20 mar 2019 | Actualizado: 13:30

Podemos impulsa la primera Ley de Salud Mental a nivel nacional

Consta de 34 artículos y contempla un plan de protección contra el suicidio consensuado con el Consejo Interterritorial

Amparo Botejara e Irene Montero
Podemos impulsa la primera Ley de Salud Mental a nivel nacional
mié 27 febrero 2019. 13.00H
El grupo confederal de Unidos-Podemos ha presentado la primera Ley Estatal de Salud Mental, registrada en el Congreso de los Diputados este miércoles. El texto destaca la creación de un plan contra el suicidio, la inclusión de la figura del defensor de las personas con problemas de salud mental en cada comunidad autónoma y hace hincapié en que "las intervenciones tempranas dirigidas a niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales deben ser científicamente contrastadas de carácter no farmacológico, ya sean psicosociales o de otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario, para evitar ingresos y medicalización".

"La situación actual de la Salud Mental no cumple con lo que está recogido en nuestra Constitución, en tanto se han identificado enormes problemas en lo que a inequidad se refiere cuando abordamos la situación de la salud mental en los distintos territorios de España", denuncia el texto.

Según se recoge en el artículo 22, dedicado a la salud mental de niños y adolescentes, "se implementarán programas específicos orientados a la prevención primaria y a la promoción de la salud mental en los Centros de Atención Primaria, en Centros Educativos, en las estructuras familiares y en los Servicios Sociales, identificando y abordando factores de riesgo psicosociales".

Además, se facilitará una "prevención secundaria". "La implementarán programas específicos de prevención secundaria que se iniciarán al comienzo de los síntomas", detalla el texto, que añade la "protección contra la psiquiatrización y medicalización del niño, niña y adolescente, promoviendo una atención orientada a la resiliencia, desde los recursos comunitarios". También, incluyen la prohibición de la medicalización preventiva e instan a delimitar los "circuitos asistenciales y las funciones y momentos de intervención de cada parte del sistema".

Prevención frente a la mala praxis


La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, una disposición adicional y tres disposiciones finales. El artículo 12 señala que toda persona tiene derecho a una información veraz y completa 

La utilización preventiva de neurolépticos sin sintomatología franca debe ser comunicado previamente al Defensor de la persona con problemas de Salud Mental


sobre la propia salud mental y los tratamientos. Esta información deberá ser proporcionada verbalmente por parte del equipo profesional que acompañe a la persona a lo largo del proceso asistencial y dejando constancia en la historia clínica. Además, se deberá incluir en ésta el Documento de Voluntades Anticipadas del paciente

En el documento elaborado por la formación morada destaca también el artículo 17, destinado a la "prevención cuaternaria y derecho a la protección contra la iatrogenia (daño en la salud que fue provocado por la acción de un profesional de la Medicina y las intervenciones de riesgo)".

En este caso, según detalla el texto legislativo, "cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado tomando en cuenta la situación clínica así como la utilización preventiva de neurolépticos sin sintomatología franca debe ser comunicado previamente al Defensor de la persona con problemas de Salud Mental".

Además, se hace hincapié en que las personas medicadas con fármacos psiquiátricos que deseen reducir su consumo o dejar de consumirlos, tendrán derecho a un acompañamiento especializado por parte de profesionales de la Psiquiatría para la reducción progresiva de la medicación. También, señalan, "ninguna persona será sometida a terapia electroconvulsiva".

Defensor del Paciente


Según la ley de Unidos-Podemos, cada Comunidad Autónoma crearía la figura del Defensor o Defensora del Paciente con problemas de salud mental, nombrada por la persona responsable de 

Cada Comunidad Autónoma deberá crear la figura del Defensor o Defensora del Paciente con problemas de salud mental


sanidad de cada Comunidad Autónoma a propuesta de los colectivos de personas usuarias y profesionales sociales y sanitarios del ámbito de la salud mental. Tendrá un mandato de cuatro años renovable por otros cuatro más.

Con esta legislación, el Estado se compromete a la formación de los y las profesionales de los centros sanitarios orientados a la atención de la salud mental. "Todas las personas profesionales que trabajen en el ámbito de la salud mental deberán recibir formación en derechos humanos según los estándares de la CDPD. Las diferentes universidades e instituciones educativas que oferten formación para desarrollar roles profesionales en el ámbito de la salud mental, deberán incluir en sus planes docentes dicha temática".

Protocolo frente a suicidios


El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, según la propuesta de Podemos, realizará un protocolo que será consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que contemplará necesariamente: la prevención en grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad maximizada, la identificación precoz de las personas con factores de riesgo, el acceso a 

El Ministerio de Sanidad creará un Protocolo frente a suicidios consensuado con el Consejo Interterritorial


la atención sanitaria y social de forma rápida e integral; estrategias de fomento de la Salud Mental; un seguimiento estrecho y continuado a las personas con tentativa suicida; atención post suicidio, a las personas del entorno, con tratamiento precoz e individualizado.

Además, será necesaria la coordinación entre Servicios de urgencias, Equipos de Salud Mental y Atención Primaria. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social creará un registro de datos a nivel estatal para valorar la epidemiologia del suicidio.

El papel del sanitario frente a la violencia machista


Los profesionales de la sanidad española también tendrán un papel destacado en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, que comprenderá desde "el acompañamiento en los procesos de demanda o denuncia por violencia machista, inclusive si estos implican denunciar al propio personal social, sanitario o de servicios; la exploración y el abordaje psicosocial de las problemáticas de violencias machistas en el transcurso de la atención; y el registro sistemático de todas las violencias machistas expresadas por las mujeres atendidas". 

Este registro, detalla el texto, será accesible en un portal de transparencia anónimo y consultable por la ciudadanía y entregado de manera detallada anualmente a las autoridades de la administración pública y al Defensor de la Persona con Problemas de Salud Mental.
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