El último frente de la Agencia de Salud Pública: así llega al Senado

Aunque con cierto suspense, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado finalmente el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un ente destinado a vigilar y prevenir riesgos potenciales para la ciudadanía como el que supuso recientemente el Covid-19 y que llevaba más de una década olvidado en los cajones de la Cámara Baja. La norma pasará ahora al Senado, donde, por cierto, tiene mayoría un PP que se inclinó por el ‘no’ a la Agencia, al igual que Junts per Catalunya y Vox, en las dos últimas votaciones que se han producido en el Congreso (incluida la definitiva del pasado 19 de junio). La crispada coyuntura política ha roto puentes en torno a una Ley que hasta hace poco gozaba de un apoyo mucho más amplio.

La propuesta que llega ahora a la Cámara Alta incorpora algunas enmiendas pactadas a lo largo de las últimas semanas por los grupos, aunque su esencia es idéntica a la del texto que llegó por primera vez a la Comisión de Sanidad. Estas son sus claves.

Funciones de la Agencia de Salud Pública

La Agencia Estatal de Salud Pública, un ente con autonomía de gestión aunque adscrito al Ministerio de Sanidad, se encargará esencialmente de coordinar y evaluar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, así como la identificación, evaluación y comunicación de riesgos y la coordinación de la preparación de respuesta ante emergencias sanitarias. “Además, elaborará un informe anual relativo al estado de salud y bienestar, equidad en salud y de los determinantes sociales de la salud de la población española que será presentado a las Cortes Generales”, reza el cuerpo de la Ley.

“Comprender que la salud depende en gran medida de los determinantes sociales es un principio irrenunciable en salud pública y en sus diferentes principios de actuación -continúa-. Esta acción integrada es imprescindible y ha sido muy relevante a la hora de evaluar las oportunidades y dificultades en la actuación ante diferentes retos de salud colectiva y de forma muy específica en la pandemia de Covid-19”. Dichos principios de actuación “suponen realizar funciones integradas de vigilancia, protección, promoción, prevención y acción comunitaria desde la mayor evidencia y conocimiento científico disponibles”. De esta forma se garantizará el principio de equidad y la disminución de las desigualdades, de tal forma que “todas las personas, independientemente de sus condiciones personales, tengan derecho a alcanzar el mismo nivel de salud y bienestar”.

Para todo ello, en colaboración con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, así como con los diferentes actores y disciplinas y con la sociedad civil, la Agencia “realizará un abordaje holístico y transdisciplinar de los problemas sanitarios y sus determinantes” actuando bajo el principio de ‘Una sola salud’ y ‘Salud en todas las Políticas’.

De la innovación incremental a los medicamentos veterinarios

Las negociaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas en la Comisión de Sanidad han permitido cristalizar varias enmiendas que finalmente forman parte del cuerpo de la Ley. Una de las que más impacto mediático han tenido ha sido la relativa a la innovación incremental en el ámbito farmacéutico, poco menos que una línea roja de ERC destinada a que estos fármacos ‘mejorados’ o modificados tengan un coste al margen del sistema de precios de referencia.

Por otro lado, se ha incorporado una disposición para que los ministerios de Sanidad y Agricultura regulen el uso racional de los medicamentos veterinarios. De esta forma, la Ley daría un plazo de seis meses al Gobierno para modificar el Real Decreto 666/2023, ampliamente criticado por el sector veterinario porque, según aseguran los profesionales, limita sus funciones. El objetivo es no restringir la dispensación de fármacos en este tipo de clínicas veterinarias y asegurar la disponibilidad de medicamentos en farmacias.

Estatutos y elección de director de la Agencia de Salud Pública

El citado proyecto de Ley deberá superar ahora otro complejo trámite, el del Senado. De salir adelante la norma en la Cámara Alta, el Ejecutivo central tendrá medio año como máximo para aprobar los estatutos de la Agencia, en los que se especificará con más detalle la estructura de la misma y se determinarán los canales para la elección de su director.

El quién será el futuro líder de la Agencia ha sido, de hecho, uno de los puntos de tensión entre los grupos parlamentarios del Congreso, dado que PP y Vox han sugerido abiertamente que ese puesto estaría ‘reservado’ para el epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes). Un extremo que el Gobierno ha negado en todo momento.

En cualquier caso, los grupos pactaron una enmienda mediante la que se blinda que los puestos directivos serán seleccionados por concurso de méritos, garantizando la idoneidad técnica y la independencia política del dirigente.