Pacto a 5 por la innovación incremental en la Agencia de Salud Pública

La negociación en el Congreso para aprobar, a la segunda, la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública sigue adelante con la vista puesta en el próximo 19 de junio, cuando, en principio, se debatirá el dictamen del texto legislativo en la Comisión de Sanidad, donde podría quedar aprobada la norma sin necesidad de ir a pleno. Las voces parlamentarias consultadas insisten en que la intención es reeditar el acuerdo casi total que hubo en marzo -sólo Vox votó en contra-, antes de que la ley muriera en el hemiciclo. “Quedan flecos”, apuntan. Por el momento, el núcleo duro del bloque de investidura ya tiene pactado enmendar el proyecto de ley original en los mismos términos en los que se modificó el borrador fallido, tal y como estaba previsto. PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV han registrado un paquete de 24 enmiendas en las que, entre otras cosas, se vuelve a insistir en la exclusión de la innovación incremental en el Sistema de Precios de Referencia para no reprimir la incentivación de medicamentos de valor añadido.

Los cinco partidos insisten en sellar el reconocimiento a la innovación incremental en la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública a pesar de que el Ministerio de Sanidad, por su parte, también ha introducido cambios en este sentido en su anteproyecto de la nueva Ley de los Medicamentos, que está a la espera de salir a audiencia pública tras el trámite de consulta posterior a su aprobación en el Consejo de Ministros, en abril. Cabe recordar, en todo caso, que la medida es una reiterada pretensión de ERC, que ya registró una enmienda al respecto en la tramitación de la anterior Ley de Agencia de Salud Pública, antes de que fuera transaccionada e incorporada al dictamen que no superó la criba del pleno del Congreso.

La industria farmacéutica innovadora lleva años reclamando unas condiciones de financiación de nuevos medicamentos que no lastren la inversión en fármacos con valor añadido. Hay que recordar que los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) se agrupan en conjuntos que comparten el mismo principio activo, incluidos tanto los genéricos o biosimilares que llevan ya 10 años en el mercado como los que introducen mejoras en medicamentos ya existentes para satisfacer necesidades no cubiertas. El sistema actual fija un precio homogéneo para los fármacos del mismo conjunto. Dicho de otro modo: equipara el valor de los innovadores al de los genéricos y no reconoce su innovación incremental, algo que, según la industria, merma sus posibilidades de desarrollo.

Reforma de la Ley de Garantías

La enmienda pactada ahora entre los socios de Gobierno y tres de sus aliados de investidura respeta de forma íntegra la propuesta ya acordada en marzo para ‘corregir’ esa circunstancia. En resumen, introduce una reforma del artículo 98 de la actual Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos -por la que se quiere sustituir la nueva Ley de los Medicamentos- que permite excluir de los conjuntos de precios de referencia los fármacos que, “por razón de una nueva indicación, una dosificación más baja, una nueva forma farmacéutica, una ventaja farmacocinética o cualquier otra característica, redunde de forma objetiva en una mejora para los pacientes o una ventaja estratégica para el SNS”. En tales casos, pueden bien quedar exentos del Sistema de Precios de Referencia, bien ser evaluados con un coeficiente que eleve su precio de referencia, pero de forma ajena al conjunto al que habría de pertenecer.

Además, se deja abierta la puerta a que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, “a propuesta del órgano competente del Ministerio de Sanidad”, pueda “revisar al alza el precio de medicamentos incluidos en conjuntos de referencia” cuando se trate de “medicamentos estratégicos reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)”.

Salud global, condicionantes sociales y competencias regionales

Al margen de ello, PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV también han (re)acordado cambios para reforzar las competencias territoriales en materia de salud pública y para dar protagonismo a los condicionantes sociales de la salud desde una perspectiva de salud global, tal y como ya se hizo en la propuesta legislativa de marzo, pero con pequeños cambios técnicos que afectan, básicamente, al orden del articulado.

Entre otras cosas, se llama a “facilitar la colaboración, cooperación e interacción” entre “los servicios de salud pública y los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla” para “conseguir el mayor grado de protección y ganancia en salud de la población”.

Además, se llama a tener en cuenta “las lenguas oficiales de las comunidades autónomas” en la estrategia de comunicación de la futura Agencia, una información que “será acordada en el Consejo Interterritorial del SNS”, que, a su vez, “establecerá los instrumentos que garanticen la interoperabilidad y coherencia” de los “planes de preparación y respuesta frente a alertas sanitarias” que elaboren la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas. Por otro lado, se obliga a que el Consejo Rector de la Agencia cuente con representantes de las regiones a propuesta del Consejo Interterritorial.