Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.                                            
                                        
                                        
                                            La lacra de las 
agresiones a sanitarios en España se ha recrudecido en los últimos años hasta alcanzar en 2024 las 406 denuncias, según se desprende de un reciente informe de la 
Policía Nacional. El Gobierno evita hablar de ‘emergencia de seguridad’, como sugiere Vox en una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso, pero sí asume la importancia de prevenir y reducir los ataques y vejaciones a médicos, enfermeros y demás trabajadores del 
Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las medidas por las que viene apostando el Ejecutivo consiste en el despliegue de 
departamentos de seguridad dentro de los propios centros de salud. 
En la actualidad hay 45, pero el objetivo es seguir insistiendo en esta vía.
En su respuesta escrita en el Congreso, el Gobierno incide en que tanto el Ministerio de Sanidad como el de Interior están “especialmente” implicados en la 
prevención y reducción de las agresiones a sanitarios. Este último, a través de la llamada instrucción 03/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, enfocada a esta problemática. “Las medidas policiales adoptadas han comenzado a mostrar una
 tendencia de contención del número de hechos de este tipo registrados por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)”, defiende el Ejecutivo.
Asimismo, indica que se ha intensificado el uso del 
“interlocutor sanitario” a través de Fuerzas de Seguridad del Estado, figura regulada en la mencionada instrucción “como cauce de 
comunicación permanente entre estas” y el sistema de salud. En total se han establecido 56 puntos de contacto permanente a nivel territorial con los representantes del sector.
“En este marco de actuación, las FCSE han llevado a cabo numerosas reuniones y actividades de formación destinadas a profesionales de la salud, con el objetivo de generar conciencia en estos profesionales, mejorar la cooperación de las diferentes Administraciones Públicas y sensibilizar a la sociedad como factor clave en la lucha contra este tipo de hechos -continúa el Ejecutivo-. Esta formación específica dota a los profesionales sanitarios de las técnicas y herramientas necesarias destinadas a la prevención de las agresiones”.
De forma paralela, esta colaboración ha permitido “impulsar la creación de
 departamentos de seguridad en centros médicos”. “Actualmente, ya se han creado 45”, concluye.
	Acompañamiento a víctimas de ataques en el SNS
En el caso del Ministerio de Sanidad, el gabinete de Pedro Sánchez pone el énfasis sobre la creación de un grupo de trabajo acordado en el pleno de la
 Comisión de Recursos Humanos del SNS “con el objetivo de identificar los
 datos de mayor relevancia en materia de agresiones, elaborar un sistema de notificación que permitiese evaluar la situación y adoptar medidas eficaces y eficientes para abordar el problema a nivel nacional”.
“En el ámbito de sus competencias, los servicios de salud del SNS elaboran e implementan sus planes de actuación en los que se describen los procedimientos comunes establecidos ante cualquier tipo de agresión, así como que una vez producida esa situación de violencia a cualquier profesional sanitario se garantice a la persona afectada su acompañamiento, asistencia y asesoramiento -continúa-. Estos planes de actuación están sometidos a una evaluación y mejora continua”.
	Menos agresiones físicas, pero más amenazas a sanitarios
Lo cierto es que los informes que realiza anualmente la Policía Nacional no son halagüeños. El último documento, con datos de 2024, apunta a que 
en España se registraron ese ejercicio 406 denuncias y se detuvo a 106 personas como responsables de 
ataques a sanitarios.
Aunque las
 agresiones físicas descendieron en comparación con 2023, las amenazas experimentaron un repunte, representando el 70 por ciento de los casos.                                        
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