La Agencia de Salud Pública prevé una tramitación lenta y dura en el Senado

La doble negativa de PP, Vox y Junts a la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública augura un dificultoso y largo camino hacia su aprobación definitiva en las Cortes y su entrada en vigor. El rechazo de los tres grupos al texto en la Comisión de Sanidad del Congreso -el 19 de junio- no evitó su visto bueno, a la segunda y por los pelos, en la Cámara Baja, tras quedar tumbada en marzo en el pleno. Precisamente el hecho de que se otorgara competencia legislativa a la Comisión, sin que el proyecto tuviera que pasar de nuevo por el hemiciclo, fue clave para que pasara ese filtro. En todo caso, la norma aún ha de superar el posible veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Fuentes del partido consultadas por Redacción Médica no descartan al cien por cien su apoyo a la ley en la Cámara Alta, pero vaticinan que su tramitación será larga y no empezará hasta septiembre -aunque el texto llegue al Senado en julio, previsiblemente-, dado que no se abordará por la vía de urgencia. Y ello a pesar de que los dos socios de Gobierno -PSOE y Sumar- no dejan de hacer continuas llamadas al consenso. La intención, insisten las mismas voces del PP, es hacer ‘suya’ la Ley de la Agencia de Salud Pública.

“Vamos a enmendarlo para introducir todas nuestras reivindicaciones”, aseguran a este periódico desde el Grupo Popular en el Senado, que reconoce que, en estos momentos, su voto favorable al proyecto normativo está lejano. El PP registró 24 enmiendas al articulado del texto aprobado en el Consejo de Ministros. La gran mayoría -que contenía, sobre todo, cuestiones competenciales y correcciones técnicas e iba en la línea de las aportaciones conjuntas de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV- se incorporó al informe de la ponencia y se refrendó en el dictamen de la Comisión de Sanidad. También quedó aprobada su enmienda para asegurar que en la elección del futuro director de la Agencia se respeten “los principios de igualdad, mérito y capacidad”, aunque con algunos cambios pactados con PSOE y Sumar: por un lado, no se descarta que los candidatos puedan venir del sector privado aunque “preferentemente” tengan que pertenecer al ámbito público; por otro, el Consejo Interterritorial no tendrá poder de decisión al respecto.

Sin embargo, ese acuerdo sigue sin ser suficiente para los populares, que reiteran -ya lo hicieron en el pleno del Congreso en marzo y en la penúltima Comisión de Sanidad- que los partidos que sustentan al Gobierno “están preparando” la llegada a la dirección del epidemiólogo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (Ccaes). Por ello exigen más garantías de que el proceso será público y abierto. Cabe recordar que el propio Simón ha dicho públicamente que no aceptaría ser designado de forma discrecional.

Al margen de ello, en la tramitación en el Congreso se descartó una única enmienda del PP en la que se pedía potenciar la colaboración de la Agencia de Salud Pública con el sector farmacéutico y de productos sanitarios para, así, “contribuir a la identificación de necesidades y actuaciones relacionadas con la innovación, el desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento estratégico y distribución de medicamentos y productos sanitarios, con el fin de garantizar la continuidad del suministro y la disponibilidad de estos en situaciones de crisis sanitaria”.

El PSOE llama al PP a "unirse al consenso"

En el PSOE acogen con cierta frustración la postura del PP. Su portavoz sanitario en el Senado, Kilian Sánchez, asegura que la puerta del diálogo ha estado abierta en todo momento: “Se ha negociado intensamente con ellos y se han tenido en cuenta sus enmiendas hasta el último momento”. Fruto de esas conversaciones, dice Sánchez, se pactó la enmienda transaccional “para clarificar la independencia de la Dirección de la Agencia”.

“Los llamaría a unirse al consenso, porque es una medida que recoge su programa electoral, al igual que el nuestro, y que fue pactada en las Conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados tras el confinamiento”, insiste el también secretario de Sanidad de la Ejecutiva nacional socialista, que, en cualquier caso, no es optimista al respecto: “No podemos prever qué va a hacer el PP. Nunca ha sido fiable. Ya ha votado que no previamente”.

Más Madrid pide olvidar los partidismos y ERC estará "vigilante"

En Más Madrid -integrado en el Senado en el Grupo de Izquierda Confederal- mantienen viva la esperanza de que se recupere “el respaldo y el consenso” que inicialmente hubo en torno a la aprobación del texto normativo. “Sería una muy buena noticia. Esta ley no va de cálculos partidistas, va de proteger mejor la salud de la gente”, señala a este medio su portavoz en la Cámara Alta, Carla Antonelli.

En el caso de ERC, trasladan a Redacción Médica que estarán “vigilantes” para “garantizar” que el PP “no actúe contra las mejoras” que los republicanos lograron introducir en la norma en el Congreso. Fueron dos, principalmente: el reconocimiento de la innovación incremental farmacéutica en el Sistema de Precios de Referencia -pactada desde el principio con PSOE, Sumar, Bildu y PNV- y la modificación del Real Decreto 666/2023 para no restringir la dispensación de fármacos en las clínicas veterinarias y asegurar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en farmacias -transaccionada con los mismos grupos a excepción del PNV a última hora-.

No quiso formar parte de ese acuerdo Junts, cuyo objetivo pasaba por derogar el Real Decreto, en lugar de reformarlo. Este periódico se ha puesto en contacto con el partido para saber si mantendrá su rechazo al texto, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta información.

Vox: "La ley no soluciona problemas de salud pública"

El partido que sí mantendrá su negativa al proyecto de ley sin ninguna duda será Vox. “La Agencia no soluciona ninguno de los problemas que ya existen en Salud Pública. No se fortalece la coordinación nacional, no se concreta qué funciones se le dan y, desde luego, no se recuperan competencias de las autonomías”, indican a este medio, en línea con lo argumentado en la Comisión de Sanidad del Congreso.