Máñez, un negociador del Estatuto Marco de Sanidad para 'pacificar' el MIR

El Ministerio de Sanidad mueve ficha para intentar reconducir una legislatura complicada en materia de Recursos Humanos. Mónica García elevará este martes al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de Miguel Ángel Máñez Ortiz como nuevo director general de Ordenación Profesional. El relevo de Celia Gómez, destinada a la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba), no es un simple cambio de cromos: supone situar a un experto en gestión y transformación digital al frente de un departamento que siempre tiene ruido por las cuestiones tan delicadas que aborda con las profesiones.

El primer expediente sobre la mesa de Máñez es primordial. La Dirección General de Ordenación Profesional debe garantizar que los listados provisionales de resultados, inminentes, reflejen la realidad de cada uno de los médicos presentados a la prueba. Los aspirantes exigen la corrección inmediata de los baremos académicos erróneos —a un número significativo de admitidos se les asignó un 5 por defecto— detectados antes de la prueba. El objetivo prioritario es evitar un nuevo periodo de subsanaciones masivas que dilate el proceso y aumente la angustia de los futuros residentes.

Precisamente por estos errores, la gestión de los tiempos se vuelve crítica. Frente a los rumores de una publicación inminente, la lógica administrativa y legal apunta a la semana del 23 de febrero como la fecha más prudente para los resultados provisionales. Publicar la semana entrante sería temerario: el plazo para presentar recursos por los fallos del proceso de inscripción —por primera vez los no admitidos pudieron presentarse a la prueba a la espera de resolver su situación administrativa— no vence hasta el 16 de febrero. Si el Ministerio se adelanta sin resolver estas alegaciones ni depurar de oficio los expedientes, los números de orden serían "papel mojado".

Récord de impugnaciones

Mañez también debe valorar una auditoría interna de lo que ha sido la gestión técnica de la prueba de 2026. Esta convocatoria ha batido el récord de la última década con siete preguntas anuladas, fruto de errores tipográficos, gramaticales e imágenes de calidad deficiente. Máñez deberá investigar estos fallos de procedimiento para devolver la credibilidad a un examen que, según denuncian los aspirantes, no puede permitirse imprecisiones de forma que alteren el futuro profesional de miles de médicos.

La incertidumbre es el otro enemigo a batir. El colectivo médico, y resto de profesionales que componen la Formación Sanitaria Especializada, reclama la recuperación de un calendario orientativo que cubra todo el proceso, una herramienta básica para gestionar la tensión de los aspirantes que se ha perdido en las últimas ediciones. En el capítulo de aciertos a mantener, destaca la publicación de la bibliografía justificativa de las respuestas, aunque el nuevo director deberá afinar su transparencia y precisión para futuras convocatorias.

Tras el éxito de la recuperación de la elección presencial, que logró adjudicar el 100% de las plazas el año pasado, surge una nueva fuga: los médicos que renuncian tras elegir plaza pero antes de incorporarse. Máñez tiene el mandato de diseñar un sistema de "repesca" eficaz. La meta es detectar esas vacantes en tiempo real y reasignarlas a aspirantes interesados, impidiendo que esas estancias formativas financiados queden vacias por ineficiencias administrativas.

Negociador clave para el Estatuto Marco

Por supuesto, no ha pasado desapercibida la presencia de Máñez en el Paseo del Prado durante los últimos meses, en los que su labor ha estado centrada en el Estatuto Marco del personal de salud, y de hecho ha sido una de las figuras clave en las negociaciones con los sindicatos para esbozar el futuro proyecto de Ley. Los contactos cristalizaron este enero en un acuerdo con la mayoría de las centrales del Ámbito de Negociación, aunque tanto CIG-Saúde como CESM terminaron apeándose.

El dirigente valenciano ha sido uno de los encargados de allanar el camino de este Estatuto Marco con el que el Ministerio de Sanidad pretende derogar las guardias médicas de 24 horas, establecer un nuevo marco retributivo para el conjunto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), promover el derecho a la jubilación anticipada y parcial, actualizar el modelo de clasificación profesional y avanzar hacia la jornada de 35 horas en todas las comunidades.

Sanidad apela, precisamente, a esa experiencia de Máñez en la planificación y gestión de los recursos humanos en el ámbito sanitario, especialmente en todo lo relacionado con el personal estatuario, el marco normativo aplicable y la negociación colectiva.

De hecho, nada hace indicar que, al igual que su predecesora en el área de Ordenación Profesional, Máñez siga ligado a la tramitación del Estatuto Marco, que en próximos meses pasará a negociarse en el Congreso de los Diputados. El camino hacia su aprobación se intuye aún largo.