntado a Redacción Médica que solo permitirán el establecimiento de conciertos en la sanidad por razones de “extraordinaria y urgente necesidad y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos sanitarios”. Esta prestación privada deberá ajustarse además a la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en 2017.

Paralelamente, Unidas Podemos ha planteado otra serie de requisitos que incluirá en sus enmiendas para que la externalización de servicios se ajuste al “tiempo necesario para resolver las razones que lo justifican”. Este proceso estará condicionado por un límite máximo de un año de duración que no se podrá superar en ninguno de los supuestos. “En ningún caso se puede externalizar un área sanitaria integral ni cualquier centro sanitario con vocación de permanencia”, han agregado fuentes de la formación que integra el Gobierno.

Podemos amenaza con tumbar la Ley de Equidad

Los cambios previstos por el grupo morado anticipan un complicado debate en el Congreso de los Diputados después de que Unidas Podemos ya anticipase que si no había un cambio sustancial no daría su visto bueno al proyecto de Darias. “Si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad, esa ley no va a salir”, anunció el diputado Juan Antonio Delgado en el mismo día que se aprobó en el Consejo de Ministros.

La formación de Ione Belarra ha cuestionado la normativa desde que en noviembre del 2021 el equipo socialista del Gobierno presentara ya el primer borrador. A su juicio, no hay elementos suficientes para acabar con el modelo de sanidad público-privada que instauró José María Aznar en 1997 cuando aprobó la Ley sobre la Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

A pesar de las discrepancias en el seno del Gobierno, la ministra de Sanidad ha defendido en todo momento que su propuesta no persigue excluir a la gestión privada del sistema sanitario, pero sí que “la regula y la ordena”. Darias ha apuntado a que las administraciones podrán recurrir a este modelo “siempre que conste una utilización óptima de los recurso”, mientras que ha dejado los criterios en manos del Consejo Interterritorial del SNS.

Si finalmente no llegase a un acuerdo de mínimos con sus socios de Gobierno, el grupo socialista podría verse obligado a buscar un eventual apoyo de alguna formación de la oposición para tratar de asegurarse la mayoría necesaria para convalidar el real decreto. Además de los conciertos, la nueva normativa también introduce cambios para bloquear futuros copagos farmacéuticos o para garantizar el acceso universal a los servicios de salud de la población inmigrante.