PSC, Junts y ERC piden el traspaso de la gestión MIR en un plazo de 2 años

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reclamar una competencia sanitaria al Gobierno de España. El pleno ha aprobado este jueves, en el marco de una extensa moción sobre la situación de la situación del sistema de salud presentada por ERC con trece puntos, que el Ejecutivo catalán pida al Ministerio de Sanidad el traspaso de la competencia sobre la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en un plazo máximo de dos años, con los votos a favor de los grupos parlamentarios de PSC-Units, Junts y ERC.

El texto señala que en esta competencia se incluye la acreditación y la evaluación de centros y unidades docentes, la determinación de la oferta anual de plazas en Cataluña, la gestión integral de los residentes, así como la participación directa y vinculante en el desarrollo, gestión y evaluación de la prueba de acceso y la elaboración de los programas oficiales de las especialidades.

Mientras esto no se produzca, el Parlament también requiere al Ministerio que, en la ordenación anual que regula la oferta de plazas y el procedimiento selectivo a la FSE, se incorpore el conocimiento acreditado de la lengua catalana dentro de las competencias comunicativas que se exigen a todos los aspirantes, como garantía del respeto a los derechos lingüísticos de las personas atendidas y la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad. Tras País Vasco, el Govern también se ve interpelado a abordar esta cuestión con el Ministerio de Sanidad, tal y como adelantó Redacción Médica hace un mes.

Abordar la falta de recursos

Por otra parte, también se ha aprobado que el Govern aborde con "carácter urgente" la situación de falta de personal, recursos e infraestructuras que sufren numerosos centros de Atención Primaria y hospitalarios del sistema, que ha provocado una sobrecarga laboral por el personal suponiendo un riesgo de deterioro de la calidad asistencial para los pacientes, garantizando de forma inmediata una cobertura estable de las plantillas, la compensación de las horas extraordinarias y permisos pendientes de personal, y la implementación de los planes de mejora que aseguren unas condiciones laborales dignas para el personal y una atención de calidad para la ciudadanía.

Esta problemática, añade el texto, que afecta la sostenibilidad y la calidad del Sistema de Salut de Catalunya, requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Govern y, en concreto, del Departament de Salut, que ya ha impulsado mejoras laborales mediante los convenios colectivos de 2023, con un incremento sostenido de la plantilla en el conjunto del Siscat y con medidas orientadas a reforzar la estabilidad y fidelización de los profesionales.

La moción reclama que para avanzar hacia un sistema de salud más justo, eficiente y centrado en las personas, hace falta incorporar de manera estructural la voz de los pacientes en la gobernanza sanitaria. Su participación activa en los órganos de decisión y en los procesos de evaluación permite orientar las políticas públicas hacia resultados que realmente importen a la ciudadanía.

"Esta colaboración no solo refuerza la legitimidad democrática del sistema, sino que también mejora la experiencia asistencial y favorece una atención basada en el valor, donde las decisiones clínicas, organizativas y presupuestarias se fundamentan en los resultados percibidos por los pacientes y no solo en indicadores de actividad", reza el texto.

Traspaso de la homologación

Una vez más, como ya sucediera en febrero entonces con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT y AC, el Parlament ha instado al Govern a solicitar el traspaso de las competencias para la homologación de los títulos de especialistas extracomunitarios para evitar el colapso actual, instaurando un sistema más ágil de homologaciones de títulos para estos profesionales que cumplan con todos los requisitos.

Sin embargo, no ha salido adelante, aunque lo han apoyado Junts y ERC, entre otros, la exigencia al Ministerio de Sanidad de la eliminación del distrito universitario único a escala del Estado español o, si no es posible, exigir la reserva del 70 por ciento de plazas para estudiantes de institutos catalanes, como pide el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya para facilitar el acceso a la formación universitaria de los estudiantes catalanes. Como marco temporal, el texto establecía que estas medidas deberán entrar en vigor para el curso académico 2026-2027.