Los señalados por la Ley de Gestión Pública sanitaria: "Es guerra política"

"Preocupación", "riesgo de viabilidad", "prejuicios ideológicos" y "guerra política" son algunos de los términos que refieren las direcciones y gerencias de los centros señalados por la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud. Desde la patronal de La Unió, su directora general, Roser Fernández, incidió en que los cambios realizados del Anteproyecto al Proyecto de Ley "son mínimos" y dejarían fuera "órdenes religiosas como Sant Joan de Deú, las Entidades de Base Asociativa o las fundaciones, que representan buena parte de la red de excelencia y proximidad del sistema público de salud de Cataluña, como la Fundació Puigvert, el Institut Guttmann y otras".

La preocupación a pie de estas instituciones es aún mayor. La Asssociació Sant Joan de Deú es una "entidad sin afán de lucro integrada por diez entidades sanitarias, sociales, docentes e investigadoras de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu" y gestiona el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi y unidades de salud mental, entre otras. Desde sus altas esferas trasladan a Redacción Médica que "aún hay dudas sobre el alcance real del Proyecto de Ley y sobre el recorrido parlamentario que pueda tener, pero si avanzase nos preocupa que finalmente dificulte la capacidad de respuesta de un sistema basado históricamente en la colaboración entre la red pública y entidades concertadas sin afán de lucro".

En el mismo sentido, el patrón delegado y director general de la Fundació Puigvert, Ramon Massaguer, ha asegurado que la valoración del Proyecto de Ley es "claramente negativa" porque se considera una "involución desde el punto de vista del Estado de las Autonomías y una ley invasiva de las competencias en materia sanitaria de todas las comunidades autónomas. El proyecto afecta especialmente el modelo catalán porque es el que ha evolucionado más organizativamente". Además, fundamenta su argumento porque, a su juicio, la ley responde a una "guerra política" en Madrid entre "el Ministerio de Sanidad y el modelo de sanidad privada madrileña, que nada tiene que ver con el modelo de concertación con entidades sin ánimo de lucro de Cataluña".

Por su parte, desde la Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (Aceba), que agrupa a centros de Atención Primaria autogestionados que prestan servicios dentro de la red pública de sanidad de Cataluña, consideran que el Proyecto de Ley "parte de un diagnóstico parcial y sesgado de la realidad sanitaria, sin una base empírica suficientemente acreditada, y plantea soluciones que pueden generar efectos contrarios a los objetivos que pretenden alcanzar". Además, han incidido que la posición de la normativa es "apriorística y fundada en prejuicios ideológicos, que no tiene en cuenta la diversidad de los modelos organizativos existentes en el Sistema Nacional de Salud ni la experiencia acumulada durante décadas en comunidades autónomas como es el caso de Cataluña".

Futuro incierto en la sanidad catalana

El futuro del Proyecto de Ley de Gestión Pública que defiende el Ministerio de Sanidad también dependerá de sus apoyos parlamentarios, especialmente cuando un socio de investidura de Junts per Catalunya insiste en vetar la normativa. Por ello, desde Sant Joan de Déu reconocen que "aunque el Proyecto de Ley genera cierta inquietud al sector, de momento continúa siendo una propuesta en tramitación".

"La afectación sería muy negativa en diversos niveles: más burocracia, secundariedad del modelo concertado, riesgo de viabilidad e impacto en la atención a los pacientes", ha remarcado Massaguer. Si avanza la normativa en los actuales términos, la Fundació Puigvert podría poner incluso en riesgo su existencia o afectaría servicios esenciales como el de Urología en Cataluña, debido a que "la entidad aporta un valor y una eficiencia que la administración pública no paga directamente" con el concierto.

En el caso de las EBAs, actualmente gestionan servicios para 280.000 ciudadanos y han acreditado "de manera continuada excelentes resultados en calidad asistencia, eficiencia, sostenibilidad y satisfacción tanto de los usuarios como de los profesionales". La Asociación pon en el foco los resultados por delante de quién presta el servicio. "El principal riesgo es que se ponga en cuestión un modelo sanitario público plural que en Cataluña ha funcionado durante décadas con unos buenos resultados asistenciales, de sostenibilidad y eficiencia y satisfacción, con una fuerte implicación de los profesionales, sociedad civil y territorio", ha agregado.

El impacto en Sant Joan de Déu se notaría en el ámbito sanitario y social, por lo que defienden "preservar un modelo que ha permitido dar respuesta con flexibilidad y escuchando las necesidades asistenciales y sociales especialmente sensibles, como la salud mental, la discapacidad o la atención intermedia".

Peticiones durante la tramitación

Aceba ha reclamado a los agentes que pueden actuar sobre el Proyecto de Ley, como el Ministerio o partidos políticos, que "rechacen el Proyecto de Ley o, en su defecto, revisen su contenido para evitar la imposición de un modelo único de gestión sanitaria basado en la priorización absoluta de la gestión pública directa, respetando las competencias autonómicas y preservando la pluralidad de formas de gestión existentes en el SNS".

Por su parte, Massaguer ha pedido reconsiderar los artículos que "vulneran la competencia organizativa de las comunidades autónomas", eliminar el carácter de legislación básica "para evitar que se imponga un modelo único en todo el Estado", el blindaje del modelo catalán y la protección de la economía social. "La concertación en Cataluña es estructural y no coyuntural desde hace 45 años", ha manifestado.