El preámbulo del Pacto de Salud Mental sondea agilizar al psicólogo sin PIR

La Comisión de Sanidad del Congreso someterá este jueves a votación el informe para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental, destinado a sentar las bases de un futuro Pacto de Estado sobre esta materia. El texto, al que ha tenido acceso Redacción Médica, recoge conclusiones y recomendaciones para reforzar la atención psicológica de los pacientes, incluidas algunas que afectan directamente a la gestión y organización de las plantillas sanitarias. Se aboga, por ejemplo, por “estudiar” el traspaso a las comunidades autónomas de la competencia sobre acreditación de las titulaciones, así como por “continuar con la regulación de la figura de los Psicólogos Especialistas sin Titulación Oficial (Pestos)”.

A lo largo del desarrollo de la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental ya se había puesto el foco sobre la conveniencia de “aprovechar la experiencia” de los Pestos, que son aquellos que no tienen título oficial de especialista en Psicología Clínica pero que llevan décadas ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta situación, semejante a la que atraviesan los Mestos (médicos que tampoco tienen la especialidad), se debe a que el acceso al título de especialista en Psicología Clínica no se reguló hasta 2002, un año antes de que se ratificara la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que reconocía únicamente como profesionales de salud a aquellos que posean esta acreditación. “Dado el gran número de solicitantes y los escasos medios puestos a disposición de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica (CNEPC), encargada de valorar los expedientes de solicitud y emitir un informe-propuesta acerca de los mismos, el proceso de resolución de dichos expedientes se dilató enormemente en el tiempo, siendo muchos los psicólogos y psicólogas que más de ocho años después de la presentación de la solicitud, todavía no habían obtenido una resolución definitiva de sus expedientes”, detalla la Asociación de Psicólogos Especialistas del Sistema Nacional de Salud Sin Titulación Oficial.

Se estima que en este limbo administrativo se encuentran en la actualidad entre 600 y 900 psicólogos. Tal y como consta en el informe elaborado por la Subcomisión de Salud Mental, se pretende ahora instar a que se continúe con la regulación de estos sanitarios “y su encaje como profesionales que prestan servicios incluidos en la cartera”.

De forma paralela, en el citado texto se emplaza a incrementar las plantillas de profesionales mediante el aumento de plazas de formación especializada (PIR, MIR, EIR) “y su acreditación en el sistema sanitario”, lo que pasa, entre otras actuaciones, por revisar y actualizar los criterios de acreditación y homologación de titulaciones para el ejercicio profesional”.

Para ello, la Subcomisión podría proponer (en caso de ratificar el informe) que se estudie “la posibilidad de gestión directa de las comunidades autónomas de la competencia en acreditación y titulación”. El fin no es otro que fomentar “una gestión más próxima a las necesidades del territorio”.

Ampliación de la cartera común y "experiencia en sufrimiento mental"

El dossier recoge también recomendaciones sobre la cartera común de servicios, como la incorporación de servicios como atención comunitaria (niveles de orientación comunitaria individual, grupal y comunitario), psicoterapia, programas de prevención en infancia y adolescencia, así como apoyos específicos para trastorno mental grave, rehabilitación e inserción social. También la creación de unidades específicas de atención a la salud mental infanto-juvenil “en todos los niveles asistenciales”.

Por otro lado, se insta a "garantizar la participación de personas expertas por experiencia con sufrimiento mental" en los órganos de decisión, "aumentando la participación de las personas afectadas en el diseño de los procesos de atención y en la evaluación de la calidad de los servicios de salud mental".

Determinantes sociales de la salud y deprescripción

Las conclusiones de la Subcomisión, tras las diversas reuniones de trabajo mantenidas, se centran, en buena parte, en la importancia de los determinantes sociales de la salud -como el trabajo y la perspectiva de género- y en impulsar modelos asistenciales con un enfoque comunitario y de equidad. Entre otras cosas, en el informe se considera necesario reforzar el sistema sanitario con “alternativas psicoterapéuticas y sociales” para frenar el creciente consumo de ansiolíticos e hipnosedantes en España, que se produce “con o sin receta médica”. En ese sentido, se aboga por concienciar a la población sobre los riesgos para la salud que conlleva la automedicación con psicofármacos, así como por “promover hábitos de vida saludable en alimentación, ejercicio físico y sueño”.

