El PP plantea tres medidas para la sanidad pública frente a la infertilidad

El PP quiere potenciar el abordaje de la infertilidad y la esterilidad, tanto masculina como femenina, en la sanidad pública, “en lugar de relegarlo a la esfera estrictamente privada”. Para ello, propone, en una moción registrada en el Senado, que el Gobierno amplíe o actualice la actual Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y también que mejore, entre otros aspectos, el acceso a las terapias de reproducción asistida en los servicios sanitarios públicos, de la mano de las comunidades autónomas.

En el documento, que se debatirá en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, el Grupo Popular radiografía el actual panorama demográfico español, caracterizado por “una alta esperanza de vida -la más alta de la Unión Europea”, pero también “por una bajísima natalidad”. Los populares citan datos de 2017, a partir de los cuales se elaboró la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico, para recordar que, la tasa de natalidad “se situaba en la inquietante cifra” de 8,41 nacimientos por cada 1.000 habitantes, dato que en 2022 cayó a “la más alarmante aún” cifra de 6,88.

A ello se suma el hecho de que España tiene el segundo índice más bajo de fecundidad de la Unión Europea: 1,16 partos por mujer en 2022. Sólo en Malta el dato fue más bajo aquel año. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se producen 135.166 más muertes que nacimientos cada año, y “el porcentaje de niños respecto a la población total es del 13,39 por ciento, mientras que el de personas mayores de 65 años es de un 20,27 por ciento”. “En consecuencia, la pirámide de población es claramente regresiva y la tendencia no resulta nada esperanzadora”, reza la moción, firmada por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

A pesar de ello, el partido ve “algunos datos esperanzadores” en el contexto de “emergencia demográfica”. Entre otros aspectos, se indica que, de acuerdo a la última Encuesta sobre Fecundidad del INE, que data de 2018, “España es el país de la Unión Europea en el que se produce mayor brecha entre fecundidad deseada (1,96) y fecundidad real”. Dicho de otro modo: tres de cada cuatro españolas de entre 18 y 55 años “desearían tener, al menos, dos hijos”. Para el PP, esa brecha “abre un ámbito de acción para los poderes públicos en el que implementar políticas y estrategias” para esquivar “un invierno demográfico de consecuencias impredecibles”.

Sanidad pública "saturada" y "maternidad tardía"

En este sentido, el Grupo Popular lamenta que sólo el 27 por ciento de los centros de terapia de reproducción asistida son públicos, a lo cual cabe añadir que la sanidad pública está “saturada” con listas de espera “de entre uno y dos años” en “un contexto de maternidad tardía”, y con limitación a tres intentos, exclusión de la “maternidad secundaria” y limitación de la edad de las beneficiarias a 40 años.

Medidas para abordar la infertilidad y la esterilidad

Por todo ello, el Grupo Popular en el Senado propone instar al Gobierno, en primer lugar, a incluir tanto el abordaje de la infertilidad como el de la esterilidad “dentro de estrategias de salud pública de envergadura”, para, así, “incorporar su análisis, diagnóstico y tratamiento temprano a la esfera de interés de la sanidad pública en lugar de relegarlo a la esfera estrictamente privada”.

En segundo, pide incorporar, entre las líneas estratégicas de salud reproductiva de la Estrategia Nacional de Salud Sexual, “aquellas tendentes a la consecución de objetivos vinculados con la atención temprana de la fertilidad, el tratamiento de la infertilidad y de la esterilidad, y la creación de opciones de conservación de la capacidad reproductiva para la mujer en el futuro y de facilitación de acceso a técnicas de reproducción asistida”.

Por último, plantea impulsar “una ampliación y mejora de los servicios sanitarios de prestación pública vinculados con la atención a la capacidad reproductiva, la asistencia a la infertilidad y el acceso a las terapias de reproducción asistida”, todo ello “con el acuerdo de las comunidades autónomas”.