El Congreso impulsa al psicólogo sin PIR para proteger la salud mental

El rumbo hacia un futuro Pacto de Estado por la Salud Mental se ha aclarado este miércoles. El pleno del Congreso ha dado luz verde al informe para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental, un documento elaborado por la Subcomisión específica de la Cámara Baja y aprobado por la Comisión de Sanidad a finales de junio, con Vox como único grupo discrepante. De hecho, los conservadores han emitido un voto particular que ha sido rechazado por la Cámara. La votación final del informe se ha resuelto con una amplia mayoría de 313 votos a favor y 33 en contra. Entre otras cosas, en el documento se aportan recomendaciones para reforzar la atención psicológica de los pacientes abogando, por ejemplo, por ampliar la cartera de servicios y reforzar las plantillas sanitarias. En esa línea, se pide seguir avanzando en la regulación de la figura de los Psicólogos Especialistas sin Titulación Oficial (Pestos), tal y como avanzó Redacción Médica un día antes de la ratificación del dosier en Comisión.

Los grupos parlamentarios han coincidido en advertir de las carencias estructurales que tiene el sistema sanitario público para prevenir y tratar la salud mental, si bien han destacado que, más allá de la falta de recursos humanos y económicos, en los últimos años han cobrado especial relevancia negativa los determinantes sociales de la salud como el desempleo, la precariedad laboral y la dificultad de acceso a la vivienda. Ese cúmulo de factores han conducido al "empeoramiento del bienestar de la población y al aumento de la prevalencia de los problemas de salud mental", con abuso de psicofármacos incluido, según el presidente de la Subcomisión de Salud Mental, Agustín Santos Maraver: "Es muy importante abordarlos cuanto antes". En ese sentido, el diputado ha destacado la creación del Comisionado de Salud Mental en el seno del Ministerio de Sanidad a primeros de 2024.

"¿Quién no va a tener un problema de salud mental cuando sus condiciones de vida son una mierda?", se ha preguntado el diputado de Sumar Rafael Cofiño, que ha lamentado la falta de espíritu propositivo de Vox. El portavoz sanitario conservador, David García Gomis, se había quejado previamente en su turno de que el informe está lleno de "palabras vacías" y "recomendaciones huecas". También había abogado por vez enésima por el centralismo sanitario: "Un sistema de salud fragmentado nunca podrá dar atención digna".

La socialista Carmen Andrés ha valorado medidas impulsadas por el Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional, la contratación indefinida y la revalorización de las pensiones, que "también son salud mental": "Vox y PP votaron en contra, pero pueden rectificar en los dos últimos años de legislatura". Sin embargo, los populares han elevado el tono contra el Ejecutivo criticando, entre otras cosas, al Ministerio de Sanidad: "No va a hacer nada con este informe. Se requiere un liderazgo que la ministra no tiene", ha señalado María del Mar Vázquez, que ha puesto en duda la utilidad del Comisionado de Salud Mental, un "invento sin competencias reales y sin impacto transformador": "No lo voy a llamar chiringuito".

Impulso a la acreditación de Pestos

Los Pestos son aquellos que ya ejercían funciones inherentes a la especialidad de Psicología Clínica antes de que se regulara el acceso al título en 2002. Un año después entró en vigor la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que sólo reconoce como profesionales de la sanidad a quienes cuenten con la acreditación de especialista. Se creó una Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica para valorar las solicitudes de acreditación de los profesionales sin PIR, pero, según la Asociación de Psicólogos Especialistas del Sistema Nacional de Salud Sin Titulación Oficial, los procesos se alargan demasiado por la elevada cantidad de expedientes a analizar y por la escasez de recursos para agilizar los trámites. De acuerdo a la entidad, actualmente hay entre 600 y 900 psicólogos en el limbo administrativo. De ahí que en el informe se reclame que se siga trabajando para desatascar esa situación.