“Es necesario que la prescripción se realice en función de la situación clínica y las necesidades de la persona”, reza el documento, en el que también se reclama la incorporación de la perspectiva de la “deprescripción” de psicofármacos “en aquellas situaciones en las que sea adecuado, garantizando siempre el bienestar de los pacientes”.

'Desinstitucionalizar a los mayores con problemas de salud mental

Por otro lado, se propone dejar atrás la “institucionalización” de las personas mayores con problemas de salud mental. “Se debe avanzar hacia modelos de cuidados y apoyos cuyo enfoque esté centrado en las personas, en su voluntad y preferencias, y en la vida comunitaria, para que estas puedan decidir dónde y cómo desean vivir”, concluye la Subcomisión, que recuerda que son “las distintas administraciones y poderes públicos” las que tienen la potestad de “ofrecer alternativas de desinstitucionalización, promoviendo modelos de vida en comunidad como las viviendas con apoyos comunitarios”.

Más equidad, eficacia y eficiencia en el SNS

En general, se llama a “mejorar la calidad, equidad, eficacia y eficiencia de la atención de la salud mental en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”. Para la Subcomisión, “los problemas de salud mental engloban realidades muy distintas”, por lo que “es necesario diseñar un modelo de abordaje que considere y dé respuesta adecuada a esta heterogeneidad, poniendo siempre a la persona en el centro de todo el proceso, priorizando la atención y los recursos en el apoyo a personas más vulnerables y con sufrimientos psíquicos más graves”.

Para ello, “resulta imprescindible disponer de instrumentos que ofrezcan datos precisos sobre los diferentes problemas que complementen la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) y la Encuesta de Salud Europea para España, que valoran los riesgos de mala salud y la prevalencia con una alternancia de cinco años”. En esa línea, se aboga por “revisar la calidad en los procesos de notificación y registro de causas de muerte por suicidio”: “Se evitarían de esta forma episodios registrados como suicidio que probablemente no lo son, y se evitarían, también, infra registros”.

Otro aspecto que en el informe se define como “imprescindible” es el “avance en la integración de servicios de salud mental internos de la prisión con los dispositivos sanitarios y sociosanitarios del sistema público”. Para ello se plantea la puesta en marcha de “programas de rehabilitación psicosocial que promuevan la autonomía personal y aminoren el sufrimiento mental de las personas encarceladas”.

Refuerzo del modelo "comunitario e inclusivo" de salud mental

En el documento también se llama a reforzar el modelo “comunitario e inclusivo” de salud mental con “coordinación institucional efectiva” y “una dotación de recursos adecuada”, a abordar como “prioridad” en las políticas públicas la atención la salud mental en la infancia y la adolescencia mejorando, entre otros aspectos, los sistemas de detección precoz y atención; y a prestar “particular atención” a la comorbilidad de las personas con “problemas de salud mental graves”, cuya tasa de mortalidad es “significativamente más alta que la de la población general”.

Vox se apea del dictamen de salud mental

El texto será sometido a votación este jueves, salvo sorpresa, con el apoyo mayoritario de los partidos, según las voces consultadas por Redacción Médica. Por el momento, el único grupo que ha exteriorizado su rechazo al mismo es Vox, que ha sentenciado que el informe “no resuelve ningún problema”. “Es una gran decepción”, ha apuntado Rocío de Meer, portavoz nacional de emergencia demográfica y políticas sociales, quien ha defendido un abordaje más “valiente” de la salud mental, y ha hecho hincapié en la necesidad de aportar soluciones a aspectos como los problemas de desempleo de los jóvenes, así como del acceso a la vivienda; y a las “transformaciones” de los barrios “en un suburbio hostil”.