Francisco Santolaya, Marciano Gómez, Manuela García, Alberto Martínez, Olga Pané y Laura Armesto.
Aunque la sanidad siempre ha tenido
la meritocracia como una vara de medir para facilitar el acceso de los profesionales al servicio público, en ciertas ocasiones el sistema se abre a pequeñas concesiones siempre que
el fin justifique los medios. El cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental es uno de esos elementos que ha despertado la necesidad de romper con el esquema establecido. La urgencia de
incorporar más psicólogos a Atención Primaria ha llevado a que se empiecen a flexibilizar los criterios y en varios territorios ya se permita su contratación pública sin haber cursado
la especialidad del PIR. Un camino que sienta un precedente en pleno debate sobre si los médicos también deberían ejercer en España sin el MIR.
Detrás de esta revolución hay una necesidad imperiosa que se justifica con los números en la mano. A pesar de que
la salud mental ha cobrado un gran protagonismo tanto mediático como social, la cantera de psicólogos que cada año se especializan no permite cubrir la demanda de los servicios de salud. En la última
convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) se aprobaron
280 plazas para todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud, lo que hace que las autonomías dispongan cada curso de apenas unas decenas de psicólogos clínicos especialistas nuevos para integrarlos en las consultas.
Como resultado, algunas regiones ya han abierto la puerta a instaurar la figura del denominado
psicólogo general sanitario, que no dispone de la especialidad, pero sí ha cursado el máster habilitante para ejercer.
La Comunidad Valenciana fue una de las precursoras de este nuevo rol gracias a un acuerdo sellado entre el Partido Popular y Vox con el objetivo de garantizar la “la promoción y mejora del estado de la salud”.
En Euskadi, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco (PSN) con el apoyo de los socialistas, también se ha emulado una apuesta similar.
Osakidetza pondrá en marcha un proyecto piloto para integrar a los psicólogos en el primer nivel asistencial con el objetivo de atender trastornos como la ansiedad, la depresión o el insomnio. Las pruebas se realizarán en
13 centros de salud que medirán el papel de estos profesionales.
La última región en dar este paso ha sido
Baleares que ha confirmado la incorporación de 16 psicólogos al primer nivel asistencial, a los que considera "perfectamente formados" para asumir este cargo. Una situación similar a la de
Cataluña que también ha reconocido abiertamente esta apuesta ante las difucultades para encontrar estos perfiles clínicos en el
"mercado".
Antes de estos dos territorios, ya se han producido contrataciones puntuales en otros puntos de la sanidad de
Canarias, La Rioja o Navarra. El amplio abanico de nombres demuestra que
esta estrategia trasciende ideologías. Gobiernos de signos políticos y sensibilidades completamente diferentes han tomado el mismo camino ante la dificultad para atender la demanda de políticas de salud mental que exige la ciudadanía.
El debate ha saltado incluso al ámbito nacional. La regulación de la figura de los
Psicólogos Especialistas sin Titulación Oficial (Pestos) se ha colado en las negociaciones para alumbrar un nuevo
Pacto de Estado por la Salud Mental que se han puesto en marcha en el Congreso de los Diputados. Por el momento, su inclusión avanza por el buen camino después de que la subcomisión encargada de diseñar esta hoja de ruta haya obtenido un amplio respaldo parlamentario de sus propuestas. Queda pendiente ver cómo se materializan y si este nuevo escenario exige reformar alguna norma mayor como la
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Debate abierto en el seno de la Psicología
A pesar de la aparente sintonía política, la nueva figura del psicólogo sin PIR no ha calado de manera unánime en la profesión. La apuesta cuenta con el respaldo del
Consejo General de Psicología de España (COP) que preside Francisco Santolaya. La institución considera la medida
“más que justificada” para atajar el incremento de la incidencia de los trastornos de salud mental. La iniciativa permitiría atajar estos problemas en primera línea tanto en los centros de salud como a nivel hospitalario, a la par que aliviar
la sobrecarga de trabajo que actualmente tienen los especialistas.
Sin embargo, para la Sociedad Española de Psicología Clínica, que encabeza Laura Armesto, la noticia no ha sentado nada bien. Los representantes de los especialistas consideran que estas soluciones son
“improvisadas” y que permiten la incorporación a la sanidad de perfiles sin la formación específica ni las competencias para abordar diagnósticos clínicos: "Nadie aceptaría ser atendido en una consulta de Traumatología por un profesional sin la especialidad correspondiente". Además, han recordado que
la Justicia les ha dado la razón en el pasado, lo que puede abrir la puerta a un escenario de guerra judicial.
En esa línea, se han colocado también un grupo nutrido de gobiernos autonómicos que por el momento no están dispuestos a
incorporar a psicólogos sin el PIR dentro del seno de la Atención Primaria. Es el caso de territorios como
Madrid, Asturias, Galicia o Aragón que seguirán exigiendo la especialidad para ejercer en la sanidad pública con la intención de mantener los estándares de calidad.
El médico sin MIR tiene un espejo donde mirarse
El debate sobre
la meritocracia vs. la necesidad puede terminar alcanzando a toda la sanidad. Bajo la premisa de que la flexibilidad con el currículum de los psicólogos permite solventar un problema en la atención a la ciudadanía, cualquier otra profesión podría buscar su pretexto para incorporarse al servicio público sin pasar por la Formación Sanitaria Especialidad (FSE)
¿Si se contratan psicólogos sin PIR que impide hacer lo mismo con los médicos cuando se requieren?
En la práctica,
la mayor parte de las comunidades autónomas ya contratan a médicos sin MIR, pero no se hace con una comunicación tan abierta a la ciudadanía. Aunque no hay ninguna legislación concreta que lo permita, esta fórmula se ha convertido en una tendencia habitual para garantizar que haya facultativos en los momentos del año con mayor pico asistencial. Así, buena parte de las regiones acuden a la bolsa de médicos no especialistas para
cubrir las vacaciones de verano o para asegurarse de que la asistencia llega a las zonas rurales en las denominadas
áreas de difícil cobertura.
Según las estimaciones de
Redacción Médica, al menos nueve autonomías han contratado a esta figura, siempre con carácter temporal y en forma de interinos. De nuevo, esta estrategia se da en
comunidades de diferente signo político, lo que demuestra que en muchas ocasiones la gestión de la sanidad no entiende de ideologías.
Sin embargo, aquí el debate cobra muchos más matices. En la última convocatoria del MIR se ofreció plaza a más de
9.000 profesionales, lo que sí que ofrece una cantera dimensionada de facultativos, sin embargo los problemas se han localizado en algunas especialidades concretas como
Familia o Trabajo, que cada vez son menos apetecibles para los aspirantes. Sobre ellas sondea el 'run run' de incorporar médicos sin especialidad.
Si se abriera la puerta a la regulación de los médicos sin MIR habría que detallar en
qué especialidades o con qué condiciones se aplica. Y a buen seguro se abriría de nuevo un potente debate en la profesión. Especialmente si tenemos en cuenta el peso de las sociedades que representan a las más de
50 especialidades diferentes que existen. En la ecuación también hay que tener en cuenta el papel activo de los sindicatos que han hecho de la amplia formación exigida a los médicos
una bandera para reclamar su salto al grupo A plus. Demasiadas aristas para un debate que promete revolucionar la sanidad en los próximos años.
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