Al margen de ello, se llama a reforzar las plantillas de profesionales sanitarios aumentando las plazas de formación especializada MIR, EIR y PIR “y su acreditación en el sistema sanitario”, lo cual requiere revisar y actualizar los criterios de acreditación y homologación de titulaciones. Incluso se propone valorar “la posibilidad de gestión directa de las comunidades autónomas de la competencia en acreditación y titulación”, con el fin de lograr “una gestión más próxima a las necesidades del territorio”.

Mejorar el abordaje de la salud mental

De forma general, también se recomienda “mejorar la calidad, equidad, eficacia y eficiencia de la atención de la salud mental en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”. De acuerdo al texto, “los problemas de salud mental engloban realidades muy distintas”, y por tanto “es necesario diseñar un modelo de abordaje que considere y dé respuesta adecuada a esta heterogeneidad, poniendo siempre a la persona en el centro de todo el proceso, priorizando la atención y los recursos en el apoyo a personas más vulnerables y con sufrimientos psíquicos más graves”.

Para conseguirlo, “resulta imprescindible disponer de instrumentos que ofrezcan datos precisos sobre los diferentes problemas que complementen la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) y la Encuesta de Salud Europea para España, que valoran los riesgos de mala salud y la prevalencia con una alternancia de cinco años”. Por ello también se aboga por “revisar la calidad en los procesos de notificación y registro de causas de muerte por suicidio”: “Se evitarían de esta forma episodios registrados como suicidio que probablemente no lo son, y se evitarían, también, infra registros”.

Modelo comunitario con más cartera de servicios

Además, se llama a reforzar el modelo “comunitario e inclusivo” de salud mental con “coordinación institucional efectiva” y “una dotación de recursos adecuada”. En ese sentido, se pide dar “prioridad” en las políticas públicas a la atención la salud mental en la infancia y la adolescencia para mejorar, entre otros aspectos, los sistemas de detección precoz y atención. De igual modo, se aboga por prestar “particular atención” a la comorbilidad de las personas con “problemas de salud mental graves”, cuya tasa de mortalidad es “significativamente más alta que la de la población general”.

En cuanto a la cartera común de servicios, se recomienda ampliarla incluyendo atención comunitaria, psicoterapia, programas de prevención en infancia y adolescencia, apoyos a personas con trastorno mental grave, rehabilitación e inserción social. También se propone crear unidades específicas de salud mental infanto-juvenil “en todos los niveles asistenciales”. Además, se insta a “garantizar la participación de personas expertas por experiencia con sufrimiento mental” en órganos de decisión, “aumentando la participación de las personas afectadas en el diseño de los procesos de atención y en la evaluación de la calidad de los servicios de salud mental”.

La importancia de los determinantes sociales de la salud

Por otro lado, se subraya la importancia de tener en cuenta los determinantes sociales de la salud y de impulsar modelos asistenciales con un enfoque comunitario y de equidad. En este sentido, se aboga por reforzar “alternativas psicoterapéuticas y sociales” que ayuden a frenar el consumo de psicofármacos “con o sin receta médica” y por “promover hábitos de vida saludable en alimentación, ejercicio físico y sueño”. “Es necesario que la prescripción se realice en función de la situación clínica y las necesidades de la persona”, se añade, en el sentido de lo cual se reclama la incorporación de la perspectiva de la “deprescripción” de fármacos “en aquellas situaciones en las que sea adecuado, garantizando siempre el bienestar de los pacientes”.

Respecto a las personas mayores con problemas de salud mental, se propone dejar atrás la “institucionalización” y avanzar hacia modelos de cuidados centrados en la voluntad y las preferencias individuales, así como en la “vida comunitaria”. Al respecto de ello, se recuerda que son “las distintas administraciones y poderes públicos” los que tienen la potestad de “ofrecer alternativas de desinstitucionalización, promoviendo modelos de vida en comunidad como las viviendas con apoyos comunitarios”.

En el informe también se define como “imprescindible” el “avance en la integración de servicios de salud mental internos de la prisión con los dispositivos sanitarios y sociosanitarios del sistema público”. Para lograrlo, se propone impulsar “programas de rehabilitación psicosocial que promuevan la autonomía personal y aminoren el sufrimiento mental de las personas encarceladas”.