La Agencia de Salud Pública logra el 'sí' del Congreso y va rumbo al Senado

La crisis en el PSOE por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo no ha sido óbice para que el Congreso haya aprobado este jueves, a la segunda y por sólo un voto de diferencia, la Ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública tras un debate en la Comisión de Sanidad marcado por el “blindaje competencial” de las comunidades autónomas y la prescripción veterinaria. La inclusión de enmiendas sobre estos dos aspectos ha sido clave, de hecho, para que Sumar y PSOE hayan logrado recabar el apoyo definitivo de ERC. Los tres grupos, junto a Bildu y PNV, ya habían pactado previamente enmiendas para incorporar a la norma el reconocimiento de la innovación incremental farmacéutica, otro de los pilares en los que se sustenta el texto, que aún tiene que superar el filtro del Senado.

Todo apunta a que el PP usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para retrasar la aprobación definitiva de la ley y que el veto se debata en el pleno del Congreso. Los populares han vuelto a votar en contra del proyecto, como ya hicieran en marzo en el hemiciclo, arguyendo en este caso falta de concreción en la financiación de la Agencia, pero también lamentando la supuesta trama de corrupción en contratos de obra pública y compra de mascarillas durante la pandemia que salpica al PSOE. “Esto es inadmisible y sólo tiene una salida: convocar elecciones”, ha dicho la portavoz popular, Elvira Velasco. A la negativa del PP se han sumado las de Vox y Junts, las dos fuerzas que tampoco apoyaron el anterior proyecto de ley en el pleno de la Cámara Baja hace tres meses, aunque su rechazo viene motivado por motivos bien distintos.

“Esta Agencia no vale para nada”, ha llegado a decir el portavoz de Vox, David García Gomis, que ha criticado la profusa definición competencial entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas en la ley: “La Agencia viene viciada desde el principio, desvirtuada por completo”. En ese sentido, también ha criticado la inclusión de lo que ha llamado “enmiendas intrusas” para cambiar la normativa sobre prescripción de medicamentos veterinarios.

Dispensación de medicamentos veterinarios

PSOE, Sumar, Bildu y ERC han estado negociando hasta última hora una enmienda transaccional para, a partir de la propuesta original de los republicanos catalanes, dar un plazo de seis meses para que el Gobierno modifique el Real Decreto 666/2023, ampliamente criticado por el sector veterinario porque, según aseguran los profesionales, limita sus funciones.

El pacto -posteriormente refrendado en las votaciones de la Comisión- pasa por no restringir la dispensación de fármacos en las clínicas veterinarias y asegurar la disponibilidad de medicamentos veterinarios en farmacias. La intención de Junts era derogar directamente el Real Decreto: de ahí que no se haya sumado a la enmienda transaccional y que, en última instancia, haya votado en contra del proyecto de ley, según las fuentes parlamentarias consultadas.

Salud global y galones al Consejo Interterritorial

Por lo demás, el texto mantiene la esencia del que cayó en el pleno del Congreso en marzo: aparte de reconocer la innovación incremental farmacéutica excluyendo los medicamentos innovadores de los conjuntos que comparten principio activo del Sistema de Precios de Referencia, se presta atención a los condicionantes sociales de la salud desde una perspectiva de salud global y se refuerza el papel de las comunidades autónomas en la estrategia de prevención y respuesta ante alertas sanitarias. “Esta ley sigue siendo imprescindible”, ha asegurado la portavoz de Sumar, Alda Recas. Su homóloga del PSOE, Carmen Martínez, ha valorado la norma como una oportunidad de “combatir el negacionismo” ante “la necesidad de conseguir una respuesta más rápida y eficaz ante emergencias”.

La Agencia habrá de contar con estatuto antes de que acabe el año o, como mucho, a primeros de 2026. La ley da al Gobierno un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para dar luz verde al Real Decreto ad hoc, que saldrá de una propuesta conjunta de los ministerios de Sanidad, Hacienda y Transformación Digital y Función Pública. En esa norma se determinarán “los órganos, centros y servicios” de la AGE que se integrarán en la Agencia, en cuyo Consejo Rector habrá representantes de las comunidades autónomas que propondrá el Consejo Interterritorial, que también tendrá la potestad de establecer “los instrumentos que garanticen la interoperabilidad y coherencia” de los “planes de preparación y respuesta frente a alertas sanitarias” previamente elaborados entre la AGE, las regiones y Ceuta y Melilla.

En la misma línea, la ley insta a “facilitar la colaboración, cooperación e interacción” entre “los servicios de salud pública y los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla” para “conseguir el mayor grado de protección y ganancia en salud de la población”. También cabe resaltar que las lenguas oficiales de las regiones se tendrán que tener en cuenta en la estrategia de comunicación de la Agencia.

La elección del director de la Agencia de Salud Pública

La gran novedad que presenta el proyecto de ley con respecto al de marzo tiene que ver con el método de elección del futuro director de la Agencia de Salud Pública, como ya avanzó Redacción Médica la semana pasada. El presunto hecho de que desde el Gobierno se estuviera allanando el camino hacia el puesto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, fue, oficialmente, uno de los motivos que llevó al PP a votar en contra de la ley hace tres meses, y este jueves el partido ha insistido en ello: “Mal vamos si, antes de que se concrete esta Agencia, ya conocemos al que se postulaba como su director”, ha dicho Velasco.

Los populares registraron una enmienda para que la designación del director respete “los principios de igualdad, mérito y capacidad entre funcionarios de carrera que sean personas de reconocida competencia en los campos de actuación de la agencia”, pero llegaron a un acuerdo con PSOE y Sumar para transaccionar la propuesta con varios cambios. En primer lugar, aunque se mantiene el respeto a la igualdad, el mérito y la capacidad en el nombramiento, se amplía al sector privado el espectro de potenciales candidatos, si bien se indica que, “preferentemente”, han de pertenecer al sector público. La otra modificación reseñable es que la designación no tendrá que pasar la criba previa del Consejo Interterritorial, como había planteado el PP en un principio.