La Agencia de Salud Pública vuelve al Congreso con el 'sello' del PP

El PP ha aprovechado de nuevo su mayoría absoluta en el Senado para tratar de hacer ‘suya’ la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. El pleno, sólo con los votos a favor del Grupo Popular, ha aprobado las enmiendas que el propio partido registró para modificar el texto validado en junio en la Comisión de Sanidad del Congreso. Los cambios impulsados por el PP pasan por dar más peso a las comunidades autónomas -en su mayoría gobernadas por el partido- en el reconocimiento de la innovación incremental farmacéutica y en la elección del futuro director de la Agencia. También eliminan cuestiones acordadas por el Gobierno y dos socios de investidura, ERC y Bildu, para modificar el marco legal sobre medicamentos veterinarios y evitar, entre otras cosas, que no se limite su dispensación. La votación de este jueves ratifica la inclusión de las enmiendas en el dictamen del proyecto normativo que salió este martes de la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta. 

El resto del texto legislativo, al margen de las enmiendas, ha quedado aprobado con la abstención del PP y los votos negativos del Grupo Plural -en el que está enmarcado Junts-, por lo que el proyecto regresará ahora al Congreso, cuyo pleno tendrá que decidir si acepta las enmiendas aprobadas en el Senado o mantiene el texto acordado previamente en la Cámara Baja. No hay nada claro al respecto. En marzo, PP, Vox y Junts tumbaron la norma en el primer intento por sacarla adelante y, tres meses después, insistieron en su voto negativo en la Comisión de Sanidad del Congreso, aunque fuera por motivos diversos. El quid de la cuestión es que, si mantienen su rechazo en el hemiciclo, la ley entrará en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con los cambios que el PP ha forzado en el Senado. A ello hay que sumar las dudas que, una vez más, han verbalizado el PNV y el propio Junts sobre la necesidad de contar con un órgano estatal de estas características cuando las comunidades autónomas ya tienen competencias en salud pública.

Lo cierto es que PP, PSOE y Sumar coinciden en que es necesario que España tenga una Agencia Estatal de Salud Pública. El problema para los populares es que el texto legislativo impulsado por el Gobierno es “una chapuza” que no tiene “rigor técnico ni jurídico”, que se ha hecho “deprisa” y con “propaganda”, que “delega los aspectos más importantes a un reglamento posterior” y que carece de presupuesto, según Rosa Romero. La senadora del PP también ha vuelto a acusar al Ejecutivo de querer ‘colocar’ como director de la futura Agencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, el “portavoz de las mentiras del Gobierno que peor gestionó la pandemia en toda Europa”.

En una de sus enmiendas aprobadas, el Grupo Popular exige que la propuesta de director de la Agencia sea evaluada por el pleno del Consejo Interterritorial -que cuenta con mayoría representativa del PP-. El caso es que es algo que ya proponía en una enmienda original registrada en el Congreso, pero renunció a ello al transaccionar esa petición previo acuerdo con PSOE y Sumar. De ahí que la socialista Concha Andreu haya afeado a los populares su “pleonasmo” y sus “incongruencias”. Su compañero de bancada Kilian Sánchez, portavoz sanitario del PSOE en el Senado, ha pedido al Grupo Popular que “esté a la altura” de las circunstancias: “Las palabras sanidad y pública no le gustan al PP porque ven la sanidad como un negocio”.

ERC y Más Madrid (enmarcado en Izquierda Confederal) han coincidido en valorar la “transversalidad” de la propuesta normativa. “La Agencia de Salud Pública es el compromiso del Ministerio de Sanidad para estar prevenidos para futuras pandemias, para asegurar que nuestra salud no vaya a depender de nuestro código postal y sea un derecho y no un privilegio, y para que lo público signifique protección, coordinación y seguridad”, según Carla Antonelli, que ha acusado al PP de mentir, entre otras cosas, en lo relativo al presupuesto de la Agencia. La senadora de Más Madrid ha hablado de un montante de 27 millones de euros.

¿Qué cambios ha forzado el PP?

El proyecto de ley que salió de la Cámara Baja rumbo al Senado modificaba la actual Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para no equiparar el precio de los fármacos de valor añadido a los genéricos en el Sistema de Precios de Referencia y, así, no limitar sus incentivos para investigación. Fue a raíz de una enmienda registrada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV que aprobó la Comisión. El PP, en otra de sus enmiendas refrendadas este jueves, ha respetado la esencia de esa reforma, pero añadiendo que la decisión sobre qué medicamentos quedan excluidos de ese sistema se tenga que tomar “en el seno” de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, “con la participación de las comunidades autónomas”.

Los populares también han conseguido -al menos temporalmente- que se supriman las reformas sobre los medicamentos veterinarios acordadas en el Congreso entre PSOE, Sumar, Bildu y ERC a partir de una enmienda de los republicanos catalanes. En junio se pactó, por un lado, dar un plazo de seis meses para que el Gobierno modifique el Real Decreto 666/2023, criticado por el sector veterinario porque limita las funciones de los profesionales; y, por otro, no restringir la dispensación de fármacos en las clínicas veterinarias y asegurar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en farmacias. Pero el PP entiende que esos cambios han de recogerse en la futura Ley de los Medicamentos.

Además, el Grupo Popular insiste en incorporar al proyecto normativo la única de sus enmiendas que se quedó fuera en el Congreso, con la que se busca potenciar la colaboración del sector farmacéutico “en la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias” con la Agencia de Salud Pública, la Agencia Española de los Medicamentos y los Productos Sanitarios (Aemps), el Ingesa y el resto de administraciones con competencias en ese ámbito.

El voto clave de Junts en el Congreso

El resultado de la tramitación parlamentaria en el Senado obliga a los dos socios de Gobierno a iniciar nuevas negociaciones en el Congreso para intentar que los acuerdos previos en la Comisión de Sanidad acaben formando parte de la ley. La clave, según apuntan fuentes de PSOE y Sumar a Redacción Médica, está en convencer a Junts para que no repita su voto en contra. El PP ha tumbado también en la Cámara Alta la única de las enmiendas de los nacionalistas catalanes que se aprobó en el Congreso: la modificación de la Ley de competencia desleal. Para el Grupo Popular, “nada tiene que ver” esa reforma con el objeto de la Ley de la Agencia de Salud Pública.

En Junts no han ocultado su enfado al respecto: “Con las enmiendas del PP, las incógnitas de Junts respecto al marco competencial del texto y la Agencia se multiplican”, ha dicho Francesc Ten en el pleno del Senado. Esa circunstancia, sumada a “inconcreciones en el articulado”, ponen en duda el apoyo definitivo de Junts a la ley, pero en el PSOE confían en aprovechar la bala del afán de los catalanes por reincorporar al texto su enmienda sobre la competencia desleal: “Les interesa sacarla adelante”.